Fiscal de Neiva denunció persecución

Félix Eduardo Díaz Rojas, quien laboró por más de 20 años como fiscal seccional en la Unidad de Vida en Bogotá y desde 2010 en Neiva en la Unidad de Reacción Inmediata de esta misma institución, tuteló a esta entidad por pretender trasladarlo a Medellín. 

El fiscal Díaz Rojas afirmó que debido a la enfermedad de su madre fue trasladado para la capital del Huila. Por esta razón todos los fines de semana viajaba para Bogotá a visitar a su esposa y sus dos hijos menores de edad. Al ser ingresado a la URI, los horarios los fines de semana le impedían ver a sus hijos en la capital. Luego lo trasladaron a Medellín.

Habla de una persecución al interior de la Fiscalía en el Huila y dice que a una compañera fiscal también le atropellaron sus derechos fundamentales.

¿Hay persecución por parte de las cabezas de la Fiscalía en el Huila contra funcionarios y empleados?, ¿se están presentando abusos?

Sí, lamentablemente. Desde la Dirección Seccional de Fiscalías de Neiva, en cabeza del doctor Manuel Adolfo Rincón Barreiro, se violan derechos fundamentales, y no de cualquier manera. Se   sabe de otros episodios con servidores públicos, pero judicialmente probado e incontrastablemente establecido se tiene la arremetida para conmigo e igual con la fiscal seccional, Gloria Lucía Cuéllar Núñez.

¿Quiere entrar en detalles?

Claro. Así sea someramente, importa contextualizar que yo, desempeñándome como fiscal en Bogotá, por casi 20 años, me vi obligado por circunstancias fatales de la vida a solicitar traslado para Neiva, como quiera que una hermana sufría grave enfermedad degenerativa por la que efectivamente luego fallecería, y de otro lado mi señora madre había sido intervenida de dos  operaciones de corazón abierto, quedando en delicado estado de salud que asociado a otros  males propios de sus ya casi noventa años, ameritaba especial cuidado y atención. Pero para desgracia mía, me tocó dejar en la capital de la República a mis dos hijos menores y su madre. 

Se vino para Neiva…

Semanas después en Neiva comenzó  la  persecución y el  entonces director, pasando  por alto la resolución de traslado para esta ciudad y mencionadas las motivaciones anteriores, me sacó de Neiva, luego me envían a la URI (Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía). Me pusieron a ‘tapar huecos’ y descongestionar despachos, y hasta al director anterior se le ocurrió  cohonestar sutilmente un cobarde anónimo de cuya infamia aún no me repongo, pretendió atentar contra mi  honra y buen nombre para simplemente justificar de nuevo regresarme a la Unidad de Reacción Inmediata; aún me pregunto por orden y con qué propósitos lo hizo. Me resisto a creer los  oscuros móviles de los que se habla, para haberme sacado intempestivamente de aquel despacho al que sólo hacía menos de un mes había llegado.

El director  seccional  de Neiva obviamente sabe que mi permanencia en  esta unidad, en la que la disponibilidad del horario compromete los fines de semana, me perjudicaba en la medida en que  me imposibilitaba mis viajes para Bogotá  a  partir de  los viernes en la tarde a visitar a mi esposa y mis hijos (menores de edad), y pues no se necesita mayor esfuerzo para entender que mi presencia en Bogotá resultaba imprescindible; concomitantemente las alianzas con sus subalternos y amigos no se hacen esperar y la táctica de las temerarias noticias disciplinarias y penales estuvieron al orden  del día.

Pero como si lo anterior fuese poco, el director de marras, molesto por  tanta solicitud, dice peticiones y acciones justas y en derecho, alegremente cual señor feudal por sí y ante sí,  pisoteando la pertinente normativa, con argumentos de necesidades de servicio verdaderamente inexistentes como lamentables que rayaban en la hilaridad, aspirando a maximizar un Ius variandi  pero simultánea como habilidosamente, ya que como director resultó buen litigante, pretendiendo visibilizar la clara y contundente jurisprudencia sobre este particular. Y decide rauda y a hurtadillas que entonces había méritos para deshacerse de este incómodo y problemático funcionario y  dizque mejor trasladarlo para la ciudad de Medellín.

Nótese que además estamos hablando de un fiscal con más de 20 años entregado y honesto servicio en carrera judicial con especialización y maestría en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externado y en condición de pre pensionado.

Entonces, ¿adelantó acciones judiciales para hacer respetar sus derechos?

Ante la nitidez e indudable carácter de la persecución es entonces cuando obviamente acudo a la Constitución de mi país, y las acciones que prevé el orden jurídico  en términos de defenderme, reclamar mis derechos y ante esta última materialización del bullyng de cara al respeto a mis derechos fundamentales, así presenté  personalmente la acción de tutela.

Pero como naturalmente no me voy para Medellín, porque me resulta un imposible legal, ético, personal y familiar, y el propósito era sacarme de Neiva o de la Fiscalía General de la Nación (FGN) a como diera lugar, pues  sépase  que  sin mediar en el más mínimo procedimiento respetuoso del debido proceso cantinflescamente concebido y burlando claros e insoslayables principios  normativos, se dispuso jugando un mal ajedrez, dizque el abandono del cargo en Medellín, a sabiendas de que yo seguía laborando en Neiva, que nadie puede abandonar lo que no ha tenido, e incluso, óigase bien, que se me seguía pagando normalmente y en la nómina  en  la ciudad de Neiva, y en consecuencia  ordenan el tres de febrero de este año me desvinculan de la FGN decisión que no admitía recurso de apelación como que era de única instancia.

Presenté acción de tutela que le correspondió al Tribunal  Administrativo del Huila quien negó las pretensiones, ante esta decisión presenté impugnación ante el Consejo de Estado. Se le advertiría expresamente a la secretaria general de la FGN que por delegación, se hicieron oídos sordos y como se ha visto, acaban los hechos de darnos  la razón. Con todas las letras se los advertí (al director de fiscalías) que no pusieran en práctica el principio medieval del “ejecutémoslo mientras llega la orden”.

¿Y cuál fue la decisión final del Consejo de Estado?

En el fallo del pasado 15 de enero de este año el máximo organismo de lo contencioso  administrativo del país encontró probada la vulneración de mis derechos fundamentales, auspiciada por el señor director de fiscalías de Neiva, y en consecuencia ampara mis derechos fundamentales a la unidad familiar y al debido proceso, ordenando además dejar sin efectos la resolución mediante la cual se ordenó mi traslado para Medellín.

¿El fiscal general de la Nación está enterado de todo esto?

Por su puesto. El doctor Eduardo Montealegre Linnet me merece de mucho respeto y es tal vez el fiscal general con más formación jurídico – penal y humana que ha tenido la FGN desde su creación, y contrario sensu al director de marras, sí sabe y entiende que a diferencia de la anterior Constitución que tenía su centro en el Estado, la carta política del 91 es prohomine, es decir, su gravitación la tiene es en el ser humano como su eje y razón central. Me temo por sus ocupaciones no es el mejor asesorado, por lo que me resisto a concluir que estos esperpentos jurídicos para pretender legalidad a esta persecución, tenga connotaciones institucionales. Tarde que temprano tendré que tener audiencia personal con él.

¿Cómo se ha visto afectada  la también fiscal Gloria Lucía Cuéllar?

Igual con ella hubo abuso de autoridad, como quiera que no obstante su certificada enfermedad y  sus dolencias de salud, el señor director seccional de fiscalías, Manuel Rincón Barreiro, desoyó sus súplicas e imperturbable dispuso reubicarla en despacho que atentaba contra su salud. Tendría entonces también que acudir a la acción de tutela, y como el director perdió su pretensión arbitraria  en primera instancia  apelaría, resultando  que también en esta segunda  instancia sería la Corte Suprema de justicia la que saldría a ponerle coto al inhumano y desafiante abuso   amparándole  sus derechos fundamentales, en especial al de su salud, y en consecuencia le tocaría a renglón seguido, que salir a recular porque este director en estos temas solo acierta cuando rectifica.

¿La política contaminó a la Fiscalía?

Usted lo está diciendo. Mire en la próxima reforma a la justicia, entre los varios tópicos que se deben abordar es la de realmente implementar mecanismos que garanticen el efectivo blindaje, no de la política que es un imposible, pero sí de la politiquería y ciertamente la proscripción del  llamado clientelismo judicial en la designación de altos funcionarios de la FGN.

En nuestra jurisdicción para nadie es un secreto que el lobby y la dedocracia es la que impera como mérito para el nombramiento de los directores seccionales de fiscalías que pasan por el recomendado, el conocido del magistrado a la vez amigo del nominador, porque era amigo de su familiar o porque trabajó o litigó con él. Se impone es la elección al nombramiento, y para eso deben disponerse de  concursos serios que garanticen elección de funcionarios no solamente con un vasto bagaje intelectual sino con sólida formación humanística y jurídica, no solamente en lo penal sino en las otras áreas como el administrativo para que no lleguen a fungir en estos cargo desconocedores de lo que implica las irradiaciones del Estado Social y Democrático de Derecho, como estamos viendo, con una ignorancia supina, un desconocimiento de la ética social y desbordando un peligrosísimo hirsuto, herederos del “todo vale” a darle rienda suelta a su ego y personalismos que dan rienda suelta dada la facultad principalmente en la postulación de ascensos, reubicaciones, traslados, encargos, cursos y capacitaciones dentro y fuera y otras  facultades como la de  henchidos  presionar el  trabajo de los servidores con las  estadísticas con el cuestionable  resero de la  prelación por  la cantidad medida a cuartas y  metros, en desmedro de la calidad cual fábrica de tamales, portándose cual impotables reyezuelos de la edad media, desluciendo y jurídicamente dejando mal parada a la institución en desmedro de sus sagrados intereses y el ejemplo de depurada y responsable institucionalidad. Otro rezago que la historia y el derecho moderno y garantista demanda recoger son los procedimientos de única instancia por razones que se caen de su peso.

Otra vez se habla de reformar la tutela, ¿qué opinión le merece?

Sí, a raíz de la destitución del alcalde de la capital de la república, en el que para cualquier observador desprevenido e imparcial resulta evidente quién, por qué y de dónde proviene el despropósito y la violación de derechos fundamentales. Y justamente como el poder en ciertos personajes obnubila y se pretende arrogante e intransigente en su imposición  fue por lo que hubo de ser menester la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Mire, los derechos fundamentales  son la razón y esencia misma de cualquier Estado que se precie democrático y el instituto de la tutela garante y protectora de ellos consagrada en la Constitución del 91, es la más grande conquista democrática en toda la historia. Dese cuenta como doy fe en primera persona, observe no más en el evento que padecí y razón de ser de su entrevista. Y para no entrarnos en honduras y precisar su pregunta, baste con decir que no es la tutela la que se debe reglamentar más, ni cercenar sino a los autores de desmanes y secuestradores de derechos fundamentales a los que hay que meter en cintura y por fin entiendan que las decisiones penales, civiles, laborales o administrativas, más que legales deben ser justas porque es la legitimidad la que las amerita y honra.

¿Teme por represalias al denunciar su caso y el de otros colegas?

Segura y soterradamente se harán venir pero a estas alturas ya tengo piel de paquidermo y en consecuencia ni me arredro, ni tengo fecha de vencimiento tampoco arreo mis banderas, al contrario ante las injusticias y el atentado a la dignidad me atempero y tiempo me quedará para en un libro con más despacio revelar mis experiencias de más de 20 años de dispensador de justicia y dar a conocer tantas otras cuitas; no se le olvide que el parasicólogo Martí en su momento advirtió que en la Fiscalía hacían más magia que él.