Líderes sociales en la ‘mira’ de bandas criminales

El asesinato de líderes sociales es el ‘lunar’ que se ha radicado en el país. Los registros oficiales dejan al menos 15 líderes asesinados en lo que va del año 2018. Las cifras aumentaron desde la implementación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las desmovilizadas FARC.

Según Indepaz, en su informe del 2016 y el primer semestre de 2017 «las cifras de agresiones y homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos durante el último año evidencian una tendencia al aumento, particularmente luego de la firma del Acuerdo Final entre el Gobierno Nacional y las FARC».

Asimismo, la Fiscalía General de la Nación reveló que entre el año 2017 y en lo corrido de 2018 han sido asesinados 101 líderes sociales en todo el territorio colombiano, y que solo 42 hechos han sido esclarecidos.

Asesinados en su vivienda

Un medio nacional reveló que la mayoría de estos homicidios han sido perpetrados a sangre fría en los hogares de las víctimas, principalmente en los departamentos de Cauca, Antioquia, Nariño, Norte de Santander, Córdoba, Bolívar y Risaralda. 

Armas empleadas

Las armas utilizadas para cometer estos actos de violencia han sido las cortas y automáticas, es decir, las pistolas fueron las más empeladas por los sicarios.

También se conoció que algunos líderes perdieron la vida con disparos de fusil y otro fue víctima de escopeta.



Posible hipótesis

Según el informe nacional,  los líderes que se dedican a promover los programas de sustitución de cultivos ilícitos son las víctimas más frecuentes con cinco casos, seguidos de quienes denunciaron delitos de corrupción con tres y los defensores de espacios de cultura, etnias y medio ambiente. Las autoridades involucran directamente en los sucesos de sustitución de tierras a los grupos narcotraficantes

Escenarios recurrentes

En seis de los casos los sicarios llegaron hasta el hogar de los líderes y frente a sus seres queridos les dispararon a sangre fría. El nivel mayor de asesinatos se registró en la vía pública y la casa de las víctimas, seguido de establecimientos de comercio y salones comunales.

En cinco hechos, los homicidas efectuaron sus crimines uniformados; en otro caso, fueron  encapuchados y en nueve estaban vestidos de civil.

Panorama

Para el vocero  de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, William Spindler, la situación es alarmante: «Vimos que era un problema recurrente, investigamos y confirmamos que sí, que hay un patrón de asesinatos. Es difícil saber qué grupos están detrás de estos asesinatos, y lo más grave es que la actividad criminal se ha incrementado en el último año porque el vacío dejado por la desmovilización de FARC no ha sido ocupado por el Estado».

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas manifestó que entre enero y noviembre del 2017  hubo 54 asesinatos de activistas. «Hemos hecho el esfuerzo investigativo y no hemos encontrado un designio o un perpetrador mayoritario. La mayoría de estos casos surgen de la criminalidad pequeña en territorios que siguen siendo violentos y donde, necesariamente, la Fuerza Pública tiene que estar», indicó.

De igual forma, Indepaz en su último informe aclaró que finalizado junio de 2017, «el número de homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos ha aumentado en comparación con el año 2016. La situación continúa siendo crítica en los departamentos de Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Nariño, Cesar, Chocó, Córdoba, Meta y Norte de Santander. Estos son los mismos departamentos considerados como críticos por las violaciones al derecho a la vida en 2016, con excepción de Cesar, que no se hallaba entre los departamentos más críticos en ese año».

Se desconocen las razones

En un consolidado de la Defensoría del Pueblo, se registró que del 1 de enero de 2016 al 5 de marzo de 2017, se reportaron 156 homicidios contra los activistas. De estos, 108 desarrollaban acciones de organización comunitaria y de derechos el área rural; 39 víctimas, eran líderes de pueblos y comunidades indígenas; y nueve, aún faltan por identificar las causas.

La Defensoría explicó que estas acciones  criminales «están relacionados con la defensa de territorios étnicos, oponerse a la expansión de la minería y la agroindustria, denunciar el problema de la tierra o reclamar sobre esta, y la estigmatización».

Igualmente, el director de Ministerio Público, Carlos Negret, explicó: «Se tienen registrados 206 homicidios entre el 1 de enero de 2016 y el 10 de diciembre de 2017, de la mano de la Unidad Nacional de Protección - UNP, y la Policía dan seguridad a los líderes sociales, lo que pasa es que tenemos muchos y la capacidad del Estado no alcanza para protegerlos a todos», sostuvo.