Pretendían sobornar también a funcionarios de la Contraloría

Ante un juez de conocimiento de la ciudad de Bogotá, fue radicado el escrito de acusación contra María Susana Portela Lozada, alcaldesa de Florencia (Caquetá). La exmandataria, quien fue avalada por el Partido de la U, está siendo investigada por los delitos de cohecho por dar u ofrecer en calidad de autora, en concurso con los de prevaricato por acción, falsedad ideológica en documento público y enriquecimiento ilícito de servidor público. La Fiscalía 22 de la Unidad Nacional Anticorrupción que lleva el caso intentó preacordar para negociar una rebaja de pena, pero la imputada lo rechazó.

Los otros acusados del escrito

En el mismo documento, se radica la acusación contra su esposo, Diego Luis Rojas Navarrete; Jair Díaz Díaz, secretario de Desarrollo Económico de Florencia y quien, además, fue alcalde del municipio de El Doncello (Caquetá); Nancy Liliana Barreto Mora, secretaria de Hacienda del Municipio; y los concejales José Manuel Medina Retavisca, Jorge Humberto Romero Mollano, Eduardo Silva Neira, Linio Antonio Casanova Carvajal, Yineth Yisela Caviedes Trujillo, José Manuel Garzón Medina, Sandra Liliana Lara Barreto, Juan Fernando Olarte Collazos, Óscar Eduardo Parra Toledo y Manuel Ramírez Espinoza.

Diego Luis Rojas Navarrete, esposo de la mandataria de Florencia, fue quien acordó con Isaza “comprar” a los concejales. Nancy Liliana Barreto Mora, secretaria de Hacienda del Municipio, certificaría en un falso documento que el municipio de Florencia tenía capacidad de endeudamiento. Germán Isaza Morales, ex asesor jurídico del Municipio, negoció con la Fiscalía su pena y confesó los delitos que se cometieron al interior de la administración de Susana Portela.

Los hechos punibles

Según el documento conocido en exclusiva DIARIO DEL HUILA, “mediante un pacto criminal entre María Susana Portela Lozada, su esposo Diego Luis Rojas, el asesor jurídico de la Alcaldía, Germán Isaza Morales; y el secretario de Desarrollo Económico, Jair Díaz, se acordó de manera ilícita comprar la función pública de 13 concejales del municipio de Florencia”, redacta el texto. Es así que los concejales, “solo motivados por el pago”, dice el texto, aprobaron el Acuerdo Municipal No. 023 del 28 de noviembre de 2014, por el cual adquiría el Municipio una deuda superior a su capacidad de endeudamiento.

Las “mentiras” de la secretaria

Para hacer este ilícito, la Fiscalía en el escrito asegura que estas personas falsearon el certificado de capacidad de endeudamiento del Municipio para la vigencia fiscal 2014. Este documento fue firmado por Nancy Liliana Barreto Mora, secretaria de Hacienda de aquel entonces, quien certificaría en dicho documento que “Florencia tenía una capacidad de endeudamiento que superaba casi al doble de la capacidad”, asegura la acusación.

Con base en esta falsa documentación, los concejales por mayoría aprobaron tal Acuerdo, quienes recibieron entre 80 y 50 millones de pesos para su aprobación. En total, se pagaron, según el escrito de acusación, 800 millones de pesos. Con este endeudamiento, estos funcionarios pusieron en riesgo la estabilidad y desarrollo económico de la capital caqueteña.

El texto contiene particularidades de los hechos punibles en los que habría incurrido ella, su esposo, su ex secretaria de hacienda y 10 de los concejales de la ciudad.

Les pagaron a cuotas

Como todo un negocio, y al mejor estilo de las mafias, los sujetos antes mencionados acordaron que un 25% de dichos 800 millones se cancelarían a los concejales hacia el mes de agosto de 2014. El dinero fue efectivamente entregado a los jefes de las bancadas en la casa del mismo asesor jurídico, Germán Isaza Morales. El otro 25% fue entregado para el mes de diciembre del mismo año, es decir, otros 200 millones de pesos. Finalmente, el resto de la plata se entregaría al momento en que el Municipio recibiera el empréstito por parte del Banco Popular de Florencia.

Pretendían comprar la Contraloría

Igualmente, la Fiscalía en su acusación asegura que Isaza, asesor jurídico del Municipio, en contubernio con la mandataria y su esposo, tuvieron como plan adicional “la compra y venta de algunos funcionarios judiciales y de funcionarios de la Contraloría Departamental de Caquetá que tenía a su cargo el estudio y decisión de legalidad del Acuerdo y conceptuar en el trámite del empréstito”. Esto último, fue lo encontrado por la Fiscalía durante las posteriores pesquisas realizadas a varias de las entidades del orden territorial en Caquetá, además de la confesión que haría el mismo Germán Isaza Morales a la Fiscalía en el marco de esta investigación.