Defensores en caso del desfalco a la salud alegaron irregularidades en acusación

Estas personas están siendo procesadas por los delitos de peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir por la Fiscalía 22 Especializada Anticorrupción. Para esta diligencia, no pudo el titular asistir por problemas de salud, por lo que fue en su apoyo el fiscal 25 especializado.

A la audiencia acudieron Juan Pablo López Rebellón, exgerente de la Clínica Mediláser; Carlos Francisco Tobar Trujillo, Alfonso León Ubajoa, exalcalde de La Plata; y Édgar Bonilla Ramírez, exalcalde de Garzón. A la audiencia no pudieron asistir María Maryuri Zuluaga Arenas y Ana Isabel Triana Hernández. Armando Ariza, ex gerente administrativo de Comfamiliar, no quiso asistir. Sigue preso en la cárcel La Picota en Bogotá.

En el caso de la investigación contra el desfalco al sistema de salud subsidiado en los municipios de Garzón y La Plata, ocho personas son las procesadas.

Precisar cuánto se apropiaron

Durante la audiencia, se cuestionó el no hacer precisión en el escrito de acusación de los montos que presuntamente cada uno se habría apropiado. Este punto está resaltado en los folios 38 y 47 del escrito de acusación. “Se habla de 25 mil millones de pesos los recursos que se habrían apropiado, pero se nos individualiza el monto apropiado por cada uno de los procesados. Entonces, le estamos pidiendo a la fiscalía que nos especifique el mono que cada uno se habría apropiado”, resumió Luis Alberto Ossa, defensor.

Igualmente, los defensores aseguraron que en el escrito de acusación no se hace precisión a la naturaleza jurídica de los contratos, objeto de la investigación. Es decir, no se conoce si son del escenario público o privado.

¿Terminología no jurídica?

También se cuestionó la utilización de terminologías que estarían, a juicio de los defensores, ausentes de la dogmática jurídica penal. “Que alguien nos explique qué quiere decir triangulación lineal y triangulación triangular, conceptos que nadie conoce. Esta acusación no nos permite ejercer el derecho a la defensa a nuestros cobijados”, resaltó William de Jesús Soto Angarita, abogado suplente de Mario Iguarán, defensor de Ariza. 

Según los defensores, el fiscal no debiera presentar, a estas alturas, modificaciones al escrito de acusación. El fiscal solicitó algunas de estas modificaciones pero, a la luz del ente acusador, no sustanciales a los hechos punibles que le fueron imputados en las audiencias preliminares. Sin embargo, los defensores alegaron que este tipo de adhesiones o modificaciones no se podrán hacer, pues “esa oportunidad de hacerlo ya precluyó”.

“La adhesión se hace antes de la audiencia de formulación de acusación, pero no en los hechos jurídicamente relevantes ni del hecho fáctico de acusación”, explicó José Ricardo Falla, abogado de apoyo de Ariza Quintero.

Otro de los hechos que se cuestionaron, y por segunda vez, fue la competencia del juez de conocimiento en este caso. Luego de los alegatos, el juez se declaró incompetente, por lo que se compulsaron copias al Tribunal para que resuelva. Se espera que en un plazo no mayor a tres días se resuelva esta presunta inhabilidad por parte del administrador de justicia.