Se derrumba el 'imperio' Ariza

Fueron 28 bienes los que en los últimos cuatro días le fueron incautados a Armando Ariza Quintero, ex director administrativo de Comfamiliar Huila. Según las autoridades que adelantaron el monumental operativo, fueron 10 predios rurales, tres apartamentos, tres casas, tres parqueaderos, tres sociedades, tres vehículos, dos bodegas y un local en los departamentos de Bolívar, Cundinamarca y Huila. Según se estableció, cinco fiscales de unidades de distinta índole en la Fiscalía están tras la pista de los hechos delictivos presuntamente cometidos por Ariza Quintero y allegados a su círculo social.

Este lugar, junto con las demás propiedades, dan un contexto que nos recordaría las excentricidades que tenía en su momento el capo Pablo Escobar.  

La noticia la confirmó Andrea Malagón, directora de la Unidad Nacional de Extinción de Dominio, quien dijo además que vendrán más operativos de este tipo a otras propiedades de otras personas cercanas a la familia. “Este operativo comenzó el pasado lunes, encaminado al embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo de unos bienes que se encontraban en cabeza de Armando Ariza Quintero y del señor Clodomiro Rivera Garzón, ex alcalde de Garzón”, dijo.  

Más de $20.000 millones

Según el coronel Pablo Ruiz, subdirector de la Dijín, la investigación contra Ariza en el ramo de enriquecimiento ilícito y lavado de activos había ya iniciado desde hace un año. Todas estas propiedades sumarían aproximadamente más de 20.000 millones de pesos. “En esta investigación se destinaron 100 investigadores de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía para la ocupación y materialización de estos bienes ocupados”, resumió el alto mando policial.

La Policía desde hace más de un año le estaba haciendo seguimiento a las actividades comerciales del empresario.       

Ya en octubre de 2015, el vicefiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, había anunciado que entre los bienes que estarían expuestos a extinción de dominio estaría un lote de aproximadamente 50 hectáreas en inmediaciones de la laguna El Chaparro y La Jabonera, en el oriente alto de la capital huilense. La Caja pretende levantar allí la bautizada por ellos Ciudadela Jardín de Oriente en 2016.

Sobrecostos en un lote

En aquella ocasión, el alto funcionario dijo que son predios en los que presumiblemente habría un delito pues se compró a un valor cinco veces superior al comercial y con el que inicialmente fue adquirido. “Nosotros sabemos que Comfamiliar compró ese lote por un valor superior a 4200 millones de pesos, cuando meses antes el mismo lote había sido adquirido, por quienes lo vendieron a Comfamiliar, por un valor de 700 millones. Es decir, abrimos una nueva investigación para establecer si allí pudo haber algunas irregularidades”, estableció el fiscal.

En el año 2008, seis personas de Medellín compraron este lote por 700 millones de pesos, el mismo que seis meses después compró Comfamiliar en $4200 millones.

En el año 2008, seis personas de Medellín compraron el lote por 700 millones de pesos, el mismo que seis meses después compró Comfamiliar en $4200 millones. El negociado fue ratificado ante la Notaria Tercera, en donde avalan la compra con escritura pública. Al parecer, el negocio se logra gracias a que la Notaría es manejada por la familia de los hermanos Osorio, los mismos que son dueños de la Clínica Uros. Aquí, la Dijín y la Fiscalía evidenciaron un presunto lavado de activos en que se habría incurrido.

Este es un lote en el que Comfamiliar tenía pensado construir una urbanización que llamarían Ciudadela Jardín de Oriente en 2016.

Propiedades con plata ajena

Con estos recursos, según las autoridades, se adquirieron las 28 propiedades que fueron expropiadas durante los últimos cuatro días. “Esto se da en atención a que según nuestras investigaciones se llegó a la conclusión que las actividades ilícitas atribuidas a Ariza Quintero y Rivera Garzón trajeron como consecuencia la obtención de unos recursos económicos, provenientes de la salud del Huila”, explicó Malagón. En los próximos días se estaría realizando el mismo procedimiento judicial a otros familiares.

El lugar es una gran extensión de tierra, con verdes y ricos pastizales, aves exóticas, caballerizas, lagos ricos en peces y paisajes de exuberante belleza.        

En octubre de 2015, un fiscal de la Unidad Nacional Especializada de Extinción de Dominio y Lavado de Activos llamó a interrogatorio a María Cristina Farfán, esposa de Armando Ariza Quintero, a que justificara de dónde provenía su millonario patrimonio. Sin embargo, como el juez de control de garantías para entonces le prohibió al señor Ariza comprar o vender bienes durante los siguientes seis meses, fue necesario que se adelantara ese operativo, pues en febrero se cumplirían ese término.

Otras propiedades de Ariza

DIARIO DEL HUILA visitó dos de las propiedades que serían de Ariza en zona rural del municipio de Rivera (Huila) y en el oriente de la capital huilense. Una de estas es un lote de por lo menos 150 metros cuadrados, ubicado en inmediaciones de la calle 8 con carrera 52, contiguo a la construcción del nuevo Centro Comercial Santa Lucía Plaza. En esta propiedad se levanta una nueva estación de servicio, la cual sería de uno de los familiares de Armando Ariza. Esta sería otra de las sedes de la firma A y E Asociados Ltda.

Una de las propiedades que sería de los Ariza es un lote en el que se construye la nueva estación de servicio de la firma A y E Asociados.

La segunda propiedad es una finca que se ubica a 20 minutos del casco urbano de Rivera, por la vía que conduce al antiguo seminario San Sebastián. El lugar es una gran extensión de tierra, con verdes y ricos pastizales, aves exóticas, caballerizas, lagos ricos en peces y paisajes de exuberante belleza. Algunos de los pobladores de la zona dijeron que de la finca, que aseguraron era de Ariza, entran y salen vehículos de alta gama.

Otra propiedad de Ariza es una finca que se ubica a 20 minutos del casco urbano de Rivera, por la vía que conduce al antiguo seminario San Sebastián.

Orden de captura para el exalcalde

Entre las personas que estarían involucradas en el desfalco a la salud está Clodomiro Rivera Garzón, exalcalde de Garzón entre 2001 y 2003, a quien ayer le fue decretada una orden de captura en su contra por los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. En la actualidad, el hombre es contratista de la Procuraduría General de la Nación en Bogotá, docente universitario y además sería muy cercano al procurador Alejandro Ordóñez Maldonado.

En diciembre de 2013, Clodomiro ya había sido acusado de incurrir en los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por unos hechos ocurridos en su administración municipal entre 2001 a 2003.

En desarrollo del proceso, la autoridad estableció que se había hecho un peculado de $4.571’000.000, toda vez que los acusados habrían utilizado la figura de la tercerización para apropiarse de los recursos. Con esos recursos, al parecer, adquirieron propiedades que, luego de los interrogatorios y los análisis contables previos, no se logró justificar tales montos.