Fiscalía descubrió fuertes pruebas contra sindicados de rebelión

Los testimonios de cuatro desmovilizados del Frente 25 Armando Ríos de las FARC serían, para la Fiscalía 41 Especializada, las pruebas claves para enviar a la cárcel a Luis Alberto Guerrero, alias El Mocho; Hipólito Prada García alias Polo Prada; y Jorge Absalón Torres Victoria alias El Bizco, por el delito de rebelión. Los tres procesados serían presuntos milicianos, pertenecientes a la red de apoyo a esta estructura guerrillera, con influencia en los municipios de Colombia, norte del Huila y Dolores, suroccidente de Tolima.

Ayudaban a la guerrillerada

Según un documento militar, conocido como Orden de Batalla de inteligencia y descubierto ayer en la audiencia de juicio oral, estos hombres estarían a cargo de actividades de inteligencia y seguimiento a las tropas del Ejército. Además, ayudaban al Frente a movilizar a las unidades guerrilleras por zonas rurales y, en algunos casos, los alojaban en sus viviendas. Estas investigaciones las adelantaron la Dirección de Investigación Judicial, Dijín, con información proporcionada por la Fuerza de Tarea Zeus en Ibagué y con el apoyo logístico del Comando Aéreo de Combate No. 4.

Testimonios que los involucrarían

Según el informe dado por uno de los peritos del caso y llevado ante el Juez Primero Penal del Circuito por el fiscal, los desmovilizados, quienes habrían reconocido a los tres sindicados procesados en este caso, serían Sandra Milena Zuleta, John Walter Caballero Hurtado, Paula Andrea Novoa y Andrés Ferney Guzmán Higuita, quienes habrían sido guerrilleros del Frente 25 de las FARC.

El desmovilizado John Walter Caballero fue uno de los que habría conocido a Hipólito Prada. “Lo distinguí en el campamento cuando él estuvo hablando con el comandante de la comisión. Él era colaborador de nosotros, nos daba información del enemigo y llevaba abastecimiento a los campamentos. Siempre hablaba con alias El Boyaco, el comandante de la comisión”, eso fue lo que habría declarado Caballero Hurtado contra el procesado.

Otro de los testimonios, citados en esta audiencia contra Prada García, fue el de una mujer que sería desmovilizada, identificada como Paula Andrea Novoa. Según el testimonio leído, “yo conocí a don Hipólito porque cuando yo andaba con alias Osvaldo, él [Hipólito] era organizador de masas del Frente 25 de las FARC en la vereda El Carmen”, habría dicho la presunta mujer desmovilizada.

Sobre la presunta participación de Luis Alberto en los hechos que se le imputan, el testigo del fiscal, técnico en investigación de la Dijín, leyó lo que sería el testimonio de John Walter, quien habría sido también desmovilizado del Frente 25. “´Él perdió una de sus manos manipulando una mina de alias El Negro. Cuando yo pertenecía al Frente 25, alias El Mocho era quien llevaba la información del enemigo a alias Caliche y servía de correo a los comandantes alias Arcadio y también a alias Cipriano”, dijo.  

“Falso positivo judicial”

Así denominó el abogado defensor de Luis Alberto Guerrero a la teoría que buscara vencer en juicio los argumentos de imputación que hasta ahora ha descubierto el ente acusador en contra de este y los otros dos indiciados en este caso. Dijo que los que está ocurriendo con Luis Alberto, Hipólito y Jorge Absalón es lo que viene sucediendo con centenares de campesinos y demás habitantes rurales, a quienes les ha tocado, por la presión del fusil, ayudar a esas organizaciones, “pues de no hacerlo se verían también señalados de ser supuestos auxiliadores del Ejército”, señaló el abogado.

Así mismo, anotó el defensor que estas situaciones en las que se involucra a población civil en lo que él denominó “montajes judiciales”, son también producto del abandono que el Estado ha hecho a las zonas más apartadas de la geografía nacional. “Esos señalamientos son incoherentes, sin sustento y carentes de contexto, pues en estas zonas la presión de estos grupos armados es tal que, de hacer lo contrario, podrían ser o asesinados o desplazados. Tildar a una persona como auxiliadora de la guerrilla por el simple hecho de tener una discapacidad física es doblemente victimizador y que golpea derechos fundamentales”, puntualizó el defensor.