La avalancha que tiene en aprietos al alcalde de Garzón

Luego de ser capturados por el CTI el miércoles anterior en Neiva y Garzón, a las 6:00 de la tarde de ayer iniciaron las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento, contra el alcalde del municipio de Garzón, Delio González Carvajal; Moisés Arturo Murcia Franco, ex director del Departamento Administrativo de Planeación; Tatiana Bohórquez Sánchez, ex asesora jurídica de la administración municipal de Garzón; Leifer Cerón Velazco, tesorero municipal; Sandra Natalia Fajardo Santofimio, personera de Garzón; Hernán Jaramillo Morera, esposo de la personera; y los contratistas de la alcaldía, Camilo Andrés Jiménez García, Óscar Mauricio Ramírez Valderrama, Hámilton Lugo Maldonado, Saúl Clavijo Ortiz y Harley Rojas Falla. Además contra Luis Gonzalo Álvarez, secretario de Hacienda, quien también es investigado y ayer se entregó voluntariamente a las autoridades.

De acuerdo con el director seccional de Fiscalías Huila, Harol Fierro Arias, la investigación que dio pie a estas capturas, se originan en las presuntas irregularidades, en por lo menos 26 contratos, que habrían realizado el alcalde y los otros 11 funcionarios y contratistas, dentro de la declaratoria de la urgencia manifiesta por la ola invernal del 2012, y que ascenderían a los $2250 millones.

Harol Fierro Arias, reiteró que dentro de los contratos objetos de investigación, están el de repuestos para maquinaria pesada, alquiler de volquetas, contratos para alquiler de retroexcavadoras, contratos pata el suministro de combustibles destinados a la maquinaria pesada del municipio de Garzón, y contratos para la rehabilitación de acueductos veredales.

La Fiscalía busca entonces imputarles cargos por los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contratos sin cumplimientos de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, tráfico de influencias de servidor público, y violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades.

La avalancha

La catástrofe natural ocurrió la madrugada del martes 24 de enero de 2012, cuando la quebrada Paramillo, tributaria de la quebrada Las Damas, tras un fuerte aguacero aumentó considerablemente su caudal y se llevó todo lo que encontró a su paso. La avalancha ocasionó la muerte de tres labriegos, afectó más de 14 veredas, acabó con cultivos, destruyó viviendas y acueductos rurales.

Paralela a la avalancha de la Paramillo, la quebrada Garzón también sufrió una alteración en su creciente y causó algunos daños en los barrios occidentales de Garzón.

Dos días después del desastre natural, llegó al municipio de Garzón, Carlos Iván Márquez, Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, quien en una reunión con el alcalde, su gabinete y líderes comunitarios del sector rural, ofreció total apoyo para los damnificados y el municipio, con la entrega de más de siete mil millones de pesos, en aras de recuperar la zona afectada.

Para entonces ya en el municipio se había declarado la urgencia manifiesta, mecanismo jurídico que les permite a los alcaldes contratar de manera directa las obras y acciones requeridas para atender las contingencias.

Los recursos prometidos por Márquez, fueron ingresando a las arcas del municipio y paulatinamente se fueron haciendo las contrataciones para atender los efectos de la ola invernal.

Denuncia Penal

Sorpresivamente el 27 de diciembre de 2012 ante la fiscalía seccional de Garzón, cinco concejales del municipio: Óser Campos, Nubia Segura, Janeth Gutiérrez, Jesús Antonio Paramo y José Arley Alvares, instauraron una denuncia penal contra el alcalde Delio González, el jefe de Planeación de la época Moisés Murcia, y la directora Jurídica del Municipio Carolina Pineda, por los presuntos delitos de peculado, fraccionamiento de contratos, celebración indebida de contratos y prevaricato.

Carolina Pineda, tras una controvertida renuncia del cargo, junto a su esposo Carlos Cubillos, quien también laboraba en el Municipio mediante contrato de prestación de servicios llegaron a un acuerdo con la fiscalía, convirtiéndose en testigos protegidos dentro del proceso penal y claves para el desarrollo del mismo

Óser Campos Rueda, uno de los más obstinados denunciantes, sostuvo siempre que los concejales denunciaron los hechos a la fiscalía por las quejas que recibían del sector rural afectado por la avalancha.

“No podíamos traicionar a nuestros electores  en el sector rural, que todos los días se quejaban del mal manejo que la alcaldía le daba a los recursos de ola invernal.

No les pagaron los arriendos a que tenían derecho mientras le reconstruían sus viviendas, las obras de recuperación de vías, de acueductos, eran de mala calidad  e inclusive con esos recursos construyeron una acueducto en la vereda Santa Marta, que no fue afectada por la avalancha, para complacer a un líder político de esa región.

Esculcamos más de 20 contratos donde encontramos sobrecostos, fraccionamientos, y unas  compras de gasolina  para la maquinaria desmesurada que no obedecía a la realidad del gasto de combustible” señaló el concejal Campos, quien el 12 de noviembre del 2013 junto sus cuatro compañeros concejales adelantaron una huelga de hambre en el parque Simón Bolívar y en la puerta de entrada del palacio de justicia, de Garzón, para llamar la atención a la Fiscalía y a la Procuraduría por la lentitud con que, según ellos, avanzaban las investigaciones de los hechos denunciados.

Delio González siempre negó cualquier irregularidad en la contratación de los recursos recibidos por ola invernal y atribuyó las denuncias de los concejales al síndrome del desamor político, según dijo en la última entrevista que dio a este medio.

Mientras en Neiva, se adelantan las audiencias, en Garzón se vive un clima pesado de discordia política entre seguidores y detractores del alcalde. Algunos celebran con cohetes y gritos la captura del mandatario y otros se refugian en la catedral de Garzón, a pedirle al Todopoderoso por que se declare inocente a Delio.