Estado hará un acto de desagravio para conmemorar 10 años de la masacre de Rivera

Familiares de los concejales que cayeron en la masacre del municipio de Rivera conmemorarán 10 años de este repudiable crimen perpetrada por las FARC el 27 de febrero de 2006. El acto de desagravio se desarrollará en cumplimiento de dos sentencias del Tribunal Administrativo del Huila, emitidas el 19 y 24 de noviembre de 2015, en los procesos judiciales 2007-00133 – 01 y 2006 00540-04, respectivamente. El acto contará con la presencia de varias autoridades del orden nacional, como el director de la Unidad Nacional de Protección, Diego Fernando Mora  

Las sentencias ordenan, entre otros, a la Unidad Nacional de Protección y a la Policía Nacional, exaltar públicamente la vida y obra de los concejales asesinados, destacar la importancia de la actividad política que éstos ejercían en medio del conflicto armado que vivió la región en esa época y rechazar de manera pública el cruel y brutal ataque del que fueron objeto.

Invitación oficial

La providencia exigió, como reparación simbólica, un desagravio público y la exaltación a los asesinados en el estadero Los Gabrieles a manos de guerrilleros de la columna Teófilo Forero. “Invitamos a todas las personas que se consideren víctimas de este hecho y a la comunidad en general de Rivera, a que se hagan presentes en el parque principal de esta localidad, a las 9:00 de la mañana, donde se llevará a cabo el acto referido”, dijo el funcionario de la UNP en la comunicación.

El Tribunal Administrativo del Huila analizó en la sentencia que la masacre no fue inesperada o sorpresiva. Sin embargo, las autoridades se habrían hecho “los de la vista gorda” con las medidas de protección para los concejales.

El argumento central

Según la providencia, los concejales en grave peligro no tuvieron la protección que ellos exigían. Conforme al estudio de seguridad, el Ministerio del Interior tomó algunas medidas y otras las trasladó a la Fuerza Pública. Sin embargo, era esa cartera la que debía haber tomado las políticas de seguridad y el programa de protección. Este panorama ameritaba medidas mucho más exigentes en procura de salvaguardar la integridad de los cabildantes.

“En tales circunstancias, la muerte de los concejales solo correspondió a la materialización de las amenazas que los servidores públicos ya habían dado a conocer a las autoridades de Policía y del Ministerio del Interior. Era evidente que provenían de un grupo subversivo y de la situación de orden público que por esa época se vivía en varios municipios del Huila, por lo que se constituyó en una grave omisión del Estado no haber dotado a dichos funcionarios de mejores medios de protección”, redactó.

Medidas insuficientes de protección

Aun ni por haberse presentado la renuncia masiva de los concejales, el 25 de mayo de 2004, precisamente por la situación de orden público, conocidas ya por la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, esta entidad tan solo se limitó a ratificar medidas insuficientes de protección. Las peticiones de protección nunca fueron respondidas por el Ministerio del Interior, explica el documento. Había evidente falta de garantías para continuar ejerciéndose como cabildantes debido a las constantes amenazas de la guerrilla.

Viéndose esta situación de inseguridad, los cabildantes les tocaban sesionar en lugares diferentes a las instalaciones del Concejo. Es así que el 26 de febrero de 2006, un día antes de la masacre, los ediles municipales decidieron hacer la sesión en la vereda La Ulloa. Unidades del Emcar de la Policía y soldados del Ejército dieron la seguridad respectiva. Pero esa seguridad no fue la misma al siguiente día, y fue por esta omisión y otras que ya fueron descritas que el Estado fue condenado.