El robo al ICBF, el desfalco más grande de facturación en Colombia

Cumplidas las tres audiencias preliminares, tres de los seis imputados fueron enviados a la cárcel, mientras que los otros fueron beneficiados con la medida de aseguramiento domiciliaria. Ninguno de los procesados aceptó los delitos imputados en el calificado por el ente acusador como el mayor desfalco en cuanto a facturación en la historia reciente en Colombia. La banda criminal ‘Los Girasoles’ se habría apropiado de por lo menos 834 millones de pesos. Sin embargo, el millonario desfalco podría ser mayor, toda vez que al momento de la captura, estas personas tenían más contratos suscritos con el ICBF.

Según lo revelado en la imputación, la Corporación para el Desarrollo y Bienestar Integral de la Comunidad Los Girasoles suscribió con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Regional Huila, el contrato 369-2014 del 16 de diciembre de 2014. El Programa a que hace referencia este contrato es el de Atención Integral a la Primera Infancia ‘De Cero a Siempre’, estipulado en $2.033’985.694. Con este dinero atendieron a 974 personas entre niños, madres gestantes y lactantes del Centro Zonal La Gaitana de Neiva.

Objetivos del contrato 369-2014 

Entre los objetivos del contrato, la ONG tenía que atender a usuarios en la modalidad de desarrollo infantil y del entorno familiar. El programa iba dirigido a madres gestantes y lactantes, así como a niños y niñas menores de seis años de edad. Igualmente, el programa iba dirigido a atender a este grupo poblacional en el marco de encuentros grupales educativos una vez por semana en espacios concertados con la comunidad. Allí, los miembros de la Corporación Los Girasoles debían dar charlas sobre prevención de enfermedades, pautas de crianza, derecho, familia y otros temas afines.

Con estas charlas, durante los encuentros grupales y educativos a las madres y a los niños con su acompañante, se les debía brindar un refrigerio por semana, compuesto por un lácteo y un carbohidrato. Así mismo, a todos los usuarios del programa (las madres lactantes, gestantes y niños menores de seis años) se les debía brindar un complemento alimenticio al final del mes, que básicamente es un mercado que varía de acuerdo con el tamaño de la familia.

De cada 300 beneficiarios a atender en este programa, 240 debían ser niños y niñas menores de seis años y 60 debían ser madres, entre gestantes y lactantes. De esta manera, estas personas se habrían apropiado de los recursos con los que debían alimentarse adecuadamente esta población, todos en situación de vulnerabilidad.

Para este trabajo, la Corporación debía contratar una coordinadora, una nutricionista, 6 docentes, 6 auxiliares pedagógicos, 2 profesionales. Estas personas formarían el equipo que debía atender con calidad a esta población. Del mismo modo, la entidad no gubernamental debía disponer de una cuenta bancaria exclusiva para los recursos que se depositaban para este contrato, entre otras cosas.

Anomalías y otros contratos

Sin embargo, ni contrataron a personas idóneas, por un lado, y falsearon una cantidad, aún sin revelar, de facturas. En otros casos, pagaron servicios que nunca fueron ejecutados o cancelaban sueldos de profesionales a personas que no tenían tales calidades. La alteración de facturas la hacían Lyda Marcela López, Luis Alejandro Useche y el contador público Carlos Leonardo López en complicidad con la representante legal del establecimiento comercial Para Tiendas, de Ibagué, la señora Yeny Carolina Pérez y la auxiliar contable Trissy Daniela León.

Como si fuera poco, en el momento de la captura esta ONG tenía en operación cinco contratos por 6 mil millones de pesos con el ICBF regional Quindío. Las cuantías de estos contratos se estipulan en, uno por 1510 millones, otro por 980 millones, por 485 millones, uno más por 1.009 millones y un último por 2.927 millones de pesos, todos con la vigencia de 1 de febrero al 31 de octubre de este año.

 ‘Fami-empresa criminal’

Lyda Marcela López Barón es la representante legal de la Corporación Los Girasoles, tiene 35 años de edad y es contadora pública. Además de los cargos imputados a los otros procesados en este caso, ella, por ser la persona encargada de manejar directamente los recursos del ICBF, que son recursos públicos, le fue imputado el delito de peculado por apropiación de servidor público. A ella, el juez de control de garantías le dio medida de aseguramiento intramuros en la cárcel de Rivera.

Por su parte, Luis Alejandro Useche Acosta, de 39 años de edad y natural de Garzón (Huila) es el esposo de Lyda. Según lo estipulado por el ente acusador, era el encargado de adelantar los trámites comerciales del proyecto. A él, al igual que a su esposa, lo enviaron a la cárcel de Rivera. Finalmente, a Carlos Leonardo López Barón, de 32 años de edad, y quien en la banda criminal Los Girasoles era el contador público, era el que tenía todo el panorama del ilícito durante el desarrollo del programa.

En el caso de Bibiana Andrea Vargas Yara, de 26 años de edad y estudiante de pedagogía infantil; Yeny Carolina Pérez Caicedo, de 39 años de edad y propietaria del establecimiento comercial Para Tiendas; y Trissy Daniela León Jiménez, de 24 años de edad y auxiliar de contabilidad del establecimiento, corrieron con suerte y fueron beneficiadas con aseguramiento domiciliario.