La masacre en Gigante, un crimen cometido por el Ejército del Huila

A pagar la suma de $225’522.500 de pesos fue condenado el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional por un nuevo caso de ejecución extrajudicial o lo que se conoce como ‘falsos positivos’. En esta ocasión, se responsabilizó a cuatro soldados por “falsear la realidad”, calificó la sentencia, con el fin de hacer pasar a estas cuatro personas como miembros de la Columna Móvil Teófilo Forero Castro de las Farc. Los hechos acontecieron el 23 de enero de 2007, en la vereda Potrerillos del municipio de Gigante (Huila) y dados a conocer al siguiente día de ocurridos los asesinatos como bajas en combate a los medios.

De acuerdo con la decisión, proferida el 26 de noviembre de 2015 por el Tribunal Administrativo del Huila, presidido por el magistrado Roberto Mario Chávarro Colpas, a esta persona –hablando de Orlando Molano– nunca se le comprobó que hiciera parte de algún grupo armado ilegal. “El hecho de que al occiso se le haya encontrado un arma de fuego no es indicativo de que haya existido un combate, máxime si se tiene en cuenta que ni el señor Molano ni sus compañeros dispararon arma de fuego alguna”, explicó el fallo.

Los hechos supuestos

Según “el montaje”, como lo llamó el apoderado de las víctimas, todo aconteció 8:30 de la noche de aquel martes cuando un grupo de soldados, en el marco de la misión táctica ‘Élite’, entraron a la finca Los Laureles, lugar en el que supuestamente tenían información de la presencia de personas que “al parecer, eran miembros de la columna móvil Teófilo Forero Castro”, reza el informe de batalla firmado por el teniente Míller Damián Forero Cruz, comandante de la Compañía Acorazado y dirigido al coronel Carlos Jair Salamanca Robles, comandante del Batallón de Infantería No. 26 Cacique Pigoanza del municipio de Garzón (Huila).

En este informe, el teniente Míller Damián describe que las tropas a su mando se dirigieron a dos inmuebles que ubicaron por previas coordenadas, procediendo a dividir el pelotón en tres grupos. Posteriormente, los uniformados abrieron la puerta trasera de la vivienda. “Al dirigirme a la parte trasera, escuché cuando personas salían de la casa disparando contra las tropas. […] Los soldados, Jesús Ramírez Córdoba, Yerson Rivera García, Míller Quilindo Piso y Aicardo Leyton Penagos, afirman que los sujetos salieron de la casa y les dispararon indiscriminadamente con armas cortas, a lo que ellos reaccionaron”, según la versión del militar.

Lo corroborado en la realidad

Contrario a la anterior versión, el apoderado de las víctimas logró comprobar que, en efecto, la noche de martes, 23 de enero de 2007, el joven Orlando Molano Quintero se encontraba en la finca Los Laureles, de propiedad de su padre Eduardo Molano, en la vereda Potrerillos, de Gigante, departiendo a puerta cerrada con otras tres personas lugareñas, en razón de la hora nocturna.

Fueron cuatro personas las torturadas y asesinadas por miembros del Batallón Cacique Pigoanza, adscrito a la Novena Brigada del Ejército.

En ese momento, llegó al lugar un vehículo, tipo furgón, transportando numerosas unidades fuertemente armadas del Ejército Nacional, pertenecientes al Batallón Cacique Pigoanza, al parecer, en desarrollo de un operativo contra guerrilla. De inmediato, procedieron a rodear la vivienda campesina y a violentar sus puertas.

Según lo que corroboró el apoderado, las entradas de la casa fueron forzadas, al extremo de lograr sacarlas a golpes de sus marcos. Allí, serían dados por capturados Éver Mosquera Pérez, Felipe Bernate Alonso, Orlando Molano Gutiérrez y una cuarta persona, “a quienes amarraron y sacaron al patio, donde fueron bárbaramente torturados, para luego darles muerte inclemente con sus armas de fuego”, asegura la sentencia.

"Mintieron" ante los medios

El comandante de la Novena Brigada de aquel entonces salió al día siguiente a los medios de comunicacion a dar a conocer que sus tropas “habían dado de baja a cuatro peligrosos bandoleros después de un feroz combate, puesto que los presuntos guerrilleros le habían hecho frente a la tropa”. Sin embargo, explica la sentencia, tal versión “es totalmente falsa, pues dicho combate jamás existió”.

Sobre estos hechos, el Tribunal en esta Sentencia dijo que “son constitutivos de falla evidente, presunta y probada en el servicio, pues la muerte levosa de Orlando Molano Gutiérrez y sus tres acompañantes no se justificaba por ninguna razón, y ella se produjo por acción de personal militar y con armas de dotación oficial”. Por tal razón, responsabilizó al Ejército de esta masacre.

Los responsables del ‘falso positivo’

Por estos hechos, se le comprobó responsabilidad al dragoneante Jesús Ramírez Córdoba y a los soldados profesionales Yerson Rivera García, Míller Quilindo Piso y Aicardo Leyton Penagos, militares que, para entonces hacían parte del tercer pelotón de la compañía Acorazado del Batallón Cacique Pigoanza, anscripto a la Novena Brigada del Ejército.

El Tribunal, de esta manera, revocó la Sentencia del 30 de agosto de 2012 proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión de Neiva, que inicialmente había beneficiado a las Fuerzas Militares, y le dio la razón al apoderado de las víctimas. La Sala ordenó entonces a la Fiscalía iniciar las investigaciones para esclarecer la responsabilidad penal de los uniformados que perpetraron estos hechos. También investigarán al teniente Míller Damián Forero, comandante de la Compañía Acorazado; y al coronel Carlos Jair Salamanca, comandante del Batallón Cacique Pigoanza de Garzón en aquel entonces.