Juicio disciplinario al alcalde de Neiva por caso del estadio de fútbol

Por: Fausto Manrique

En un comunicado la Procuraduría General de la Nación indicó que citó a juicio disciplinario al alcalde de Neiva, Rodrigo Armando Lara Sánchez (2016 – 2019), y otros cuatro funcionarios de la Administración Municipal, por presuntas irregularidades en la firma de un contrato para determinar el reforzamiento estructural y las causas del colapso de las graderías del estadio Guillermo Plazas Alcid, por $245’520.000

De acuerdo con el Ministerio Público, los otros funcionarios citados a juicio disciplinario son el jefe de la Oficina de Contratación, Fernando Mauricio Iglesias Gaona; la secretaria de Deportes, Liliana María Ocampo Martínez; la secretaria de Infraestructura, Diana Paola Solaque Guzmán; y el asesor del alcalde, Vladimir Salazar Arévalo.

De acuerdo con la investigación disciplinaria, la Alcaldía habría suscrito el contrato de manera directa con la firma Ingeniería Sísmica y Estructural SAS, a pesar de que el objeto y alcance del mismo hacía necesario, aparentemente, que se realizara un concurso público de méritos para escoger al contratista.

Fue un peritazgo

Sin embargo, el jefe de Contratación de la Alcaldía de Neiva, Fernando Iglesias, sostiene que fue un contrato de peritazgo y que la Ley 80 les permite realizar un contrato de prestación de servicios profesionales.

La Procuraduría indicó que por esos hechos los funcionarios presuntamente vulneraron los principios de transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva, al aceptar, aparentemente, la oferta de la firma Ingeniería Sísmica y Estructural SAS antes de la publicación de los estudios previos por parte de la alcaldía.

Por los hechos materia de investigación disciplinaria, el Ministerio Público calificó la presunta conducta de los funcionarios como una falta grave cometida con culpa gravísima.

Responde la Alcaldía

DIARIO DEL HUILA dialogó con Fernando Mauricio Iglesias Gaona, jefe de la Oficina de Contratación, quien expresó que esta semana lo notificaron un auto de la Procuraduría General de la Nación, específicamente de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa informándole que se decidió abrir una investigación y citar audiencia para presentar los descargos por el contrato suscrito con la firma Ingeniería Sísmica y Estructural SAS.

“Recordemos que ese contrato fue de peritaje que se realizó para saber las causas del colapso de la tribuna occidental del Estadio de Fútbol y cómo iba el proceso constructivo de la obra”, añadió el funcionario.

Sostuvo que ese fue un contrato de peritaje, “no es de consultoría como se quiere ver, y su motivación para realizarlo salió en virtud del procedimiento de incumplimiento que se le adelantó al contratista de obra, que conllevó la caducidad”.

Anotó que en ese procedimiento de incumplimiento se decretó realizar un dictamen pericial con el fin de establecer las causas del siniestro (el colapso de la tribuna occidental del Estadio de Fútbol) y cómo iba el proceso constructivo.

Por lo tanto, fue un contrato de peritaje para que rindan un dictamen pericial y para eso la norma ha dicho que se realiza un contrato de prestación de servicios profesionales.

La queja ante la Procuraduría habría sido presentada por el contratista

¿Por qué la Procuraduría los cita a ustedes y no al anterior alcalde, Pedro Suárez, que contrató la obra, no la terminó y además, colapsó causando varias muertes de trabajadores?

La Procuraduría tiene el derecho y el deber de analizar los casos específicos según las quejas que le presenten. En eso resolvió iniciar un proceso verbal para escucharnos en descargos y específicamente a mí, que soy el que suscribo el contrato porque tengo la facultad ordenadora del Municipio de Neiva.

¿Cuál será la respuesta de la Administración Municipal?

Lo que vamos a hacer es explicarle a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa que no es un contrato de consultoría, que es un contrato de peritaje que se realiza bajo la tipología contractual de prestación de servicios profesionales como cuando se contrata a un abogado o un contador.

Entonces, ¿eso lo permite la Ley 80?

Eso lo permite la Ley 80 de contratación estatal. Imaginémonos que la ley nos obligara a que los contratos de peritaje o prestación de servicios profesionales se sacaran a convocatoria. El propio contratista o una firma amiga se hubieran presentado y habrían permeado la información. Ese no es el objetivo de un peritaje.

¿En qué consistió el contrato de peritaje?

En un peritaje se contrata a personas con ciertas cualidades profesionales y por eso se contrató una firma forense de ingeniería civil para que determinada el porqué del colapso de la obra. Por esa razón se hizo el contrato con esta firma que participó en los análisis del caso del edificio Space (Medellín, Antioquia) y en otros casos de colapsos, sismología y dictámenes peritales.

¿Quién puso la querella ante la Procuraduría?

No conozco el proceso en su conjunto porque esta semana me fue notificado. Tengo que ir a Bogotá a analizar el expediente pero lo más seguro es que fue una queja presentada por el contratista de la obra, que está siendo investigado y actuando en defensa por todos lados para evitar que declararan el incumplimiento, la caducidad del contrato y cobrar las pólizas por $6000 millones, además que se determinó un presunto daño al Estado por $12.000 millones. Esta última es una demanda que se está estructurando contra los contratistas de obra.

¿Qué esperan que resuelva la Procuraduría en este caso?

Yo me he puesto a pensar. ¿Será que es un delito ser servidos público? No, pero con todas estas investigaciones que nos hacen por cualquier razón. Tengo muy claro que hicimos lo correcto. Si en derecho quieren fallar, en derecho van a resolver.