Contraloría definirá detrimento patrimonial en Guadalupe

REDACCIÓN JUDICIAL
Diario del Huila, Neiva
El informe de una auditoría realizada por la Contraloría Departamental del Huila a la administración municipal de Guadalupe, en cabeza de su alcalde Charles Barrera Zúñiga, fue presentado ante la Oficina de Responsabilidad Fiscal de este órgano de control.
El documento contiene los hallazgos correspondientes a un presunto detrimento patrimonial por más de 400 millones de pesos. La dependencia será la encargada de determinar las conductas que constituyan responsabilidad penal y fijar las respectivas sanciones fiscales.

Aspectos examinados
La Contraloría examinó posibles irregularidades en el manejo y operación de la maquinaria pesada del Municipio, compra de equipos para el funcionamiento de la emisora del pueblo, entrega de predios sin autorización del Concejo municipal y contratos de prestación de servicios, entre otros asuntos. “La preocupación no es sólo por todas las investigaciones que se vienen realizando en contra del alcalde, sino la ruptura que se viene dando entre administración y comunidad”, declaró Julián Cuéllar, habitante del municipio.

Denuncias anónimas
Las denuncias anónimas presentadas en el año 2012 y 2013 fueron remitidas por la Personería de este municipio y dos funcionarios de la Contraloría Departamental fueron los encargados de revisarlas y hacer la visita correspondiente para evaluar las presuntas irregularidades.
A partir del informe presentado por los investigadores ante la opinión pública a través de la página web oficial, la administración de Guadalupe debe elaborar un plan de mejoramiento con el fin de subsanar las deficiencias consignadas y evitar futuras faltas en la gestión. DIARIO DEL HUILA intentó comunicarse con Barrera Zúñiga, pero el gobernante no contestó su celular.

Los hallazgos
Si bien algunos casos no presentan ninguna inconsistencia, aquellos en los que sí se hallaron anomalías representan el presunto daño patrimonial de $413’943.690. Uno de los más cuantiosos tiene que ver con la compra de un lote con destino a vivienda de interés social ($198’443.690) que implicó un desembolso por el cual no se recibió contraprestación social. La asignación de $55 millones bajo el objeto de “Programas de capacitación y asistencia técnica orientados al desarrollo eficiente de las competencias de la Ley” presentó la misma irregularidad. Adicionalmente, se encontró que los contratos fueron otorgados de manera directa sin concurso de méritos violando la Ley 1150 de 2007.

Principios a evaluar
En tal sentido, las instituciones públicas en desarrollo de la gestión administrativa, contractual y fiscal deben observar los principios de moralidad, eficacia y economía deber de selección objetiva, transparencia, planificación, universalidad y programación integral.
Asimismo analizar la posible “lesión a los intereses de los administrados al cohibírseles de una gestión administrativa eficiente”. “Se habla hasta de revocatoria de mandato. Hay que ver la problemática desde dos puntos de vista: las malas decisiones de la administración y la segunda, la decepción que tiene la comunidad por las malas decisiones del administrador”, señaló Cuéllar.
En caso de que sean ratificadas las deficiencias en la gestión administrativa, la Contraloría deberá pasar pruebas a la Fiscalía. El proceso podría generar consecuencias de tipo penal y si se determina falta disciplinaria por parte del alcalde de Guadalupe podría ser sancionado con suspensión del cargo o inhabilidad para ejercer cargos públicos.

Detalles de funciones de la Contraloría

Es la Contraloría el organismo encargado de vigilar la óptima utilización de los recursos del Estado. Los resultados de sus indagaciones no se traducen a sanciones administrativas pues ésta es función de los juzgados. 

Por su parte, la Oficina de Responsabilidad Fiscal tiene como función investigar a los servidores y ex servidores públicos del orden departamental y municipal donde no haya órgano de control fiscal y que realicen o hayan realizado gestión fiscal (caso Guadalupe).