Santos impuso su poder sobre Petro
El presidente Santos designó a Rafael Pardo como alcalde de Bogotá. El mandatario no acogió las recomendaciones de la CIDH. Falta conocerse la decisión de la corte extranjera.
El presidente de la República, Juan Manuel Santos, contra la recomendación de la CIDH, decidió ayer destituir a Gustavo Petro, alcalde de Bogotá y nombrar como sucesor encargado a Rafael Pardo, ministro de Trabajo.
Ahora lo que se espera en unos tres meses conocer la decisión definitiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre este sonado y coyuntural caso.
Gustavo Petro Urrego perdió la batalla. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, firmó a las 6:00 p. m. de ayer la destitución e inhabilidad por 15 años decretadas por el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez.
Ahora Pardo tendrá que asumir una ciudad administrativamente inestable. Se trata de una persona con amplia experiencia política: fue comisionado de Paz y logró la desmovilización del M-19 -paradójicamente el mismo grupo insurgente en el cual Petro militó.
Durante el gobierno de César Gaviria, Pardo fue nombrado el primer ministro de Defensa civil. Luego fue aspirante a la Presidencia de la República por el Partido Liberal. Tras perder las elecciones fue llamado por Santos para asumir la cartera de Trabajo.
Es la primera vez que el país no acoge las recomendaciones de la CIDH que fueron solicitadas al filo de la medianoche de este martes, después de que el Consejo de Estado le quitara las esperanzas a Petro.
Es importante aclarar que esta es la primera vez que la CIDH solicitaba medidas cautelares para defender derechos políticos y no, como ha sido siempre, para defender la vida y la integridad de alguien en riesgo de ser asesinado. En esos casos normalmente los que hace el gobierno colombiano es dar una protección especial a esas personas.
Argumentos de Santos
En su intervención, Juan Manuel Santos dijo que respetaba las medidas cautelares de la CIDH, pero aclaró que “el sistema es complementario y alternativo”. Luego señaló que la Cancillería entregará las explicaciones del caso.
Precisamente, la canciller María Ángela Holguín dijo que la decisión de la salida de Petro se tomó ya que “la Comisión es subsidiaria de la justicia colombiana (…) la cual ha actuado eficientemente”. Hoy se entregará la comunicación.
“El plan de gobierno ganó en las elecciones y el alcalde encargado no puede cambiar el plan de gobierno”, dijo además el jefe de Estado. Por su parte, el ministro y ahora alcalde encargado Rafael Pardo dijo que va a mantener la propuesta de la ′Bogotá Humana′.
El presidente manifestó que a Petro se le respetaron las diferentes instancias en la justicia colombiana, de la cual dijo que “ha actuado de manera transparente eficaz y oportuna”.
Posteriormente el mandatario señaló que el "gobierno colombiano no acoge la solicitud de medidas cautelares”, solicitadas por la CIDH.
Cronología del proceso Petro
Desde diciembre de 2011, el alcalde de Bogotá está en ojo del huracán por cuenta del caos en la implementación del nuevo esquema de aseo en la capital.
La Corte Constitucional tumbó la licitación para la recolección de basuras por no incluir a los recicladores. Los contratos con los operadores privados (LIME, Atesa, Ciudad Limpia y Aseo Capital) fueron prorrogados.
La Uaesp declaró urgencia manifiesta en el servicio de aseo y de nuevo se prorrogaron los contratos de los operadores privados hasta el 16 de septiembre de 2011.
El alcalde Gustavo Petro anunció que una empresa pública se encargaría de un nuevo esquema de aseo a partir del 18 de diciembre de 2012. El Distrito volvió a prorrogar los contratos hasta el 17 de diciembre.
El alcalde expidió un decreto para reestructurar el modelo de aseo y dejó a cargo de la Uaesp la recolección, del acueducto el alquiler de la flota de camiones y de los bogotanos la tarea de separar los residuos.
El día 18 de diciembre de 2012 empezó el esquema con 362 volquetas y 1500 conductores, operarios y supervisores, pero no dio abasto con la recolección. Dos días después se firmaron nuevos contratos con los privados.
El alcalde reconoció el error en la implementación de su esquema de aseo al no alcanzar la máxima capacidad. La Procuraduría presentó un informe de seguimiento a Petro considerando que no cumplió con las metas propuestas.
La Sala Disciplinaria de la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 15 años al alcalde y por 12 años al exgerente del Acueducto, Diego Bravo, por el ‘caos’ de las basuras. Petro convocó una movilización ciudadana.
El alcalde recusó la decisión del procurador Ordóñez, pero el día 13 de diciembre éste negó la recusación y ratificó la destitución e inhabilidad.
Luego el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a favor del alcalde Petro tres tutelas que reclamaban suspender el fallo de destitución de la Procuraduría, como medida cautelar. Se negó la tutela presentada por Petro contra su destitución. El día 6 de marzo de 2013, la Sala Plena del Consejo Superior de la Judicatura negó las tutelas radicadas en contra de la sanción de la Procuraduría y tumbó las medidas cautelares emitidas por el Tribunal.
El día 18 marzo el Consejo de Estado dejó en firme la destitución del alcalde Petro y señaló que la Procuraduría General tiene las facultades para investigar y sancionar disciplinariamente a un funcionario público elegido por voto popular.