Mintransporte prometió acciones inmediatas para crisis vial del Huila
El deterioro de la malla vial de la ruta nacional 45 sobre el territorio huilense y crisis de mayor complejidad como la falla geológica sobre Pericongo, al sur, y la pérdida de banca en Bengala, al norte, tienen en un inminente riesgo de que el sur de Colombia quede incomunicado con el norte.

Caterin Manchola
Diario del Huila, Neiva
Se autorizará la reducción del 50 por ciento del costo del peaje en Altamira hasta el 15 de septiembre, tiempo en el que debe haber culminado el proceso de intervención para recuperar el doble flujo en Pericongo. Y el paso sobre este sector, entre Altamira y Timaná, que actualmente está restringido, se habilitará en los próximos días para permitir el tráfico nocturno.
Esos fueron algunos de los anuncios que hizo ayer la ministra de Transporte, Ángela María Orozco Gómez, acerca de cómo se le hará frente al traumatismo vial que se vive en este punto sobre la ruta nacional 45, que comunica con el sur del país. En su visita por el departamento del Huila, la alta funcionaria aseguró que se va a trabajar “de manera inmediata” en la recuperación del doble flujo y para lograrlo se destinarán 450 millones de pesos.
Sostuvo que llevan 7 meses trabajando para logar la cesión del contrato de la concesión Aliadas para el Progreso y reiteró, como lo había manifestado en otra visita por el Huila, que los estudios y diseños del viaducto para Pericongo ya están; y que se haría un mantenimiento a todo el corredor vial Santana-Mocoa-Neiva como acciones primordiales cuando concluya el proceso de cesión.
Para levantar la restricción de movilidad en la noche por Pericongo se trabajará en la señalización, eso estará a cargo de la Agencia Nacional Vial y la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.
Entre tanto, la ministra también advirtió que los recursos son limitados y que aunque algunos proyectos ya están garantizados, como lo es la vía Colombia (Huila) - La Uribe (Meta), “yo no les puedo garantizar los recursos para hacer esa vía, no los tengo”.
También anunció que en agosto ya se adjudica el contrato en el Instituto Nacional de Vías, Invías, para los estudios y diseños para ésta.
Garzón
Luego del sobrevuelo de inspección a la vía Santana-Mocoa-Neiva, también anunció que el próximo lunes se conocerá el diagnóstico de detalle que establecerá el tiempo y costo necesario para la rehabilitación total del tramo a la altura del kilómetro 21 en el sector de Bengala, en el municipio de Gigante –Huila, eso como medida a largo plazo. Y como acciones a corto plazo, se encuentra el diagnóstico de intervención para recuperar la transitabilidad de un carril.
Los estudios, diseños y financiación de las obras sobre este punto entre la vía Neiva – Garzón, las asumió Enel-Emgesa, desde que ocurrió la emergencia vial, el pasado jueves 18 de julio cuando se perdió parte de la banca.
La ministra insistió en que el trabajo para acelerar las obras en este sector debe darse de manera interinstitucional.
“Todos tenemos que trabajar, la ANI en dar los permisos para permitir la intervención por parte de Enel- Emgesa, y las autoridades ambientales nacionales y locales para dar los permisos de intervención”.
Los trabajos de intervención de la ruta nacional que están a cargo de Enel- Emgesa se dividieron en dos etapas, según explicó el gerente general Bruno Rigo.
“La primera etapa tiene como objetivo establecer el tránsito de un carril y estamos trabajando desde el primer día para buscar la solución técnica, yo creo que el lunes o martes ya vamos a tener un plan a detalle para trazar un cronograma de trabajo, conocer cuánto nos vamos a demorar para restablecer el tránsito”.
Compromisos locales
El director territorial del Ministerio de Transporte, Julián Salas, explicó que están atentos a que se expida la resolución por parte del Ministerio de Transporte que es la que hace efectivo ese descuento.
“A más tardar al final de esta semana está suscrita la resolución por parte de la señora ministra, estará hasta el 15 de septiembre donde sabremos finalmente qué ocurre con la oferta del nuevo concesionario para este segmento de la red vial”.
La desviación de vehículos cuya capacidad de carga sea inferior a 30 pasajeros, entre la vía intermunicipal Gigante y Garzón seguirá siendo la vía Zuluaga. Pero también se emitió una restricción para los vehículos de carga cuyo peso bruto vehicular sea superior al 14.5 por ciento.
“Todo el resto del tráfico será redireccionado por la vía naranjal, con unos compromisos claros por parte del señor gobernador para hacer unas intervenciones que permitan mitigar el impacto de esa redistribución de tráfico”, aclaró director territorial del Ministerio de Transporte.
Reunión crucial
“El panorama es complicado, y negar un panorama complicado sería negar la realidad que hemos papaldo. Este sigue siendo un problema muy grave y estamos sometidos a una emergencia vial”, dijo por su parte el gobernador del Huila, Carlos Julio González.
Las obras para garantizar la doble vía en Pericongo finalizarán entre 30 y 45 días, aseguró el mandatario.
Finalmente, el alcalde de Pitalito, Miguel Antonio Rico, sostuvo que la reunión fue crucial y dijo que la restricción de vehículos por Pericongo ha perjudicado gravemente al Valle de Laboyos.
“Por ejemplo, la tractomula de Surgás, que surte el gas de Pitalito y del sur del Huila llega a la una de la mañana y no puede seguir pese a que está sin gas el pueblo, ¿por qué no pude seguir? Porque hasta las seis de la mañana lo dejan pasar. Eso es supremamente grave”.
Mientras la ministra daba a conocer las promesas para el Huila, el alcalde alzó la voz e hizo dar a conocer esa situación.
Nueva declaratoria de calamidad pública
Para atender con mayor agilidad la emergencia que vive el municipio de Colombia, al norte del Huila, la localidad fue declarada en calamidad pública, la segunda del año.
Ayer se anunció sobre los recursos para el acueducto del área urbana que fue afectado por crecientes del río Ambicá, que dejó sin el preciado líquido a los doblemente colombianos. Este tardaría entre tres y cuatro meses.
Para surtir la necesidad por lo pronto se cuenta con tres carrotanques que están llevando agua potable desde Baraya; para el servicio sanitario el carro de bomberos y volquetas del municipio la están captando de las afluentes cercanas, informó la alcaldesa, Adelia Guzmán García.
La vía alterna de la que se habló ayer en las mesas de trabajo, es una variante que se realizará cerca del sitio donde cayó la banca vial, será de 400 metros y garantizará el tránsito mientras se hace la obra definitiva.
“Los terrenos del municipio de Colombia son muy inestables, se han hecho unas obras pero en cada creciente y avalancha prácticamente se pierden”, lamentó la alcaldesa.
Frente a los rumores de que sería factible reubicar el pueblo, expresó que la situación “hay que analizarla con los expertos. Eso es lo que escucho de parte de los medios de comunicación pero hay que hacer unas mesas de trabajo, hablar con el gobierno nacional, departamental y municipal porque costará muchísimo dinero y esos son proyectos que son a largo plazo”.
Si esa sería la solución definitiva a la problemática del casco urbano, “imagínese las comunidades rurales dónde quedarían, ¿qué pasaría con la atención a ellos?”, inquirió.
Y con respecto a la principal amenaza de esta localidad del norte del Huila que es la erosión interna, relacionada con el flujo subsuperficial de agua que hace que se presenten algunos socavamientos internos en el suelo y con ello posibles colapsos de al menos 300 viviendas, dijo que no hay que causar pánico.
“Para mí sería no causar pánico en la población porque estaríamos causando un problema social en el municipio. Sería esperar a que los expertos realmente sean las personas que determinen si hay que reubicar el casco urbano”.
Entre las principales amenazas y riesgos que arrojaron los estudios de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo, AVR, en el municipio de Colombia, también figuró el río Ambicá, afluente que ha provocado varias emergencias viales y que ha dejado sin servicio de acueducto a la localidad en reiteradas ocasiones.
Las obras de mitigación según lo indica el estudio, están por el orden de los 4 mil millones de pesos pero la administración municipal no cuenta con esos recursos.