Las quejas que recibe la Defensoría del Pueblo

Cada día llegan a la sede de la Defensoría del Pueblo decenas de personas a presentar quejas o pedir asesoría. A las dependencias de salud, niñez, indígenas, medio ambiente y derechos colectivos, prevención y protección, víctimas, desplazamiento forzado y las demás, arriban personas a manifestar sus inconformidades respecto a la vulneración de sus Derechos Humanos. En el 2013, hubo un total de 1.260 querellas y las inconsistencias en el sistema de salud provoca la mayoría de ellas.

De manera creciente, se instauran por asuntos relacionados con la fuerza pública y sobre desplazamiento forzado. Así, los procedimientos para definir la situación militar y los excesos en el uso de la fuerza en eventos de movilización social, son motivos recurrentes para que los ciudadanos acudan a esta entidad del Estado a solicitar la garantía de sus derechos. “En cuanto a los movimientos sociales siempre va a haber violación de derechos porque se actúa por medio de la fuerza”, expresó Constanza Dorian Arias Perdomo, Defensora del pueblo Regional Huila.

Desplazados que repiten

Respecto al desplazamiento forzado los datos no son claros al parecer, a causa de la falta de actualización de los datos y fallas en el sistema de vinculación de víctimas del fenómeno. “Hay un desorden en la rendición de las declaraciones y eso origina una inflación de las cifras. No hay una base de datos que permita verificar si alguien está incluido o no”, agregó Arias Perdomo. No obstante, afirma que desde instancias nacionales han manifestado que se “van a hacer esfuerzos para realizar los filtros”. “La gente está buscando ventajas en diferentes lugares”, señaló.

La función de la Defensoría es pasar los datos a las entidades territoriales- municipios y departamentos- para que éstas actúen y que los derechos que otorga la ley sean efectivos. “Se han generado recomendaciones para exigir a los municipios que cumplan con sus deberes y hacemos el seguimiento. Es importante que tomen las declaraciones para que no se vayan para otros lados”, declaró la abogada.

Los amenazados

Aquellos que pasan el reporte como víctimas de intimidaciones o amenazas, la Defensoría del Pueblo gestiona el proceso de calificación del nivel de riesgo ante la Unidad Nacional de Protección. Entre dos o tres meses se puede demorar un caso y si es muy urgente, se solicita a la Policía que estime medidas preventivas que son acordadas de manera anticipada con quien presenta la denuncia.

En cuanto a los defensores de Derechos Humanos están documentados cuatro casos de asesinados en el Huila, dos en el municipio de Algeciras, uno en Tarqui y otro más en Campoalegre. La Defensoría advierte del riesgo y hay alerta de protección en  la localidad de Colombia, norte del departamento. En el país, 80 defensores fueron masacrados en el año 2013.