“Por adjudicar la concesión a la mejor propuesta conforme a la ley, nos metimos en líos”
El exgerente de la Empresa de Lotería y Apuestas Permanentes del Huila, Carlos Hernando Ordóñez Acevedo, asegura que el único pecado fue pretender favorecer los derechos de explotación del juego del chance en favor de la salud del departamento del Huila, sin embargo, confía total y respetuosamente en la administración de justicia, no obstante estar privado de la libertad.
En entrevista exclusiva para DIARIO DEL HUILA dijo que revelará todos los pormenores que rodearon la adjudicación en su gerencia y en la que lo sucedió, “donde se demostrará que fueron otros los que pretendieron inferir ilícitamente en la adjudicación y otros los que afectaron con posterioridad la salud de los huilenses”.
¿Cuál es su situación jurídica en estos momentos?
Tengo medida de aseguramiento bajo inferencias de la Fiscalía, pero esta decisión nos permitió por ley, interponer ante el superior judicial, apelación en la cual se propuso una nulidad por violación a los derechos de defensa y debido proceso.
Su opinión sobre la medida.
Muy severa, exagerada, injusta e innecesaria, esto a nuestro criterio y de los defensores, porque hemos colaborado con los organismos de control y jamás nos hemos ocultado. Incluso el doctor José William Sánchez ha acudido a la misma Fiscalía para que los críticos demuestren la supuestas ilicitudes que se cometieron y la misma Fiscalía archivó sus dos denuncias.
¿En concreto, cuál considera usted es el principal aspecto por el cual se le procesa?
Mi pecado fue pretender que el proponente concesionario de explotación del juego del chance le diera más recursos para la salud del Huila y buscar que además hiciera concesiones voluntarias en favor de la infraestructura de la empresa y unos aportes sociales para los vendedores de chance y lotería, ese fue y ha sido mi único interés, y desde luego que todo eso es lícito.
¿Entonces porqué infieren interés ilícito en esa adjudicación?
Por lo que escuchamos de la Fiscalía en las tres audiencias que llaman ‘triplecombo’, repitieron frases y manifestaciones de quienes nos atacaron, ellos sí indebidamente el proceso de adjudicación. Básicamente del proponente que era un operador, un periódico y su editor, el órgano político del departamento a través de uno de sus miembros, quien en su momento ejercía el control fiscal, entre otros que agredieron desde afuera el proceso, porque se aplicó el principio de libre competencia. En la investigación se podría probar por qué esas injerencias fueron indebidas y de pronto ilícitas. Fueron ellos, con un marcado interés, quienes construyeron una bomba de aire o de espuma a partir de unas especulaciones que ahora han retomado en la investigación. Lo curioso es que esos contradictores y los mismos organismos de control que nos presionaron implacablemente en su momento, han guardado silencio y hasta omitido referirse a lo que pasó en la ejecución del contrato. Nada han dicho con el detrimento a esos derechos de explotación adjudicados, solo porque los accionistas del proponente perdedor denunciante, ya emporado como dueño del contrato, los bajaron en contra de las transferencias de la salud del Huila. Así se ve el verdadero interés de esas críticas y ataques. Paradójicamente la Procuraduría y la Contraloría reconocieron que pese a la intervención indebida, no incurrí en detrimento patrimonial, caso diferente a lo manifestado frente a mi sucesor, quien sí fue destituido.
¿Cómo hicieron para bajar esos derechos de explotación?
Con maniobras jurídicas, con un otro sí y un proceso arbitral. Al final se debelará todo ese proceder, pues se conocerán todos los pormenores que rodearon la adjudicación en mi gerencia y en la que me sucedió, donde se demostrará que fueron realmente otros los que pretendieron inferir ilícitamente en la adjudicación y otros los que afectaron con posterioridad la salud de los huilenses.
¿Qué le queda de su gestión en esa licitación?
Líos y estigmatización por buscar más recursos para la salud y poner a competir en franca lid a los licitantes. También la inquietud que si a Apuestas Nacionales de Colombia se adjudicó supuestamente el contrato de concesión de una manera ilícita, hoy ese mismo concesionario debería perder el contrato actual por inhabilidad de acuerdo a los artículos 44 y 45 de la ley 80 de 1993: ese es el búmeran de un ataque injusto y egoísta.
