Los maestros del Huila marcharon por sus derechos

Diario del Huila, Neiva

La mala prestación de servicios de salud, fortalecimiento y defensa del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, la  financiación de la educación pública y el derecho a la vida, son las peticiones que realizaron los maestros del Huila en medio de las manifestaciones que se desarrollaron en la ciudad de Neiva.

El paro nacional había sido programado para el 28 y 29 de agosto por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación – Fecode  y convocó al Magisterio colombiano.

“El Gobierno Nacional ha puesto puntos para seguir en el proceso de diálogo con nuestra federación. Creemos que visibilizar y presionar ha sido fructífero porque garantiza la unidad del magisterio y garantiza que el Gobierno Nacional entienda que no estamos peleando por nuestro salario, sino por un modelo de salud que realmente facilite el ejercicio pedagógico y sí, se ha logrado algunos aspectos frente al desarrollo de la propuesta de la bolsa del sistema general de participaciones. Estamos en el proceso de permitir que el gobierno escuche a nuestra federación que es la representante de todos nuestros maestros y maestras de Colombia”, afirmó Adelaida Cuenca, presidenta de la Asociación de Institutores del Huila-ADIH-.

A las manifestaciones se sumaron todas las 39  instituciones educativas de la ciudad de Neiva y  aproximadamente 7 municipios del departamento, quienes cesaron sus actividades para visibilizar sus inconformidades ante el Gobierno Nacional.

¿Por qué entraron a paro los maestros?

Adelaida Cuenca, denunció la mala prestación de servicios de salud, donde la mayor responsabilidad la atribuye a Fiduprevisora por no cancelar los recursos a Tolihuila, pero aclaró que esta última entidad de salud, tampoco cumplió el contrato pactado. “Sobre todo en lo que tiene que ver con citas de médicos especialistas, con el seguimiento a los posoperatorios y con algunos inconvenientes de atención en las revisiones”.

Agregó que la respuesta que ha dado Tolihuila es que “están mirando como visibilizar esa problemática y poder ir solucionando paulatinamente de acuerdo a la responsabilidad que ellos tengan y la de Fiduprevisora”.

Por su parte, Jorge Enrique Cortés Navarrete, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores – CUT, a nivel nacional, indicó que el gobierno está haciendo un manejo irresponsable al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del magisterio y no cumple con lo pactado en esos contratos, lo cual afecta a los maestros y sus familias.

Asimismo, Cortés Navarrete,  indicó que otra razón que los llevó a  la manifestación es el derecho a la vida “a nosotros nos están asesinando. Al Magisterio colombiano desde 1960 hasta aquí, podemos decirle que llevamos 1567 muertos por acciones violentas en las cuales participa el Estado. Claro, los grupos paramilitares y en menor proporción la guerrilla, también han afectado nuestra situación. La semana pasada nos mataron 4 docentes en el país, no es justo que sigan matando a compañeros y ese es uno de los temas que nosotros le decimos al presidente Duque pare la masacre”.

La presidenta de la ADIH, sostuvo que el Estado colombiano quiere entregar el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales a privados. “Garanticen realmente que puedan darse condiciones que permitan un mejor desarrollo del proceso pedagógico en el país”.

Los maestros del Huila esperan que el Gobierno Nacional se siente a dialogar con Fecode y posibilite acuerdos que favorezcan el desarrollo del país y del ejercicio pedagógico y financien la educación pública desde todas las aristas.

En caso de que el Gobierno Nacional no llegue a un acuerdo con Fecode, estará convocado otro paro nacional indefinido.

“Todo depende del proceso de negociación con el gobierno para garantizar que se cumplan los  acuerdos pactados con nuestra federación”, puntualizó la presidenta de la Asociación de Institutores del Huila-ADIH-.

Respuesta del Gobierno Nacional

El Ministerio de Educación Nacional y  Fecode, acordó la creación de la Comisión Nacional de Salud, con la participación de la Procuraduría General de la Nación, la Superintendencia Nacional de Salud, la Fiduprevisora (Fomag), los operadores de salud y las firmas auditoras, para realizar seguimiento a la prestación del servicio de salud a los docentes y sus familias, en correspondencia con el pliego de condiciones y los contratos suscritos.

Se han adelantado siete sesiones en diferentes regiones del país con el propósito de escuchar, analizar y dar soluciones para la prestación de los servicios médico-asistenciales de los docentes.

Como parte de las soluciones se está trabajando con: (I) Fiduprevisora en la liquidación y pago de los contratos anteriores de prestación del servicio de salud y el inicio de procesos sancionatorios; (II) los prestadores del servicio de salud y FECODE en: socialización de programas y puntos de atención de los docentes, uso adecuado de urgencias, citas prioritarias y oportunidad en citas; (III) Superintendencia Nacional de Salud procesos sancionatorios con la información recolectada y las auditorías; (IV) Consejo Directivo FOMAG, la selección del defensor del usuario como figura que debe contribuir a complementar los mecanismos e instrumentos previstos contractualmente, procurando la atención eficaz, eficiente y oportuna en salud y (VI) Ministerio de Educación, revisión de la experiencia de los departamentos de Caquetá y Putumayo, en donde no se presentan quejas y el servicio es prestado por los mismos docentes.

De otro lado, para garantizar el derecho a la vida, la seguridad, la libertad e integridad de los maestros oficiales y sus familias, la cartera educativa expidió el pasado 12 de agosto la Directiva Ministerial 02 de 2019, concertada con Fecode, en la cual se resaltan tres principios: el de la buena fe, el de la complementariedad y, en especial, el del enfoque de derechos, para superar los obstáculos o trabas administrativas, actuar con la celeridad y oportunidad que las situaciones de amenaza o desplazamiento ameritan.

Asimismo, se creó una Comisión para el seguimiento de la atención de educadores estatales en condición de amenaza o desplazamiento forzado, Resolución 9017 de 2019, que permita establecer orientaciones puntuales y articular las acciones que deban adelantarse para la efectividad de los mecanismos y estrategias de protección a la vida e integridad de los educadores.

Estas orientaciones están amparadas en un marco legal y jurisprudencial de la Corte Constitucional, para mejorar los procesos que adelantan las entidades territoriales certificadas ante las situaciones de amenaza o desplazamiento de los educadores.

Con relación al ascenso y la reubicación salarial de los docentes, el Ministerio a través del ICFES, realiza la Evaluación con Carácter Diagnóstico Formativa (ECDF), de conformidad con lo establecido en la Resolución 018407 del 29 de noviembre de 2018.

Para esta evaluación se inscribieron 88.937 docentes y directivos docentes, de los cuales se determinó que el total de docentes y directivos docentes habilitados fue de 83.271 y de esta cifra, se identificaron 1.489 casos especiales que dieron lugar a suscribir la Resolución 8652 del 2019 y contempla un cronograma especial.

Con el número de docentes y directivos habilitados en el proceso, que corresponden a 81.782 educadores, se realizó la publicación de resultados definitivos por las Entidades Territoriales Certificadas (ETC), el pasado lunes 26 de agosto de 2019.