Medida de aseguramiento para implicados en escándalo de salud

Ayer en horas de la noche  el Juez Tercero Penal  Municipal con Funciones de Garantías, profirió medida de aseguramiento en centro carcelario a los implicados en el escándalo de salud.

El Juez expresó que serían enviados a la cárcel ya que al dejarlos en libertad, podrían manipular las pruebas y obstruir el proceso que llevaban en su contra. Terminada la audiencia donde se dio a conocer la medida de aseguramiento, los apoderados de los imputados apalearon la decisión del juez, sin embargo, anoche todos los detenidos fueron enviados a prisión, al parecer en Neiva.

Mario Montes, fiscal de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación, fue el encargado de hacer público el alcance de la investigación que dejó como resultado la captura de estas personas en Neiva y Bogotá, y ayer en una nueva rueda de prensa expresó que “jugaron con la salud de las personas y ante la investigación hecha, la Fiscalía pidió medida de aseguramiento; era necesario enviar a la cárcel a estos  implicados, para impedir que estos desde sus cargos, puedan interferir u ocultar evidencia”.

Los hechos

Los investigados son: Armando Ariza Quintero, director de Comfamiliar; Juan Pablo López Rebollón, gerente de Mediláser; Ramiro Paredes González, exalcalde de La Plata; como también los exgerentes de Mediláser María Marjorie Zuluaga Arenas, Carlos Francisco Tovar Trujillo; Édgar Bonilla Ramírez, exalcalde de Garzón y actual candidato al mismo cargo, todos fueron capturados en días pasados por supuestas irregularidades en el manejo de recursos del sector salud que superan los 25 mil millones de pesos.

Adolfo León Ubajoa, exalcalde de La Plata y Ana Isabel Bernárdez Triana, exgerente de Mediláser y actual gerente de la Nueva EPS, les profirieron la medida de detención domiciliaria.

Según el investigador, los hechos por los que fueron procesadas estas personas tienen que ver con la contratación que hizo Comfamiliar para la prestación del servicio de salud a pacientes del régimen subsidiado, específicamente en los municipios de La Plata y Garzón.

“De manera irregular y buscando favorecer a toda costa al contratista, pactaron la prestación del servicio de salud para todos los afiliados al régimen subsidiado de salud del Huila, con la IPS Mediláser para los años 2006 a 2011, cuando Medilaser no estaba habilitado para funcionar en la zona centro y occidente del Huila, ni contaba con la infraestructura física necesaria para prestar este servicio, siendo éstos requisitos esenciales para que se pudiera contratar con esta entidad. Tales contratos se hicieron bajo la modalidad de capitación en cuantía de 25 mil millones de pesos aproximadamente”.

“La fiscalía sigue avanzando y vienen nuevas fases, ya hemos podido identificar cinco clínicas más que se encuentran involucradas en hechos de la misma naturaleza. A medida que vayamos teniendo resultados vamos informándole a la opinión pública”, indicó el fiscal.

Las investigaciones continúan

Pero también el Fiscal expresó que las indagaciones seguirán haciéndose a los capturados y más cuando se habla sobre el posible lavado de activos “en vista de la contundencia de la investigación adelantada, por orden del señor fiscal, se han abierto los correspondientes procesos de extinción de dominio y lavado de activos. Los fiscales analizarán si hubo incrementos injustificados de los patrimonios de estas personas capturadas y si con ello adquirieron bienes muebles e inmuebles”.

Los alcaldes de los municipios de La Plata y Garzón durante los años 2006 a 2011 realizaron contratos de administración de recursos para la salud con la EPS Comfamiliar S. A. sin cumplir con los requisitos mínimos para la negociación y suscripción de los acuerdos para la prestación de los servicio de salud en el régimen subsidiado, además sin efectuar un concurso público.

“Otro de los problemas que encontró la Fiscalía es que esta contratación que se hizo con las ESE de los municipios se hizo en la modalidad de evento controlado, es decir que se prestara atención a los usuarios del Sisbén hasta por determinada suma de dinero, de tal manera que si había muchas personas enfermas o se presentaba una epidemia rápidamente se copaba esa suma, quedando en total desprotección por el resto de tiempo los afiliados”, dijo Mario Montes, fiscal de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación.