Sancionada junta del Acueducto El Caguán por desacato de tutela

Por desacatar una sentencia de tutela fallada a favor de Arsenio Vargas Castillo, la representante legal de la Junta Administradora de Servicio de Acueducto y Alcantarillado del corregimiento El Caguán, zona rural de Neiva, Ofelia Bonilla Lizcano, fue sancionada con un día de arresto domiciliario y pagar una multa consistente en un salario mínimo mensual vigente al tesoro nacional.

Y todo por no prestarle el servicio de acueducto en condiciones adecuadas. Bajo esta misma situación están 17 familias de la urbanización Villa Nohora y el resguardo indígena Tama – Páez La Gabriela quienes padecen, según sus palabras, de la desidia de tener un acueducto y no contar con agua.

Tutelar para acceder al agua

Además de Vargas Castillo, Gabriel Rodríguez Perdomo, María Paulina Gómez Cuéllar, María Llosa y por lo menos seis familias más han denunciado a la señora Ofelia por el mismo asunto. Algunas de estas han prosperado a favor de los demandantes, todas por el mismo asunto de negligencia en el préstamo del servicio de acueducto.

Aun así esta mujer las ha desacatado, aseguró la comunidad. En esta semana, le llegó un nuevo incidente de desacato en el que se sanciona a la administradora, pero que la mujer también “se lo podría pasar por la faja”, resalto Luis Fernando Cadenas Torrejano, vocal de control de los servicios públicos domiciliarios de Neiva. 

La tutela instaurada por Arsenio fue el seis de noviembre de 2012, la cual fallo a su favor. Sin embargo, la mujer hizo caso omiso a la orden del juez, por lo que le correspondió instaurar un incidente de desacato. Esta acción fue también fallada a su favor el pasado 20 de agosto de los corrientes.

“Me tocó tutelarla para que me facilitara el agüita potable. Yo soy una persona que tengo una discapacidad de pies y de brazos, y en mi caso es muy urgente el agua porque tengo también una infección que me exige contar con agua limpia, sin contar que tengo un problema en un riñón”, contó Vargas Castillo.

Daño en bienes de la comunidad

El señor de 51 años de edad, quien padece desde mucho una enfermedad que lo ha dejado cuadripléjico y postrado en una cama, denunció además que la administradora pagó a unos fontaneros para que cambiasen los tubos por unos más angostos y poder así justificarse ante las autoridades el no tener suficiente presión para llevar el agua a los pobladores.

Según muestra un video grabado por la comunidad denunciante y facilitado a DIARIO DEL HUILA, los dos fontaneros abren una brecha para extraer la tubería de cuatro pulgadas y la cambian por una de dos.

Por este hecho registrado en video, tres habitantes del sector, entre ellos el señor Arsenio Vargas, denunciaron por enésima vez a la administradora de la junta del acueducto. El material audiovisual ya fue puesto a disposición de la Fiscalía, la cual podría imputarle cargos de daño en redes utilidad pública a Ofelia Bonilla y a quienes aparecen en el video.

“En esta situación hemos visto una clara violación a los derechos fundamentales. Se ha negado la prestación del servicio, sin tener razones técnicas, ni administrativas, ni operativas”, dijo el vocal de control.

Denunciaron ‘politiquería’

Cadenas Torrejano denunció además que tras la negación del servicio por parte de la señora Ofelia a algunos habitantes del sector hay un posible peculado por omisión. “Presumimos que no quiere prestar el servicio sencillamente porque ellos no están con los candidatos que ella apoya. Ella está utilizando su cargo para hacer proselitismo político. ¿Qué justificación tiene que mientras a las familias afectadas no tienen agua a otras personas ha regalado por lo menos 500 acometidas y más en esta época preelectoral?”, denunció el vocal de control. Sobre estas presuntas irregularidades, dijo ya estar informadas las autoridades de Contraloría y Procuraduría también.    

Se intentó contactar a la administradora del acueducto para que respondiera estas denuncias, pero no fue posible la comunicación. Esta infraestructura fue construida con una inversión cercana a los 461 millones de pesos, durante la administración de Luis Jorge Sánchez García como gobernador del Huila.