Fiscalía imputó cargos a exfuncionarios de la Alcaldía de Neiva

La Fiscalía imputó los cargos de peculado por apropiación y destrucción, supresión u ocultamiento de documento público a tres exfuncionarios de la Alcaldía de Neiva. A las audiencias preliminares comparecieron Luis Anibal López Rojas, Yesid Orlando Perdomo Llanos y Juan Carlos Ramírez Montoya quienes ejercieron funciones como secretarios de Hacienda Municipal, director administrativo de la Tesorería y juez de ejecuciones fiscales, respectivamente, en el mandato de Cielo González Villa.

En la diligencia judicial realizada ayer, el fiscal relató los hechos en los cuales López Rojas, Perdomo Llanos y Ramírez Montoya habrían faltado a la ley en sus actuaciones como funcionarios públicos. El proceso en su contra está fundamentado en la denuncia penal instaurada por el coronel Jairo Bocanera de la Torre, jefe de Ingenieros del Ejército Nacional por el presunto delito de estafa. “Luego de ser radicado, por parte de la Fiscalía se consideró que estábamos frente a una presunta conducta de peculado por apropiación”, explicó.

Dineros sin devolver
En agosto de 2009, el Ministerio de Defensa Nacional solicitó a la Alcaldía de Neiva el informe de reintegro a esta cartera “resultado del valor pagado por error en las vigencias 2003, 2004 y 2005 del impuesto predial” de dos inmuebles de propiedad del Ejército Nacional que se encontraban exentos para ese periodo. Suma que ascendería 666′347.459 pesos.

Debido al reclamo por parte de Bocanegra de la Torre para la devolución del dinero, se emitió una resolución 377 el 21 de septiembre de 2006 por la Secretaría de Hacienda Municipal, en cabeza de López Rojas, que resolvió “ordenar a la Tesorería Municipal efectuar la devolución al Ejército Nacional de acuerdo a solicitud presentada por el doctor James Parra Muñoz como apoderado del Ejército Nacional por el poder otorgado por el teniente coronel Danilo Gerardo Prada Mosquera, jefe de finca-raíz Ejército Nacional”.

Para efectuar el pago fue elaborado un comprobante de egreso el 2 de marzo de 2007 cuyo beneficiario era el Ministerio de Defensa Nacional. Sin embargo, los días 23 y 24 del mismo mes y año se realizaron dos transferencias electrónicas a María Yaneth Rubio Rojas por 202 millones de pesos y al señor Wilson Muñoz Ávila por 243, “sin que exista ninguna justificación legal para que el pago se haya realizado a estas personas naturales y no directamente a la Nación, Ejército Nacional”. El total del dinero en cuestión es de 443′ 302.077 pesos.

La Fiscalía comentó el hallazgo de una “serie de irregularidades”. Por ejemplo, que el señor Parra Muñoz no existe inscrito como abogado y que la tarjeta profesional corresponde a otra jurista. Además, Prada Mosquera no aparece en registros públicos ni privados como oficial del Ejército y “nunca se ha desempeñado como jefe de finca raíz de la Jefatura de Ingenieros y que ésta nunca ha recibido ningún reintegro del Municipio de Neiva”.

Lo que llama la atención de la Fiscalía
Como hechos probados, el ente investigador publicó que Juan Carlos Ramírez Montoya, juez de ejecuciones fiscales, solicitó a la Tesorería el 12 de septiembre de 2006, certificar el pago por concepto predial por valor de 666′347.459 pesos realizado a una cuenta del Banco de Occidente por los dos inmuebles. A partir de esta acción, Yesid Orlando Perdomo Llanos, director administrativo de la Tesorería, “envía nota crédito de depósito” cinco días después por la misma suma de fecha 29 de agosto de 2006.

Para la Fiscalía, “llama la atención la agilidad del trámite de devolución (…) todo en menos de dos meses”. El pago por parte del Ejército Nacional se realizó el 23 de agosto de 2006; el 4 de septiembre siguiente esta institución pidió la devolución del dinero; el 21 del mismo mes se creó la resolución para acatar la solicitud “y curiosamente notificada al día siguiente. Tan sólo diecisiete días duró el proceso”.

¿Estrategia?
Un posible detrimento patrimonial llevó al representante del ente acusador a anunciar que compulsará copias para investigar un probable prevaricato por acción, “permitieron que ajenos se apropiaran de dineros públicos cuando su deber era custodiarlo”. En ese sentido, calificó como una estratagema e idea criminal las actuaciones de los exfuncionarios. “No fue un descuido, fue intencionalmente”, declaró.

Así, Luis Aníbal López Rojas, Yesid Orlando Perdomo Llanos y Juan Carlos Ramírez fueron considerados posibles coautores de peculado por apropiación en concurso heterogéneo con el delito de destrucción, supresión u ocultamiento de documento público. La primera conducta punible acarrea una pena mínima de 96 meses y máxima de 270; la segunda, de 32 a 144 meses. La Fiscalía solicitó la prohibición de enajenación de bienes de los procesados.