Por no renovar licencia, paleros pagaron los ‘platos rotos’ en Rivera
Lágrimas en los ojos, manos que denotaban nervios y suplicas a Dios, fue el drama que se vivió ayer durante las audiencias preliminares por los familiares de las 21 personas capturadas por afectaciones al río Neiva, detenciones realizadas en la vereda Albadán del municipio de Rivera, el pasado miércoles.
Los detenidos por funcionarios de la subdirección seccional del CTI Nieva Huila - , BAEEV12 – CAM - RIME 5 - CACOM4 son: Abel castillo Santofimio, Israel Antonio Vargas, Estiven Vargas González, Miguel Ángel Trujillo, Édgar Carpeta Zuleta, Benicio Camacho Garzón, Marcos Raúl Hermosa Medina, Nelson Fernández Herrera, Ronald Montiel, Jhon Deiber Puentes Clavijo, Ancízar Andrade Gutiérrez, Álvaro Epia Castro, Jhon Jairo Espinosa Mora, Luis Carlos Culma Gómez, Crisanto Olaya Rodríguez, Alfredo Sánchez Gutiérrez, Jarrinson Ramos Serrano, Libardo Quintero Roa, Juan Carlós Corredor, Vidal Cachaya Páez, Víctor Alfonzo Méndez.
Fiscal pidió prisión
Ya en las audiencias concentradas, la Fiscal Séptima Seccional de Neiva, pidió a la jueza tercera penal municipal, medida de aseguramiento en contra de los detenidos, acusándolos de afectaciones al medio ambiente, explotación en yacimiento minero, aprovechamiento ilícito de recursos naturales e indicó “si los detenidos quedan en libertad es riesgoso que continúen atentando con los derechos al ecosistema”.
La delegada del ente acusador añadió “es probable que los sindicados continúen desarrollando la labor de paleo y conducción de volquetas y la posibilidad de que no comparezcan al proceso en su contra”.
“Daño al ecosistema es leve”
Ante la solicitud realizada por la fiscal del caso, la defensa de los sindicados expresó “la delegada del ente acusador no ha demostrado que los hoy detenidos pertenezcan a una empresa criminal, tampoco que continúen con la actividad presuntamente delictiva”.
También señaló el abogado “el peligro a la comunidad no es latente, ya que las volquetas utilizadas para extraer la arena fueron decomisadas, además son personas humildes, trabajadoras y obtienen la supervivencia de la labor desempeñada y ante la posibilidad de la no comparecencia es una tesis desvirtuada porque tienen arraigo, son conocidos en el municipio de Rivera y tienen su familia radicada ahí”.
Asimismo, la defensa presentó documentos en los que la comunidad de Rivera da fe de conocer a los hoy detenidos. De igual manera, el abogado hizo referencia al concepto técnico realizado por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena en su visita al afluente, en el que está consignado que la importancia de los impactos ambientales es de 12, es decir, la afectación al ecosistema es leve. Y en un año indica el representante de los sindicados, se puede recuperar el río y si hay intervención de organismos ambientales el proceso duraría seis meses. El daño no fue totalmente grave, indicó el funcionario a manera de conclusión.
Un punto que genera controversia de estas detenciones, es que para sustraer material para construcción existía una licencia ambiental, que caducó en diciembre de 2015 y el anterior alcalde de Rivera, habría olvidado renovar la solicitud. Sin embargo, un funcionario cercano a la administración indicó que el alcalde actual se encuentra adelantando los trámites para reclamar la adquisición de este documento.
Una voz en solidaridad de los sindicados, Esteban Ramírez, presidente de la Asociación de Volqueteros indicó “para nosotros no es fácil que nos otorguen una solicitud para extraer material para la construcción y lo que me da tristeza, es que la fiscal pida que a nuestros amigos los envíen a la cárcel, mientras el ANLA y el Ministerio de Ambiente, ha permitido que empresas grandes exploten los recursos naturales y son quienes más han causado daños al ecosistema, un ejemplo claro es el daño ecológico causado por la construcción de la Hidroeléctrica El Quimbo, por eso nos vemos obligados a volvernos ilegales. Necesitamos que el Gobierno Nacional de una pronta solución para poder o trabajar”.
Por último, la jueza que conoció el caso les dictó medida de aseguramiento a los 21 sindicados de afectaciones al ecosistema en domicilio, debido a las pruebas que presentó la fiscal del caso.
