La desaparición de la UP, un holocausto que intenta revivir en el Huila

El olvido entierra rostros y voces pero solo la palabra revive a los ausentes y silenciados. Y es lo que hoy domingo se pondrá en juego cuando la violentada bandera auriverdes vuelva a ondear en el panorama político regional en medio del temor y el señalamiento. Estas elecciones regionales serán las primeras en más de 15 años de no haber participado, luego de que algunos de sus miembros sobrevivieran del Genocidio que sufrió desde su misma aparición en mayo de 1984 por cuenta de agentes del Estado comprometidos con la muerte, diría Jaime Pardo Leal, candidato presidencial por la UP asesinado. Luego de años de no mostrarse como fuerza política, la Unión Patriótica vuelve a creer en la Paz y la Democracia.

Según cifras de la Corporación Reiniciar en el Huila son cerca de 170 los desaparecidos y asesinados en la región. Estos son solo algunos rostros de la Galería de la Memoria.

Revive la Esperanza

Para Francisco Barreto, líder cívico-campesino y militante de la Unión Patriótica en el Huila, es vergonzoso que pese a que esta historia ha sido relatada y repudiada en múltiples escenarios y sobre la cual ha habido suficiente pedagogía a nivel nacional e internacional para su no repetición, algunos sectores en el país reiteren en la estigmatización que engendraron el derramamiento de sangre.

Y esto ha redundado que en este periodo electoral fueron identificados por lo menos 15 hechos que ellos califican como de violencia política, lo que conllevó que muchos no hayan querido participar de estos comicios. La UP entonces solo pudo sacar lista de candidatos para los concejos de Neiva y La Plata, a las juntas administradoras locales en las comunas 1, 2, 5, 6, 8, 9 y 10 de Neiva y su candidato a la Gobernación del Huila, Gustavo Briñez Villa.         

Reiniciar proceso, duro paso

Aunque la UP perdió su personería jurídica en 2002 por decisión del Consejo Nacional Electoral, los asesinatos continuaron. Según Paola Medina Charry, vocera de la Coordinación de Víctimas y Familiares del Genocidio en el Huila, pareciera que las operaciones que se conocieron con los sugestivos nombres de Baile Rojo, Plan Esmeralda y Plan Cóndor, hubieran continuado, planes que fueron orquestados desde oficinas en batallones militares, comandos de Policía y del extinguido DAS.

Desde 1984 hasta el 2006, la Corporación Reiniciar, organización que aglutina a víctimas y familiares del Genocidio, han reportado 170 militantes o simpatizantes asesinados en el Huila. Pese a los múltiples esfuerzos de sectores ideológicamente contrarios a esta colectividad por opacar su nombre, la UP en el Huila apareció en el mapa político como otra opción, pero con el velo del señalamiento. A nivel nacional, ha documentado 6.246 asesinatos entre 1984 y 2006, periodo en el que acontecieron en el Huila masacres como la de Palestina y la de Suaza en la que murieron de la forma salvaje 10 personas.

“Sabemos de municipios en los que hay víctimas de la Unión Patriótica, que aun todavía no hemos podido acceder a sus familias. El temor por la situación de inseguridad para el grupo político sigue vigente. Entonces, muchas de estas familias han optado con todo su dolor por quedarse calladas”, dijo Paola, quien además es hermana de Tarsicio Medina, uno de los más recordados desaparecidos del Genocidio de la UP en la Universidad Surcolombiana de Neiva.

El otro año podrían decidir

Luz Marina Monzón Cifuentes, integrante del equipo jurídico defensor en el caso del holocausto de la UP ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos, habló en exclusiva para DIARIO DEL HUILA sobre la situación de la demanda contra el Estado colombiano. “Nosotros creemos que ese caso está por decidirse entre este año y el próximo. Son más 20 años de estar en la Comisión Interamericana, por lo que los tribunales colombianos han ido transformando su jurisprudencia reconociendo lo que las víctimas han dicho”, resaltó.

“Creo que el litigio internacional del caso ha ayudado a que las autoridades colombianas paulatinamente dicten sentencias donde reconocen que sí hubo un Genocidio por razones políticas y que hubo un partido político que se eliminó sistemáticamente. […] Más de 20 decisiones en el Consejo de Estado que reconoce lo que se ha dicho”, resaltó la abogada. 

Condenarán al Estado

Durante todos estos años, el caso del Genocidio ha estado en una etapa llamada ‘De Fondo’ para tratar de recoger pruebas que determinen de qué manera la responsabilidad del Estado estaría comprometida en la persecución sistemática. “Hay distintas formas de comprobar la responsabilidad del Estado en los asesinatos. Por ejemplo, porque no dio protección a los amenazados de muerte; o cuando los daban, el día que los mataban coincidencialmente no llegaban los escoltas. Se evidenció este patrón sistemático y repetitivo de muchos de los asesinatos en todo el país”, explicó la jurista. 

Luego de los años, y en un recinto internacional, el Estado colombiano en cabeza del embajador de Colombia ante OEA, Andrés González Díaz, reconocieron la responsabilidad de los gobiernos de turno por la masacre sistemática. Adriana Guillen, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, dijo en plenaria de la CIDH que “asumimos el deber de no olvidar lo que ha sucedido en el pasado y en el presente con la UP. […] No tenemos duda de que la violencia y la intolerancia política contra la UP merece ser reconocida, no solo por su valentía y su perseverancia sino porque es un aporte muy importante en este momento para la Democracia y el Proceso de Paz”, dijo.

Y la alta funcionaria terminó diciendo que “esta violencia no es solamente inadmisible sino que ha sido distinta también a la que han sufrido otros grupos y movimientos políticos. Hoy el Estado reitera su compromiso ineludible de rechazar todos los actos de hostigamiento y violencia contra la Unión Patriótica. […] Hay decisiones judiciales que han declarado la responsabilidad y grupos armados en hechos violentos contra la UP. Si vamos verdaderamente hacia el fin del conflicto, todos tanto agentes del Estado, como funcionarios, miembros de grupos armados ilegales y otros actores deberemos asumir la responsabilidad que nos corresponde”, dijo la representante del Estado.

En estos momentos que se habla de las víctimas de los grupos armados ilegales, pareciera que en el marco de esa necesidad de legitimar se estuviese excluyendo a las de la violencia política contra la UP. Así lo cree Yesid Campos, director del documental El Baile Rojo, quien calificó de lamentable que este lado de la historia no se visibilice. “La memoria es fundamenta en esta época de guerra, porque es el antídoto contra la impunidad. Pero también la memoria es el insumo a partir del cual se va a conocer la verdad, se va a hacer justicia y se va a hacer la reparación para levantar un nuevo país. Si nosotros olvidamos, ¿sobre qué vamos a levantarnos?”.