Ordenan captura de reconocido empresario huilense

A Adolfo Castillo Lozada, reconocido empresario distribuidor de combustible en Neiva y hermano de un prestigioso ganadero huilense, el juzgado 30 Penal del Circuito de Bogotá, le libró la orden de captura por incurrir en conductas punibles.

Ayer en un comunicado suscrito por las autodenominadas ‘víctimas’ de Castillo Lozada, afirmaron que las conductas del investigado fueron “cometidas en contra del Estado colombiano y de las sociedades Movilgas Ltda, estaciones de servicio Alvarado Rico S en C, Gerardo Javier Alvarado Cubillos y Luz Mariba Rico Narváez”.

Lo que se sabe es que lo investigan por tres delitos: peculado por apropiación, falsedad en documento público e interés indebido en la celebración de contratos. Conductas punibles que se originaron por negocios ocurridos en Neiva (por venta de combustible) entre los años 2011 y 2012.

“Los hechos objeto de debate judicial  generaron que la Fiscalía General de la Nación y las víctimas reconocidas a través de apoderados judiciales, solicitaron la imposición de medida de aseguramiento consistente en detención intramural en centro carcelario”, afirma el comunicado.

¿Dónde está Castillo?

DIARIO DEL HUILA ayer trató de ubicar a Castillo Lozada a través de uno de sus hermanos que reside en Neiva, quien afirmó que él estaba en Brasil y que el lío de su hermano con la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) era algo ya superado.

Lo que pudo establecer este medio de comunicación es que  el dinero que está en juego en el caso de Castillo Lozada supera los $7000 millones.

De acuerdo con lo establecido en desarrollo del proceso, hay ocho personas involucradas junto a Castillo, quienes tienen relación con los hechos acaecidos con la adjudicación de las sociedades  Movilgas Ltda. y Estaciones de Servicio Alvarado y Cía., conformadas por 15 establecimientos de comercio; que al parecer se efectuaron omitiendo el proceso de invitación pública y sin cumplimiento de los requisitos que exige la ley.

Más imputaciones

Por las irregularidades que se presentaron en la Dirección Nacional de Estupefacientes, relacionadas con la adjudicación de bienes que administraba esa entidad, la Fiscalía General de la Nación realizará imputación de cargos hoy y el próximo 17 de marzo, contra ocho personas, entre ellas tres funcionarios.

Los investigados deberán comparecer en audiencia pública por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Por otra parte se determinó que las utilidades que producían estas sociedades no fueron reportadas a la DNE y que se habría presentado un cambio de razón social de los adjudicatarios.

Los funcionarios que serán imputados son Luis Fernando Sachica Méndez, Publio Orlando Melo Ortiz y Carlos Enrique Robledo Solano, asimismo los particulares Óscar Buitrago Londoño, Antonio Carvajal Coll, Adolfo Castillo Lozada, Deiby Rojas y Alejandro Yepes.