Departamento se niega a pagarle a la Usco

Maliciosamente las notificaciones al Departamento por parte del Tribunal Administrativo del Huila, no han surtido el efecto esperado, pues una deuda de $1.300 millones obligada (Ley 30) al ente administrativo a pagarle a la Universidad Surcolombiana, Usco.

Según la providencia del alto Tribunal la Gobernación debió pagarle en los 10 días siguientes a la expedición de la sentencia (1 de octubre). Sin embargo,  la orden no se ha cumplido, la notificación personal no se ha dado, de modo que el trámite que siguió fue el edicto que se desfijó a los cinco días. Todo esto ha impedido el pago a la universidad.

Ante estos obstáculos la administración del alma mater se ha visto en la obligación de solicitar las copias auténticas de la sentencia debidamente ejecutoriada, para poder hacer efectivo el cobro al ente territorial. Sin embargo, en la secretaria del Tribunal hasta el viernes pasado no habían entregado las copias.

La eterna deuda con la Usco

Actualmente el Departamento adeuda a la Universidad Surcolombiana $22.000 millones por concepto de la Ley 30.

El año pasado tras una demanda que amenazó congelar el presupuesto departamental para la vigencia 2013, se apropiaron recursos para este año con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado por la ley. De esta forma, el gobernador expidió el Decreto 1824 de 2013  y en la sección 0203  aforó este valor.

Sin embargo, el departamento hizo caso omiso a esta apropiación por lo que el 11 de febrero de este año la universidad presentó una solicitud dirigida al gobernador del Huila, con el fin de constituir la renuencia.

“A título de respuesta, el 4 de marzo de 2014 el Departamento Administrativo Jurídico -Gobernación- denegó la petición, argumentando que frente a ese asunto se encuentra en trámite un proceso judicial en la jurisdicción contencioso administrativa”, afirma la Providencia del Tribunal Administrativo.

Fue entonces cuando la Oficina Jurídica de la Usco, presentó la Acción de Cumplimiento que ahora obliga al departamento a pagar.

La respuesta a la demanda

Ante esta acción judicial el departamento presentó una oposición tajante, afirmando que la Universidad Surcolombiana es una institución de educación superior del orden nacional, por lo tanto a quien le corresponde realizar los aportes a los que se refiere la Ley 30 de 1992 es a la Nación.

Para la Gobernación la universidad interpreta equivocadamente los actos administrativos presuntamente incumplidos “porque la apropiación de los recursos al ente universitario se hizo con el fin de cancelar una posible condena relacionada con la interpretación del artículo 86  de la Ley 30 de 1992. Por ese motivo el concepto de gasto se justificó como una simple ‘transferencia’ y por ese motivo no se puede considerar que exista textualmente una obligación clara, expresa y exigible que constriña al ente territorial a realizar el pago de esos recursos”, afirmó el departamento en la defensa.

De esta forma el 25 de agosto de 2014 el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Neiva declaró que el departamento del Huila efectivamente había incumplido. En consecuencia le ordenó al gobernador dar efectivo e inmediato cumplimiento a lo señalado en dichas disposiciones en el término de 10 días.

Esta sentencia fue concurrida por el departamento y ahora fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Huila. De modo que la gobernación no tiene otro camino sino el de pagar los $1300 millones.