Militares habrían conseguido falsos testigos

En audiencias de juicio oral contra ocho militares por el caso de dos posibles ejecuciones extrajudiciales en el municipio de Suaza, dos testigos de la Fiscalía declararon que un suboficial del ejército disuadió a una pareja de habitantes de la zona para testificar que los jóvenes dados de baja eran extorsionistas.

El primero en pasar a testificar ante el juez Segundo Penal del Circuito Especializado de Neiva fue el investigador de la Fiscalía quien visitó el Batallón de Infantería No. 27 Magdalena, en Pitalito, para llevar a cabo inspecciones sobre la orden de operaciones y la munición gastada en la acción militar denominada Soberanía y en la que militares dieron de baja a dos jóvenes como supuestos extorsionistas de las Farc. Además viajó a la vereda La Palma del municipio de Suaza, lugar de los hechos, a realizar entrevistas a los habitantes de la zona para averiguar sobre si conocían a los muchachos o habían sido víctimas de extorsiones.

Testimonios reveladores
Según el investigador, en el informe de operación los militares indican unas veredas que no corresponden a las coordenadas que especifican. En el documento se habla de que los militares estuvieron en las veredas La Primavera y Divino Niño pero las coordenadas, según estudio del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, corresponden a La Palma, zona donde ultimaron a Juan Perdomo y a Albert Augusto Lizcano en un presunto combate. Por otro lado, su trabajo de campo le permitió recoger versiones que negaron la presencia de guerrilleros, que no había víctimas de extorsión y que no conocían a los muertos.

Por otro lado, las conversaciones que tuvo con campesinos le permiten inferir que se realizaron falsos testimonios y uno de ellos declaró ayer en la audiencia. Bajo juramento, “dijeron que el mismo personal del Ejército que dieran unas declaraciones ante el Juzgado Penal Militar en la Casa de Justicia entre ellos un señor que se llama José Antonio ‘Chepe’ Sotelo que afirma que el día de los hechos fue a verificar si a las personas muertas y no”.

Sotelo también narró lo sucedido ayer en el juicio oral. Dijo que un soldado, a quién reconoció entre los acusados, le dijo que un suboficial de apellido Capera lo esperaba en la vereda Calixto, límites con La Palma. Allí le habrían pedido “colaboración” para hacer una declaración en el municipio de Suaza para cerrar la investigación. Le pidieron que dijera “que esas personas que habían sido asesinadas lo habían extorsionado el día anterior junto con otras dos más, que le habían solicitado dos millones de pesos y que sólo les había dado quinientos mil porque no tenía más plata”.

A otra persona, quien testificará ante el juez en una fecha que está por determinar, al parecer le dieron medio millón de pesos para que también se declarara como víctima de los jóvenes, que tenían problemas de drogas y que vivían en Neiva y Garzón. Para don Juan Perdomo Reyes, padre de una de las víctimas, “todo ha salido bien”.