La encrucijada del gerente de la Terminal de Transporte

Una inédita batalla jurídica libra la Terminal de Transporte de Neiva  (TTN) y el consorcio Asotrans-Aditt, disputa que está cruzada por un millonario interés.

El gerente de la terminal, Alejandro Plazas Macías, si paga $500 millones eventualmente lo podrían denunciar penalmente por peculado y si no paga, incurriría en desacato de una sentencia de tutela que lo obliga a cumplir con esta obligación.

El problema es uno solo, según sus palabras: como no hay un contrato por el trabajo que viene realizando el consorcio no pueden pagar, pues no hay una obligación expresa ni exigible. Entre tanto la firma que inició el pleito, dice que a ellos es a quien se debe contratar.

La historia

En 2002 el consorcio Asotrans-Aditt firmó el convenio con la TTN con el fin de  desarrollar los programas de prevención y seguridad vial establecidos en las normas legales que regulan el transporte público terrestre de pasajeros por carretera. 

Según el relato de Armando Cuéllar, integrante de la junta directiva de la terminal de transportes, “esta obligación implicaba la ejecución de todas las actividades de medicina preventiva, higiene social y seguridad a los conductores de las empresas usuarias del terminal de transporte de Neiva. No obstante, en la práctica, el consorcio se limitaba a practicar únicamente la prueba de alcoholimetría y a recibir los recursos por este concepto”.

Los integrantes la junta directiva ante esta situación decidieron terminar con el contrato celebrado con el consorcio, de esta forma en abril del año pasado, formalmente advirtieron a Aditt-Asotrans de la terminación del contrato. Comunicación que se materializó cinco meses después, es decir, el 18 de septiembre.

“Como el objetivo era que el programa de seguridad vial se desarrollara tal como lo ordena la Ley, es decir  no limitándolo a la  prueba de alcoholimetría, sino incluyendo exámenes médicos de aptitud,  pruebas de fatiga, exámenes de diagnóstico preventivos y programas de bienestar social, entre otros, a partir del 19 de septiembre de 2013 se decidió entregar su administración a otra agremiación del Orden nacional (Corpotrans), previa constatación y validación de su experiencia en el manejo del tema”, recalcó Cuéllar, al tiempo que señaló “en términos coloquiales, el Consorcio Asotrans-Aditt, solo se beneficiaba del  ejercicio del ‘sople y pague’”.

La tutela

Ante la terminación del contrato, el consorcio  tuteló el derecho fundamental del debido proceso buscando que se le prorrogara el negocio. Así, el juzgado 70 Civil de Bogotá a quien le correspondió por reparto esta acción constitucional, le dio la razón ordenándole a la terminal de transportes de Neiva celebrar nuevamente el contrato con esta firma. Esto sucedió, no sin antes advertir que este despacho el mismo día que recibió la tutela (2 de octubre de 2013), libró el auto admisorio de la demanda amparando la medida preventiva consistente en la suspensión de todos los actos de la Junta Directiva de la Terminal de Transportes de Neiva que se encontraran relacionados con el convenio de seguridad vial, y que se permitiera la prestación del servicio por parte de la accionante Aditt – Asotrans.

Ante esta orden, la terminal se vio en la obligación de celebrar el convenio con el consorcio, sin embargo, aunque éste siguió prestando el servicio de alcoholimetría, no se formalizó en ningún documento pues la firma no estuvo de acuerdo en que fuera de seis meses sino en cinco años, según explicó Alejandro Plazas.

La impugnación

Ante la decisión de primera instancia, la terminal la impugnó y pasó al juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogotá, donde se confirmó la primera instancia.

“Se procedió a dar contestación a la tutela poniendo de presente al juez constitucional que carecía de competencia para asumir el conocimiento de la misma, teniendo en cuenta que la presunta vulneración del derecho fundamental invocada, había tenido lugar en la ciudad de Neiva, por lo que allí debía ser interpuesta la acción”, afirmó Cuéllar.

Entre las entidades vinculadas al trámite de la acción de tutela la Superintendencia de Puertos y Transportes, solicitó al juez de tutela negar las pretensiones de la misma por cuanto no existía vulneración al debido proceso, argumentando que la Terminal de Neiva era autónoma en cuanto a la vinculación o contratación para el programa de seguridad vial, resaltando además que el Consorcio Aditt – Asotrans no es el único autorizado para realizar o llevar a cabo dicho programa.

De esta forma se surtió la impugnación el 25 de octubre del año pasado, sin embargo, “la diligencia de reparto de la misma tuvo serias y evidentes falencias, toda vez que la Oficina Judicial de Reparto asignó la impugnación de la tutela a las 4:24 P.M. cuando aún no  había sido recibido por esta el oficio por parte del juez de primera instancia, el cual fue recibido por la oficina judicial de reparto a las 4:29 P.M, circunstancia que deja ver las posibles y presuntas alteraciones en la asignación del reparto dentro de la acción de tutela 2013-1204, por lo que se requiere de una intervención inmediata por parte de la Procuraduría General de la Nación en el presente asunto”, afirmó ayer Cuéllar.

El incumplimiento

Si el gerente de la terminal incumple lo ordenado por el juzgado será arrestado y deberá pagar una multa. Si paga toda la deuda que estaría en unos $500 millones -calculando que cada mes se pagaba $50 millones- Plazas Macías incurriría en peculado.

De modo que está en una encrucijada pues según él, no tiene argumentos jurídicos para pagar pues no existe una obligación expresa (escrita) ni exigible, en otras palabras, no hay un contrato formal para cancelar la deuda.

Ante esta situación, explicó el gerente, ellos requirieron al juez para que bajo la responsabilidad de él les ordenara pagar a la firma Aditt – Asotrans, de la forma que él lo señalara. “El juez se lavó las manos”, afirmó Plazas al tiempo que indicó que el togado solo indicó que había qué pagar pero no expuso las razones.

¿Aditt – Asotrans es el único consorcio que hace este programa?

“Hubo terminales que lo están haciendo directamente como el de Barranquilla, Armenia, y Bucaramanga”, afirma Plazas.  

“Muchos terminales no lo implementaron. El gobierno anterior, en el año 2002, para congraciarse con las agremiaciones para evitarle paros les dio una resolución que es la 002222 del 2002, donde dice que el programa será manejado por las agremiaciones de transporte nacionales. Se organizaron dos agremiaciones, no más: Aditt  y Asotrans, con base en la resolución del Ministerio dice que ellas son las únicas dos, que no hay más. Cuando en el país existen más de 20 agremiaciones”, recalcó el gerente de la Terminal de Transportes.

“Ellos manejan el 80% de la alcoholimetría del país, y el que se vaya a salir hacen uso de la posición ventajosa frente a las autoridades como los juzgados colocando tutelas, como la fiscalía denunciando penalmente a los funcionarios que le van a quitar el programa de alcoholimetría”, concluyó.

¿Qué tal esto?

En la sección ¡Qué tal esto! Del Noticias Uno, el pasado 26 de julio se refirieron al tema. En la nota periodística se afirma que el Ministerio de Transporte fijó las tasas para el cobro.

Este negocio, según el noticiero mueve cerca de 60 mil millones de pesos al año en cobro de la prueba de alcoholimetría. En este sentido se afirma que Aditt – Asotrans se constituyó como la firma encargada de realizar la prueba. “Lo que debe hacer la terminal  es un veedor  de que se ejecute como se tiene que ejecutar”, afirmó Aida Lucy Ospina, directora de transporte y tránsito del Ministerio de Transporte.

Las tutelas que ganó Aditt – Asotrans, en cumplimiento del principio de legalidad de revisión de la Corte Constitucional “llegó al despacho de Alberto Rojas Ríos, quien ya destituido presentó ponencia a favor de Asotrans”.

“Curiosamente uno de los magistrados auxiliares, Rafael Lafont Rodríguez, es familiar del exmagistrado Rafael Ostau de Lafont, amigo de Rojas Ríos y ha sido participante de los eventos de Asotrans. Ostau de Lafont es a su vez cercano es José Yesid Rodríguez director ejecutivo y cabeza de Asotrans”, concluye Noticias Uno.