Militares huilenses, vinculados en desfalco al sistema de salud de las FF. MM.

La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de 35 personas, entre ellas, 17 militares activos, 15 militares retirados, 2 médicos externos y 1 civil al servicio de la Fuerzas Militares, que al parecer hacían parte de dos redes dedicadas a realizar cobros ilegales, toda vez que traficaban conceptos médicos falsos que permitían el reconocimiento e incremento de pensiones por invalidez e indemnizaciones fraudulentas.

Estas personas tendrán que responder ante la justicia por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción y omisión, y peculado.

La neutralización de estas bandas delincuenciales, se dio luego de que el Ejército Nacional, con el apoyo de la Dijín y la Fiscalía General de la Nación hicieran un seguimiento a las denuncias recibidas sobre las supuestas irregularidades que se estaban dando dentro de las fuerzas militares en la obtención de conceptos médicos y juntas médicas.

Según informó la Fiscalía en un comunicado, hasta el momento la afectación a las arcas públicas por irregularidades detectadas alcanza la cifra de los 24.000 millones de pesos, correspondiente a $20.000 millones en indemnizaciones, y $4000 millones por concepto de pensiones.

"Hasta el momento se ha establecido que 200 miembros del Ejército acudieron a esta red delincuencial para mejorar su situación económica; pero aún se está trabajando en esto porque la investigación indica que hay más miembros de esta fuerza militar que habrían iniciado trámites con este grupo", añadió el ente acusador.

La investigación

Esto dijo la Fiscalía, luego de emitir información sobre el desfalco al sistema de salud y pensional de las Fuerzas Militares.

"Los trabajos que permitieron descubrir las irregularidades datan del 12 de junio de 2013 cuando la Jefatura de la Sección de Medicina Laboral de la Dirección de Sanidad del Ejército se enteró de los resultados de un proceso de auditoría realizado a los expedientes de las juntas en las cuales se detectaron varias irregularidades relacionadas con documentación, cuya consecuencia final era un presunto favorecimiento ilícito a un grupo de personas retiradas del servicio activo del Ejército Nacional.

La labor de los auditores permitió establecer que la organización se dedicaba a la obtención de indemnizaciones y pensiones a personal activo y retirado, generando desembolsos mayores a los cuales tenían derecho o generando derechos inexistentes. De una forma premeditada e irregular tramitaban ante la Dirección de Sanidad del Ejecito Nacional las disminuciones de la capacidad laboral.

A través de una serie de entrevistas efectuadas a un retirado del Ejército y a la jefa de la Oficina de Calidad y Atención al Usuario de la Dirección de Sanidad, se establecieron los posibles actos de corrupción en Bogotá y Neiva

Esto permitió establecer que en el desfalco participaron dos organizaciones delincuenciales diferentes. La primera asentada en la ciudad de Neiva y la segunda operaba en la capital de la República. Precisamente fue en estas ciudades y en Medellín, San Vicente del Caguán, Puerto Berrio, Ibagué y Yopal, donde la Dijín, la Fiscalía y el Ejército, realizaron las capturas. En total, las personas vinculadas hasta ahora son dos tenientes coroneles, un mayor, dos tenientes, un capitán, un sargento mayor, siete sargentos primeros, ocho sargentos segundos, cuatro sargentos viceprimeros, un cabo primero, un cabo segundo, dos soldados profesionales, tres médicos y un abogado”.

El fiscal general (e), Jorge Fernando Perdomo, explicó que “tenemos estimado que la red vendría operando desde hace ya unos seis años. Esta investigación la iniciamos a finales del 2013. Tuvimos una información que empezamos a trabajar con nuestros fiscales dedicados al tema del eje temático de la salud. El detrimento al dinero de la salud podría estar entre los 25.000 millones de pesos”.

“Esto no significa, por supuesto, que la defraudación no sea mayor. Vamos a seguir investigando; hemos dado un paso importante pero todavía nos falta por esclarecer muchas cosas”, continuó el fiscal.

Según indicó el señor Perdomo, estas organizaciones delincuenciales tienen una estructura perfectamente jerarquizada y con permanencia en el tiempo. La adulteración y elaboración de conceptos médicos de los usuarios en la organización de Bogotá tenía una tarifa de aproximadamente 22 millones de pesos para asegurar una pensión más elevada y el 40 por ciento por indemnización.

Asimismo, dijo que se ha podido establecer que las organizaciones contaban con la colaboración de médicos especialistas en diferentes ramas de la medicina, quienes reciben aproximadamente cinco millones de pesos por entregar conceptos que no correspondían a la patología de los usuarios.

Cómo operaban en Neiva

Mientras tanto, la Fiscalía señaló que en Neiva se iniciaba el trámite con un pago de 2 millones de pesos y la tarifa alcanzaba el 10 por ciento por indemnización. La investigación determinó que por acción de estas bandas de delincuentes, cada persona recibiría entre 60 y 100 millones de pesos por indemnización.

Según información preliminar, en Neiva serían ocho personas las involucradas en la supuesta red de estafadores al sistema nacional de salud del Ejército. Se confirmó que una de ellas en un sargento activo, quien fue capturado en las instalaciones de la Novena Brigada, y la otra es una profesional de sicología, capturada en la ciudad de Bogotá. Ambos estaban vinculados directamente con la Novena Brigada.

Las otras seis personas restantes, serían militares retirados, que fueron sorprendidos por las autoridades en diferentes puntos de la capital huilense. En la Novena Brigada no ha habido hasta el momento un pronunciamiento entorno a la investigación de la Fiscalía.

“Las capturas hacen parte de la primera fase de la investigación penal por este detrimento patrimonial al sistema pensional y de salud de las Fuerzas Militares, seguimos avanzando con nuestros fiscales especializados en temas de salud en la desarticulación de esas redes que a lo largo de todo el país en este caso en Neiva y en Bogotá han venido afectando la salud de los colombianos”, explicó el fiscal general (e).

Las medidas que tomará el Ejército

 A su vez, por medio de un comunicado, el Comando del Ejército condenó estos hechos y reiteró que no tolerará ningún caso de corrupción donde se encuentre vinculado alguno de sus integrantes. Anunció que tomará medidas anticorrupción entre las que se cuentan:

-Mayores controles a los conceptos médicos.

-Se incrementarán las auditorias en todos los centros de salud militar.

-Se capacitará a los jefes de dispensario y personal de control interno.

-Reducción del déficit fiscal, mediante la implementación de medidas de controles en todos los niveles para un mejor servicio.

Foto 1: En Neiva y otras seis ciudades se desarrolló la redada contra militares implicados en desfalco en servicio de salud.