Defensa de universitarios dice que no hubo delito

En manos del Tribunal Superior de Neiva quedó la decisión de anular o no la imputación de los cargos en el proceso judicial en contra de Roger Murcia Escobar, William Cruz Javela, Édison Fabián González Sierra y Óscar Eduardo Gasca Garzón. Cerca de tres horas duró la audiencia de acusación en la que la defensa del caso solicitó la nulidad ante el juez Primero Penal del Circuito Especializado. Familiares y amigos de los procesados acudieron a la diligencia. Varios de ellos tuvieron que quedarse afuera, otros se ubicaron cerca a la puerta entreabierta y otros tantos se turnaban para entrar a la sala.

Todas las sillas ocupadas. Tres guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -Inpec-. Cuatro jóvenes acusados. Los últimos saludaban a sus conocidos y sonreían. El juez dio las indicaciones pertinentes. Hora de iniciar. Pasadas las nueve y treinta de la mañana. 5 de marzo de 2014. Luego, la defensa de barba blanca y anteojos, inició la argumentación de la petición de nulidad de la imputación de cargos. “Se cometió una irregularidad y se violó el debido proceso en aspectos sustanciales”, advirtió.

Durante la prolongada intervención, el jurista expresó que la imputación no era posible dado que las sustancias incautadas (polvo de aluminio, azufre y clorhidrato de potasio) no constituyen explosivos y, por tanto, el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones o explosivos de uso privativo de las fuerzas armadas no existiría –art. 366 del Código Penal-.

“No dice ′elementos para la fabricación de explosivos′. La norma no tiene ese alcance” (los jóvenes indiciados se miraban entre sí y sonreían en aparente tranquilidad). De igual forma, hizo referencia al escrito presentado por la Fiscalía en el apartado que enuncia que con la mezcla de aluminio, azufre y clorhidrato de potasio se construyen pólvoras acloratadas. “Ni tenían pólvora acloratada (…) y el artículo 366 penaliza el porte de explosivos, no de pólvora”.

Entre otras manifestaciones, el abogado defensor protestó ante la “injusticia” que estaban cometiendo con sus representados, siendo que ya llevan seis meses en la cárcel. “Es increíble que estemos en este proceso, es urgente que ellos vuelvan a la universidad y al seno de sus hogares”. Además, le pidió al juez que precluyera el caso en aras de la “economía procesal”. 

Nulidad rechazada

El fiscal Cuarto Especializado no estuvo de acuerdo. “El acto de imputación es un acto de comunicación que permite hacer una inferencia razonable”, declaró con voz fuerte. El representante del ente acusador tipificó el caso como “penal en blanco” -por el cual se debe acudir a normas distintas del Código Penal para suplir las falencias que este pueda tener sobre una conducta específica- y dijo que también se penalizan las cargas explosivas. “Sin ser explosivos individualmente, en conjunto conforman un elemento explosivo (…) Solicito no aceptar la nulidad”.

La representante del Ministerio Público, por su parte, estuvo de acuerdo con el fiscal y alegó que no era momento para pedir una preclusión del proceso. El rechazo al recurso de la defensa quedó ratificado con el juez con funciones de conocimiento. “No se encontró violación de derechos y para efectos de controvertir no es el momento, para eso es el juicio”.

Así pues, el proceso judicial en contra de los estudiantes sorprendidos con elementos que servirían para fabricar explosivos en agosto de 2013, se extiende. La audiencia de acusación quedó suspendida después de la apelación de la defensa para lograr la nulidad de la imputación de cargos. Se espera la decisión del Tribunal Superior de Neiva.