Fiscalía investigará otras cinco clínicas por irregularidades en contratación

Cuatro días completaron las audiencias de medida de aseguramiento de los 8 investigados por la Fiscalía, por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos destinados al sector salud en el departamento del Huila, a través de una contratación por un valor cercano a los 30.000 millones de pesos, que habrían afectado a 180.000 beneficiarios del régimen subsidiado de salud.

Para el ente acusador, es necesario que a los implicados se les envié a la cárcel, para impedir que estos desde sus cargos, puedan interferir u ocultar evidencia, o que suscriban de nuevo contratos de la misma índole por los que son investigados. A su turno los abogados con argumentos han manifestado al juez que la Fiscalía está improvisando con el caso y que la investigación no cuenta con elementos sólidos para realizar las acusaciones contra los capturados. El juez pidió un receso para continuar hoy las diligencias.

Mientras tanto desde Bogotá, en rueda de prensa el director de la Fiscalía Especializada contra la Corrupción, Mario Montes, reiteró que esta es solo una primera etapa de la investigación penal. “La fiscalía sigue avanzando y vienen nuevas fases, ya hemos podido identificar cinco clínicas más que se encuentran involucradas en hechos de la misma naturaleza. A medida que vayamos teniendo resultados vamos informándole a la opinión pública. Algunas personas que ya tienen conocimiento de la contundencia y solidez de las investigaciones de la fiscalía, realizada en asocio con la Policía Judicial de la Dijín, se han acercado a querer colaborar con la justicia”, indicó el fiscal.

De igual modo anunció que se indaga a los 8 capturados sobre posible lavado de activos realizado a través del sector salud en el Huila. “En vista de la contundencia de la investigación adelantada, por orden del señor fiscal, se han abierto los correspondientes procesos de extinción de dominio y lavado de activos. Los fiscales analizarán si hubo incrementos injustificados de los patrimonios de las ocho personas capturadas y si con ello adquirieron bienes muebles e inmuebles”, dijo el directivo.

Las acusaciones

Según la Fiscalia, las irregularidades por las que se investiga al director de Comfamiliar, Armando Ariza, cuatro ex gerentes de Mediláser y tres ex alcaldes, tienen que ver con la contratación realizada por la EPS Comfamiliar seccional Huila para prestar el servicio de salud a todos los afiliados al régimen subsidiado de salud del departamento con la IPS Mediláser, para los años 2006 a 2011. Al parecer, la empresa no estaba habilitada para funcionar en las zonas centro, sur y occidente, y además no contaba con la infraestructura física necesaria para brindar el servicio.

“La fiscalía encontró que hubo una doble contratación porque a la par que se contrató con la IPS Mediláser para prestar el servicio de salud a los afiliados al Sisbén para la mayoría de los municipios del Huila, esta empresa no tenía la infraestructura necesaria para llevar a cabo dichos objetivos. Por ello le correspondió a su vez y simultáneamente a la EPS Comfamiliar suscribir un contrato con el mismo objeto y para los mismos afiliados con las ESE de los distintos municipios por 6000 millones de pesos. También encontró la Fiscalía, que esto contratos suscritos con las ESE de los municipios se suscribieron por un valor sustancialmente inferior a aquel que se había contratado con la IPS Mediláser, quedando entonces una suma de dinero a favor de Mediláser, de la cual hubo una indebida apropiación”, explico Mario Montes.

Así mismo, para la Fiscalía, los alcaldes de los municipios de La Plata y Garzón durante los años 2006 a 2011 realizaron contratos de administración de recursos para la salud con la EPS Comfamiliar S. A. sin cumplir con los requisitos mínimos para la negociación y suscripción de los acuerdos para la prestación de los servicio de salud en el régimen subsidiado; además sin efectuar un concurso público.

“Otro de los problemas que encontró la Fiscalía es que esta contratación que se hizo con las ESE de los municipios se hizo en la modalidad de evento controlado, es decir que se prestara atención a los usuarios del Sisbén hasta por determinada suma de dinero, conllevando a que si había muchas personas enfermas o se presentaba una epidemia rápidamente se copaba esa suma, quedando en total desprotección por el resto de tiempo los afiliados, atentando de esa forma contra la esencia del sistema de salud, la cual es que todas las personas tengan la debida protección y asistencia en cualquier evento que se les presente”, sostuvo el director de la Fiscalía Especializada contra la Corrupción.

Hoy Mario Montes Giraldo explicará con minucioso detalle, pormenores del caso Comfamiliar-Medilaser en una rueda de prensa en la ciudad de Neiva.