Más de cien pruebas en caso Rodrigo Lara Bonilla

El vicefiscal general, Jorge Fernando Perdomo, anunció que en la investigación que se adelanta por la muerte de Rodrigo Lara Bonilla, exministro de justicia, se han realizado más de cien pruebas en los últimos años. Según el funcionario, estas acciones tendrían consecuencias cercanas para “tomar algunas decisiones o avanzar más en la investigación”. El crimen ocurrió el 30 de abril de 1984 en el norte de Bogotá. Sicarios pagados por el cartel de Medellín, en cabeza de Pablo Escobar Gaviria, le quitaron la vida después de que denunció la relación entre narcotraficantes y políticos.

De igual forma, Perdomo resaltó que luego de que el año pasado se declaró el magnicidio como delito de lesa humanidad -no prescribe la acción penal-, les permite continuar con las indagaciones. Por su parte, en la conmemoración de los treinta años del infortunado suceso, llamó la atención sobre “la impunidad absoluta” en que se encuentra la muerte de Lara Bonilla. “Después de 30 años no se han presentado avances para identificar e individualizar a los autores materiales e intelectuales del homicidio”.

Rodrigo Lara Restrepo, hijo del inmolado y representante a la Cámara, declaró que después del asesinato del juez que llevaba el juicio en contra de los sicarios en el año de 1985, las investigaciones se frenaron y no se tomaron decisiones de fondo. De igual forma, afirmó que también contó con la complicidad de dirigentes políticos, quienes actualmente están en la arena pública. El pasado 30 de abril, la familia solicitó una cita para la entrega de nuevas pruebas que pueden “mover el proceso”.

Los primeros relatos del asesinato
Un hombre que fue capturado horas después del magnicidio, y que era quien iba en la motocicleta desde la cual se disparó contra el exministro, comentó que a los sicarios los contrataron en Medellín con un adelanto de veinte mil pesos. La misión que les encomendaron era la de “asesinar a un señor de un Mercedes blanco”. Efectivamente, una bala sorprendió a Rodrigo Lara Bonilla después de salir a las siete de la noche de su oficina. Uno de los atacantes murió en la reacción de uno de los escoltas.

En septiembre de 2012 el fiscal general, Eduardo Montealegre, declaró el asesinato como crimen de lesa humanidad para que la investigación no prescribiera. “Ha habido algunos resultados, una persona condenada. Se han logrado identificar los autores materiales y se sabe en qué contexto se realizó este crimen. Sin embargo, la Fiscalía considera que aún hay algunas acciones investigativas que deben adelantarse y por eso aún no ha prescrito”, expresó en ese momento el vicefiscal Perdomo. Alzate Urquijo, alias El arete, extraditado a Estados Unidos y John Jairo Velásquez, alias Popeye eran los testigos en la nueva fase.

*Foto: Kienyke