jueves, 19 de febrero de 2026
Judicial/ Creado el: 2016-09-07 09:07

Tres exalcaldes ante Procuraduría Provincial de Garzón

Los exmandatarios son investigados preliminarmente por faltas a la ley de contratación.

Escrito por: Redacción Diario del Huila | septiembre 07 de 2016

Guillermo León Sambony
Diario del Huila, Garzón

Tres exalcaldes de municipios del centro y sur del Huila, concurren a audiencias públicas ante la procuraduría Provincial de Garzón,  donde son  investigados  por presuntas irregularidades administrativas  en la que incurrieron durante el periodo constitucional de sus mandatos.

La primera en asistir a la audiencia de descargos el viernes anterior fue la exalcaldesa de Acevedo, Lucy Paiba Soto, a quien el ente disciplinario le abrió proceso por el nombramiento como alcalde encargado del municipio a un funcionario que no tenía el perfil para desempeñarse en el cargo.

Según se desprende de los cargos que le imputan a Paiba Soto, quien fue alcaldesa de Acevedo, durante el periodo 2012- 2015, la mandataria viajó a San Andrés  Islas, acompañada de su gabinete el 22 de mayo de 2014 a una jornada de recreación.

Al viajar la mandataria nombró como alcalde encargado por los cinco días de la jornada de recreación  al funcionario Mauricio Vargas, quien pertenecía al nivel asistencial de la administración violando la norma que indica que ante la ausencia justificada de los alcaldes, se debe nombrar como alcalde encargado a uno de los secretarios de despacho. 

Tras la audiencia de descargos, la exalcaldesa,  concurrirá nuevamente a la Procuraduría,  a la audiencia de pruebas que se realizará antes de finalizar el mes de septiembre.

Exalcalde de Tarqui

El segundo de los exalcaldes investigados en concurrir  a la Procuraduría Provincial, fue Carlos Tole, exalcalde del municipio de Tarqui, durante el periodo 2012 – 2015.

A Tole, la Procuraduría  le adelanta un proceso por una presunta violación a la ley de contratación, al contratar durante su periodo la compra de combustible  de manera directa sin ceñirse a la norma de la subasta inversa que permite a los entes territoriales escoger al proponente que  ofrezca el precio más bajo.

Según la investigación el exalcalde,  contrató de manera directa  el suministro del combustible con el mismo proveedor en cuatro oportunidades durante su periodo por un valor total cercano a los mil millones de pesos.

La audiencia pública de Tole, estaba programada para ayer martes, pero fue aplazada para la próxima semana, por el cambio de abogado de la defensa del alcalde.

“El abogado del alcalde era el Dr. Arnulfo Rojas Pascuas, quien renunció al caso, por su reciente nombramiento en la Electrificadora del Huila” manifestó a Diario del Huila, una fuente de la Procuraduría 

Ex alcalde Oporapa

En el día de hoy miércoles,  el turno es para el exalcalde de Oporapa de la vigencia 2008 – 2011, Jaime Calderón, quien asiste al despacho del Procurador Yofran Silva, a audiencia de descargos, dentro de un proceso de investigación por presunta violación a  la ley de contratación oficial.

Según el expediente Calderón,  a cuatro días de terminar su mandato en diciembre del 2011, contrató de manera directa con la ONG edificar de Colombia, la construcción del Colegio San José de Oporapa, girando la suma de mil ochocientos millones de pesos para el inicio de la ejecución del proyecto.

Cinco años después la obra quedó inconclusa y se convirtió en un elefante blanco  que tiene castigado al municipio al que le congelaron el giro de regalías del petróleo,  hasta que no se termine la construcción o se devuelva el dinero entregado a los contratistas al Fondo Nacional de Regalías.    

Finalmente otro de los concurrentes a audiencia pública a la Procuraduría Provincial de Garzón, dentro de esta ronda de lucha contra la corrupción del ente de control disciplinario,  es el ex secretario de gobierno de Isnos, Jesús Arturo Cerón, a quien se le investiga por haber suscrito un contrato de suministro de papelería para la alcaldía,  con la hermana del concejal  Efrén Carvajal Silva, en una clara violación a la ley de transparencia contractual oficial.