Las distintas lecturas sobre las objeciones a la JEP

Luego de que el presidente Iván Duque objetara parcialmente la jurisdicción especial para la paz (JEP), por razones de inconveniencia. Inmediatamente, Patricia Linares, presidenta de la JEP, aseguró que esta institucionalidad transicional seguirá ejerciendo a cabalidad sus competencias, para la obtención de verdad plena.

Críticas a las objeciones

El anuncio dio pie a varios conocedores del proceso de paz con las FARC para formular críticas a la decisión del mandatario. La representante Juanita Goebertus afirma que las objeciones violan la autonomía de la Corte Constitucional, pues ya habían sido resueltas en la Sentencia C-080/18, lo cual desconoce abiertamente la separación de poderes e implica desconocer el Estado social de derecho. En este cuadro comparativo sustenta su afirmación:

Juanita Goebertus @JuanitaGoe

A víctimas, excombatientes y a los militares que están rindiendo cuentas ante la JEP, un mensaje de tranquilidad:

El Congreso NO tiene competencia para pronunciarse sobre objeciones que ya fueron resueltas por la Corte.

En el mismo sentido, el procurador Fernando Carrillo fue directo al afirmar que se trata de una decisión que lesiona la democracia, agudiza la brecha política y además viola el principio de cosa juzgada constitucional.

Fernando Carrillo F.@fcarrilloflorez

En cuanto a Ley Estatutaria de JEP, el tema ya no es improcedencia de formulación de objeciones, sino intangibilidad de decisiones de la justicia. Aquí media una decisión sobre una ley en ejercicio de control previo, único y exclusivo. Hay cosa juzgada constitucional

Además indicó que objetar la JEP abre un debate inoportuno e inútil desconociendo el rol de la Corte Constitucional, cuando ella será quien termine de todas maneras resolviendo este problema.

“La ruta propuesta por el Presidente conduce a agudizar la fractura política en la que se encuentra Colombia” sostuvo.

¿Se hundirá toda la ley?

Otro tema que ha quedado en el aire es la posibilidad de que toda la Ley Estatutaria se hunda, como lo sugiere el exmagistrado José Gregorio Hernández:

José Gregorio Hdez G @josegreghg

El Presidente @IvanDuque ha ejercido una facultad que le otorga la Constitución. @JEP_Colombia seguirá operando, porque las objeciones no interrumpen su funcionamiento. Las cámaras pueden declararlas fundadas o infundadas. Si una las acepta y la otra no, se archiva el proyecto.

Y agregó “Pero no solo hay una probabilidad de archivo de la iniciativa, el presidente del Congreso, Ernesto Macías, ha insinuado que en las reformas a la Constitución que plantea el Presidente de la República el cuerpo legislativo “tendrá que analizar y discutir si va más al fondo”.

Lo anterior, ha generado preocupación en senadores como Rodrigo Lara, quien advierte sobre la responsabilidad de Duque ante lo que pueda con lo que le pida al Congreso.

Rodrigo Lara @Rodrigo_Lara

El Presidente de la República debe asumir la responsabilidad con el país de que el acto legislativo no se salga de los tres puntos que anunció en su alocución. No tendría presentación que el Gobierno se desentendiera con el argumento del respeto a la “autonomía” del Legislativo.

Varios sectores han iniciado una campaña para internacionalizar el tema y fue enviada una carta dirigida al secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres.

Los partidos toman posición

En el frente interno, el partido Centro Democrático cerró filas en apoyo a la decisión del mandatario, para evitar la impunidad y garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación.

Así lo hicieron saber en un comunicado expedido por la colectividad y en la cual señalan que la JEP, como nuevo sistema de justicia, tiene enormes falencias, empezando por el origen de los magistrados, cuyo mecanismo de selección desconoció que Colombia ha sido y es una democracia.

En el comunicado advierten “más allá de ello, la impunidad de delitos de lesa humanidad que no recibirán penas proporcionales a la gravedad de los hechos; la falta de claridad sobre la necesidad de reparar integralmente a las víctimas y sus mecanismos de participación; la necesaria revisión de que quienes estén en las listas para acceder a las amnistías y la justicia transicional, realmente pertenezcan a las Farc y no haya infiltrados. Más aún, que la protección a los terceros que lleguen al sistema con el compromiso de verdad y la garantía de no extradición, sean realmente merecedores del tratamiento para que aquello no termine escondiendo criminales”.

En el texto, también señalan que el Centro Democrático reitera su respaldo al Presidente y, al mismo tiempo, su postura -ampliamente divulgada- de defender el postulado de no impunidad y seguir insistiendo en la necesidad de una justicia justa para los miembros de nuestra fuerza pública.

“Todos los hechos que el país ha conocido sobre la JEP no admiten dudas sobre que aquel tribunal y aquellos jueces, no son adecuados para juzgar a nuestros hombres. Por eso, volveremos a presentar un proyecto de acto legislativo que cree justicia con garantías, imparcialidad y presunción de inocencia para los miembros de la fuerza pública” dice parte del comunicado.