Las acusaciones de la Fiscalía contra el alcalde de Garzón

La Dirección Seccional de Fiscalías Huila, confirmó que con el burgomaestre fueron capturados Moisés Arturo Murcia Franco, ex director del Departamento Administrativo de Planeación; Tatiana Bohórquez Sánchez, ex asesora jurídica de la administración municipal de Garzón; Leifer Cerón Velazco, tesorero municipal; Sandra Natalia Fajardo Santofimio, personera de Garzón; Hernán Jaramillo Morera, esposo de la personera; y los contratistas de la alcaldía, Camilo Andrés Jiménez García, Oscar Mauricio Ramírez Valderrama, Hamilton Lugo Maldonado, Saúl Clavijo Ortiz y Harley Rojas Falla.

De acuerdo con Harol Fierro Arias, directorSeccional de Fiscalías Huila, quien habló para los medios esta mañana, la investigación a estas personas surge a raíz de las denuncias que hicieron varios concejales de la municipalidad de Garzón, que estaban enmarcadas por las presuntas irregularidades que habría cometido el señor alcalde en varios contratos de alquiler de maquinaria, suministro de combustible, adquisición de repuestos y mantenimiento de la maquinaria pesada para el municipio.

“Los hechos que dan origen a esta investigación están relacionados el 24 de enero amanecer el 25 del año 2012, cuando se presentaron unas fuertes lluvias en el departamento del Huila y gran territorio nacional, que en este caso particular afectaron la parte alta de la vereda La Primavera del municipio, generándose una avalancha que causó la pérdida de vidas humanas, cultivos, la destrucción de algunas viviendas, la afectación de puentes tanto vehiculares como peatonales de la red vial veredal, aislando dicha vereda de las circunvecinas”, manifestó el director.

Esta situación generó que el señor alcalde de Garzón, decretara la urgencia manifiesta mediante los decretos 042 del 25 de enero y 125 del 17 de abril del 2012. “El objeto de la urgencia manifiesta lógicamente está encaminado a atender en el término de 3 meses a su declaratoria las situaciones que habían sido adversas al sector rural del municipio de Garzón. El desastre natural azotó también otras veredas como Mesitas, San José de la Florida, Filo de Platanares, Pan de Azúcar, Paloquemado, Las Brisas, El Paraíso.

Posteriormente a la declaratoria del primer decreto de urgencia manifiesta el 17 de abril, el alcalde municipal declara continuar con la urgencia manifiesta para atender, en este caso, durante los tres meses siguientes la continuidad de la emergencia surgida por los hechos del 25 de enero y los acontecidos del 14 al 17 de abril del mismo año, reitero, ocasionado por la ola invernal que se presentaba para esa fecha”, explicó el directivo.

Y continuó, “sin embargo esa forma de contratación a través de la urgencia manifiesta no fue empleada en debida forma ya que se empleó la contratación directa a través de la figura manifiesta para cometer unas conductas que lesionan la administración y el erario público. En ese orden de ideas los delitos que enmarcan ese actuar, tenemos el peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contratos sin cumplimientos de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, tráfico de influencias de servidor público, y violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades. Este tipo de conductas, de corrupción impiden que los dineros públicos lleguen a sus verdaderos destinatarios, en este caso todas las personas del sector rural que estaban siendo afectadas por este desastre naturales. Apenas se levantaban de una crueldad climática y sin embargo los dineros fueron utilizados en propósitos distintos con unos sobrecostos que no se compadece con los principios esenciales que gobiernan la contratación estatal”.

Harol Fierro Arias, reiteró que dentro de los contratos que son objetos de investigación, están el de repuestos para maquinaria pesada, alquiler de volquetas, contratos para alquiler de retroexcavadoras, contratos pata el suministro de combustibles destinados a la maquinaria pesada del municipio de Garzón, y contratos para la rehabilitación de acueductos veredales.

Indicó el director, que son 26 los contratos objeto de investigación y que se habrían realizado dentro de la declaratoria de la urgencia manifiesta, los cuales tienen un valor aproximado de $2.250 millones.

Dos de las capturas se realizaron en la ciudad de Neiva y las restantes en el municipio de Garzón, luego de que fueran solicitadas por el fiscal a un juez de control de garantías que las expidió. El apoyo de la investigación viene siendo brindado por la Policía especializada del grupo anticorrupción del CTI seccional Huila, y los capturados a esta hora están a la espera del inicio de las audiencias, las cuales se van a realizar en la capital huilense.