Militares se declararon inocentes

REDACCIÓN JUDICIAL
Diario del Huila, Neiva
Uno a uno, los soldados profesionales pasaron ante el micrófono y le manifestaron al juez su inocencia, motivo por el cual el representante del poder judicial determinó que serán amparados por la figura de presunción de inocencia. Mientras tanto, la fiscal especializada en Derechos Humanos, Paola Chamorro, afirmó que demostrará la responsabilidad de los militares en la muerte de los jóvenes. Por su parte, el padre de una de las víctimas confesó que está “trastornado” por la extraña manera en que desapareció y murió su hijo.
Jairo Alonso Carvajal Caro, Felipe Andrés Calderón, Henry Lozano, José Aníbal Trujillo Hernández, Julio César Ramos Zapata, José Fidel Orjuela López, Juan José González y Óscar Cárdenas Sánchez se presentaron como militares adscritos al Batallón de Infantería número 27 del Batallón Magdalena de Pitalito y su abogado Wilson Bravo dijo que la Fiscalía y sus representantes no lograrían probar que ellos habrían hecho pasar a Perdomo Claros y Lizcano Cedeño como extorsionistas dados de baja en combate.

Pruebas de la Fiscalía
Chamorro, en una de sus intervenciones, señaló que no hay posibilidad de que dos jóvenes con dos armas de menor alcance se enfrentaran a todo un pelotón. De igual forma, la fiscal mencionó todos los fundamentos que pondrá a disposición del juez para que dicte sentencia condenatoria bajo el cargo de homicidio en persona protegida en concurso homogéneo.
Entre las pruebas se encuentra el acta de levantamiento de los cuerpos, los resultados de las necropsias, el registro de defunción, la denuncia de desaparición efectuada por el progenitor de Juan Perdomo Claros, entre otros documentos.

Declaración de testigos
Juan Perdomo Reyes y Alba Luz Cedeño fueron los primeros testigos en la audiencia quienes contaron aspectos de la vida de sus hijos como el hecho de sufrir adicción a las drogas, el lugar de residencia, las prácticas cotidianas, las personas que frecuentaban y si manejaban o no armas de fuego. En las declaraciones se reflejó que los jóvenes dados de baja no tenían ninguna razón para viajar al municipio de Suaza- zona donde fueron hallados los cuerpos- y que el único problema que sufrían era el consumo de psicoactivos.
Entre sollozos, doña Alba Luz relató la forma en que se enteró de la muerte de Albert Augusto y don Juan expresó su profunda desesperación para que se haga justicia. “Para mí fue sorprendente, él no tenía por qué salir de Neiva, a mí se me hace muy raro la muerte y lugar donde encontraron a mi hijo”, expuso. Por su parte, la defensa de los militares tuvo pocas preguntas para los testigos.

Los militares están libres
Los ocho acusados gozan de plena libertad por vencimientos de términos. Mientras tanto, en la audiencia quedaron en firme como hechos probados su calidad de servidores públicos y de militares el 15 de febrero de 2008, fecha en la que se reportó la muerte de los dos consumidores de drogas. “No se trató de muertes en combate sino de un plan criminal para llevarlos a la Vereda Las Palmas, ejecutarlos y presentarlos como resultados exitosos (...) allí hubo contribución objetiva, división del trabajo y el cumplimiento de un previo acuerdo”, puntualizó la fiscal.

Las audiencias continúan
Las audiencias de juicio oral continuarán hasta el jueves. Rendirán declaración el médico forense encargado de las necropsias, el funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) que participó en las labores de identificación de los occisos y un habitante de Suaza, conocedor de la región, que daría pistas acerca de la inexistencia de amenazas o extorsiones en el tiempo en que sucedieron las muertes.
En caso de ser declarados culpables, los soldados tendrían que pagar una condena de treinta a cuarenta años de prisión y una multa de 2666 a 7500 salarios mínimos legales vigentes (smlv). Ellos, casi todos con corte militar, evitaron mostrar sus rostros y en el receso tuvieron tiempo para bromear entre sí.