El Estado deberá indemnizar a Silvio Vásquez por su secuestro

El Consejo de Estado le solicitó a la Fiscalía General seguir adelante con las investigaciones que hay contra Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, quien es el máximo comandante de las FARC, por el secuestro que se dio en el 22 de febrero del año 2002 del entonces candidato a la Cámara de Representantes, Silvio Vásquez Villanueva.

Investigar al Secretariado de las Farc

Además, las investigaciones van contra el jefe negociador de las FARC, Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez; Jesús Emilio Carvajalino, alias Andrés París; Milton de Jesús Toncel Redondo, alias Joaquín Gómez; José Benito Cabrera, alias Fabián Ramírez; Juvenal Ovidio Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad; y Luis Alberto Albán Urbano, alias Marcos Calarcá; por las presuntas violaciones a los derechos humanos y derecho internacional humanitario en el secuestro.

Indemnizar al exsecuestrado

De igual manera el estado deberá indemnizar Silvio Vásquez Villanueva, “el Estado no buscó prevenir el accionar de los grupos insurgentes y su práctica de secuestros, sino que se limitó a constatar y procurar su rescate. Además, no tuvo en cuenta que en el departamento del Huila se concentraba la mayor presencia de grupos armados insurgentes”.

Reparar los daños morales

Es así como se debe pagarle una indemnización cercana a los $1’300.000, para reparar los daños morales y materiales al dirigente político y sus familiares. Así mismo la Sección Tercera del Consejo de Estado le solicitó al presidente Juan Manuel Santos que en medio de este proceso que se adelanta en La Habana, los comandantes de las FARC, pidan disculpas públicas por el secuestro del político huilense Silvio Vásquez, hecho que se debe hacer en los siguientes dos meses.

Silvio Vásquez fue secuestrado el 22 de febrero de 2002 y durante 189 meses estuvo  retenido. Esto se da a conocer  al condenar a la Nación, representada en el Ejército Nacional, por el secuestro ejecutado tras la ubicación un retén en la carretera que comunica los municipios de Suaza y Florencia.

Pronunciamiento del Consejo de Estado

El alto tribunal explicó que “el secuestro se debió a un conjunto de actividades desplegadas en contra de la población civil, las cuales se desarrollaron con la anuencia, por la debilidad o deficiencia del Estado en el mantenimiento de la soberanía y la seguridad de los derechos de los ciudadanos luego de la terminación de las negociaciones de paz y de la zona de distención”, explicó el concejo de estado.

Y agregó, “no puede tener como unívoca lectura la constatación de la retención o privación de la libertad, sino que exige asociarlo al respeto de la dignidad humana, como principio democrático sustancial, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho al trabajo, el derecho constituir una familia y el derecho a la libertad. Y se proyecta con mayor envergadura cuando a la persona secuestrada se le cercena el libre ejercicio de la actividad política vulnerando convencionalmente sus derechos políticos en los términos del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y del artículo 40 de la Constitución Nacional”.