Los empresarios vinculados al caso Odebrecht, ahora son acusados por lavado de activos.
Tal y como lo había pedido el fiscal ad hoc del caso, Leonardo Espinosa, Eduardo Zambrano y Gustavo Torres ahora tendrán que responder por este delito que se le suma al que ya le había imputado la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez: enriquecimiento ilícito.
Si hubo un reparo en el que insistió el fiscal ad hoc del caso Odebrecht, Leonardo Espinosa, ante la Corte Suprema de Justicia, fue el hecho de que la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez no le hubiera imputado el delito de lavado de activos a varios de los empresarios vinculados a la investigación de corrupción. Entre ellos, Eduardo Zambrano y Gustavo Torres, señalados de haber lavado el dinero que el multinacional uso para pagar sobornos.
Ante la insistencia de Espinosa, el Tribunal Superior de Cundinamarca le acaba de dar la razón. El pasado 6 de agosto, el magistrado que lleva el caso, Hermens Darío Lara Acuña, les notificó a las partes del proceso que a la investigación en su contra por enriquecimiento ilícitos, ahora los empresarios deberán responder por el delito de lavado de activos. Desde que Espinosa recibió este caso, en diciembre del año pasado, uno de sus hallazgos fue precisamente la ausencia de este delito en el caso de Zambrano y Torres.
Así se lo hizo saber Espinosa a la Corte Suprema en varios de los informes que le envío, mientras estuvo en el cargo. En uno de esos documentos, Espinosa explicó que, de manera unilateral, el fiscal que llevaba el caso, Daniel Hernández, removió ciertos delitos en los borradores de los preacuerdos que entonces negociaba con los empresarios, a pesar de que ya habían sido anunciados en la imputación de cargos. Para el fiscal ad hoc, se trató de una actuación irregular por parte de Hernández y de su fiscal de apoyo, Álvaro Betancur.
Por cuenta de estos hallazgos, las negociaciones que adelantó el fiscal Hernández no prosperaron. En una audiencia que comenzó el pasado 5 de abril, la Fiscalía ad hoc llamó a los cuatro a juicio por los mismos delitos enunciados en la imputación. Esta irregularidad que encontró Espinosa llevó a que su despacho pidiera a la propia Fiscalía que investigara lo realizado por Hernández y Betancur.
