“El Inpec no soporta una reforma más”

El escenario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) como la institución encargada del manejo de las cárceles en Colombia no aclara. Desde 2011 con los escándalos de corrupción y su posterior reestructuración, los tonos grises rondan a una entidad que ha manifestado un alto nivel de ineficacia en sus funciones.
Hace parte del Ministerio de Justicia y del Derecho y, para Jimmy Soto Díaz, subdirector saliente de la cárcel de Neiva, una liquidación total del Inpec sería una solución posible a la crisis penitenciaria del país. DIARIO DEL HUILA conversó con el abogado.

¿Cuál es la situación actual del Inpec?
Actualmente no cuenta con la ordenación del presupuesto pues los recursos de inversión y funcionamiento de las cárceles fueron entregados a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios la cual no ha tenido la capacidad de ejecutar la totalidad de los recursos asignados porque no se le han brindado las herramientas contractuales y legales para ello. Esta entidad es unidad ejecutora del Ministerio de Justicia que lleva operando cerca de dos años y a pesar de que han procurado hacer su mejor esfuerzo, sus resultados son inciertos.

¿Exactamente desde cuando se evidencia la crisis?
El centro de un problema que ha venido creciendo desde hace varios años. La crisis siempre ha estado a punto de tocar fondo, pero cuando la ven venir aparecen unas reformas y medidas a mediano plazo que no solucionan el problema pero que sí tranquilizan a la opinión pública por algún tiempo. Solo cuando entreguen las nuevas cárceles o la ampliación de nuevos cupos, y se den cuenta que el alivio de hacinamiento es mínimo o insignificante, se iniciará la verdadera discusión.

¿Cuál sería la salida a dicha crisis?
El Inpec no soporta una reforma más, se requiere un reingeniería y una liquidación de la entidad. La emergencia carcelaria decretada recientemente y la reforma al Código Penitenciario y Carcelario no han tenido el impacto esperado. Se necesita una verdadera reforma estructural de la política criminal y la política penitenciaria, nuestro país no cuenta con verdaderas políticas públicas en estos aspectos.
Además es urgente reestructurar al Inpec como institución para que sea una entidad verdaderamente jerarquizada, operativa y con garantía de recursos financieros y de personal que le permita atender las necesidades de los internos y brindar verdaderas garantías a sus derechos humanos y los de familiares o visitantes. También debemos adelantar mecanismos de prevención de orden social y en los casos en que se requiera “prisionalización”, tengamos toda la capacidad para adelantar la atención y el tratamiento penitenciario (resocialización) que, según mi experiencia, puede tener resultados efectivos de readaptación social.

¿Qué opina de la reforma al Código Penitenciario que tenía como propósito responder a la crisis?
El nuevo código no ha causado los efectos esperados por el Inpec y el Gobierno Nacional. El Inpec aseguró el pasado 19 de febrero que 1600 personas han gozado de algún beneficio o libertad por el nuevo código, pero no aclararon que regularmente en el mismo periodo es normal que de 800 a 1000 personas salgan en libertad o disfrutando de alguna medida extramural haciendo uso de la normatividad que anteriormente existía. Es normal que la gente salga de las cárceles diariamente o permitiéndosele algún beneficio y ahora lo quieren hacer ver como una novedad.

¿Se trata entonces de una estrategia informativa?
Cortinas de humo para ocultar que el problema no fue solucionado. Finalmente mientras la política criminal y la penitenciaria no tengan el mismo norte, es difícil que el país pueda enfrentar el problema. La opinión pública está desinformada especialmente desde que el Inpec es dirigido por generales de la Policía Nacional, quienes están preparados para dar golpes mediáticos de resultados, pero quienes por su investidura de Fuerza Pública -son soldados- no están preparados para plantear restructuraciones o diagnósticos institucionales.

¿Y los presos?
Precisamente en ellos se debe pensar dado que son los más afectados en el diagnóstico del sistema penitenciario colombiano y sufren diariamente del hacinamiento y la falta de capacidad institucional para atenderlos, en detrimento de su dignidad humana y muchos otros derechos fundamentales. Desafortunadamente las cárceles todavía son vistas como unos depósitos de delincuentes o criminales, pero no se nos pasa por la mente que buena parte de las personas que llegan a ellas merecen una segunda oportunidad.
Por otro lado, si bien es cierto que el Inpec cuenta con personal bien capacitado y de altas calidades, no hay condiciones con la infraestructura, apoyo y personal suficiente para cubrir todas las necesidades de atención, tratamiento y resocialización de la población reclusa.

¿Cree que hay intereses en que no se haga esa resocialización?
Lo que pasa es que el tema debe ser una política de Estado y no de una o unas pocas instituciones como el Inpec. Muchos internos están atentos a rectificar su camino y desean prepararse o ser perdonados para ser útiles a sus familias y a la sociedad. Un solo inocente en las cárceles o una sola persona que desee cambiar su rumbo, merece que tengamos un sistema penitenciario eficiente y garantista de los derechos humanos.