Procuraduría destituyó a militares por asesinar civiles
Según el ente disciplinario, 17 militares activos incurrieron en graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario al haber dado muerte a tres personas, civiles que no habrían participado de hostilidades en el sur del Huila. Ahora el caso pasara a la Fiscalía para investigación penal.
En fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 20 años a 12 miembros del batallón de infantería número 27 Magdalena del municipio de Pitalito. Según el Ministerio Público, incurrirían en graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario.
El fallo señala que el 17 de enero de 2008, en desarrollo de una operación en límites de las veredas El Carmen y Chontillal del municipio de San Agustín, los uniformados asesinaron a un agricultor de 34 años de edad, residente en la vereda El Carmen. Según el documento, no participaba de las hostilidades.
Militares implicados
Los militares que habrían infringido el DIH fueron el sargento segundo William Andrés Capera Vargas, cabo tercero José Roldán López Cerón; y los soldados profesionales José Yati Anacona Bueno, José Alfredo Córdoba Vargas, Óscar Mauricio Álvarez Cuéllar, Humberto Javier Cerón Sánchez, Jorge Eliécer Urbano Ortiz, Eliécer Alonso Jojoa Ruiz, Fáiver Hernán Buesaquillo Quinayas, Darío Zúñiga Ruiz, Yiminson Hurtado Hurtado y Jhon Kenedy Guevara Campo.
Muerte por acción militar
Las pruebas demostrarían que este asesinato se produjo en el marco de la acción adelantada por esta unidad militar en zona. La investigación puntualizó en que estos militares no actuaron de la forma en que lo demanda la Constitución ni la Ley.
Fueron 17 los militares inhabilitados por haber asesinado a tres civiles.
Agrega la Procuraduría que, “de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario e Interno, los militares debían garantizarle al civil sus derechos, dada su condición de persona protegida”.
Otros destituidos
En un segundo fallo, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 18 años a cinco militares por la muerte de dos ciudadanos a manos del Ejército. Se explica que el 13 de julio de 2003, miembros del Ejército sacaron de forma arbitraria de su casa a un hombre y a una mujer y los condujeron desde la vereda La Merced hasta los alrededores de la vereda El Chocó y, en horas de la tarde, regresaron con ellos a la vereda La Merced, donde fueron dados de baja.
Los afectados con la determinación disciplinaria son los entonces tenientes Sergio Restrepo Moreno y Rafael Alberto Orduz Naranjo, los soldados profesionales John Zapata Escobar y John Góez Escobar, y el cabo tercero Esneider Nieto Duarte.
La entidad indicó que los integrantes del Ejército Nacional ya mencionados incurrieron en una infracción al Derecho Internacional Humanitario al causarles la muerte a dos personas que no participaron del conflicto armado.
Fotografia: Archivo particular.
