Conflictos de intereses de diputados sería un error de trascripción

Luego de que la Procuraduría Regional del Huila llamara a una audiencia de tipo disciplinario el pasado 30 de noviembre del presente año a los Diputados del Huila, Carlos Alirio Esquivel, José Eustasio Rivera y Javier Silva Lara, ayer se adelantó una nueva diligencia en done varios testigos fueron escuchados por el ministerio público.

Todo fue un error de transcripción

El primero en hablar fue Hernando González Valbuena, quien funge como auxiliar administrativo en la Duma Departamental y quien expresó ante el Procurador Regional, bajo juramento, que en la sesión en donde se levantaron los impedimentos de los diputados que data del 11 de febrero del año en curso, lo que ocurrió fue un error de trascripción ya que ese día en plenaria y después de que la presidenta de la Asamblea llamara a lista para la votación nominal en lo referente al debate sobre la escala nominal de los funcionarios de la gobernación, una de las asistentes de digitación creyó haber escuchado que uno de los diputados, Esquivel, después de hablar del Plan de Desarrollo del departamento, dijo que Sí estaba de acuerdo en todo esto y ahí fue donde se produjo el error del que sólo cayeron en cuenta el día en que los representantes del ministerio público hicieron la visita para investigar este suceso.

“El error de nosotros cuando fuimos a hacer la transcripción del acta, tengo una compañera que me colabora en la digitación porque una corporación como la Duma departamental, de tal importancia y no tenga en su planta de personal un solo funcionario, no le echo la culpa a nadie, un solo empelado y una señora que es contratista, le hago los resúmenes y le digo hora y votación, ella escucha y tal vez ella le dio la interpretación que el diputado Carlos Alirio Esquivel había votado positivo”, afirmó González Valbuena.

Mientras que en el caso de los otros dos asambleístas, Javier Silva y José Eustasio Rivera, González Valbuena afirmó que los honorables diputados antes de iniciar sesión se declararon impedidos para votar ese proyecto en cuestión y se retiraron de la discusión y luego vino la realización del acta y se declararon impedidos en todas las tres etapas del debate.

Cuando el Procurador Regional le preguntó el porqué de que él firmara las actas en donde se presentó el error de transcripción, teniendo en cuenta a que eso es responsabilidad directa del secretario general de la Asamblea Departamental, la auxiliar administrativa contestó que se le había pedido que colaborara en este aspecto ya que debido a que en esos días estaban en contratación, la carga para el secretario era demasiada.

Los diputados no estaban inhabilitados

Por otra parte, el entonces abogado de la Duma Departamental en ese momento, Julio César Vargas Castro, expresó ante el procurador que estuvo presente en esa sesión del 11 de febrero en donde dio su concepto jurídico y determinó que no había lugar a que se declararan impedidos en lo referente al tema central del debate de discusión para fijar la escala salarial de los funcionarios de la gobernación y los organismos descentralizados del departamento.

“La creación del incremento salarial es por disposición constitucional, el presidente del congreso; y a su vez, se lo entrega al Presidente de la República para que lo hiciera por decreto; lo que hice fue determinar y aterrizar porque el articulo 300 le da unas funciones a los diputados, son determinar la escala salarial y la estructura del departamento y por eso no hay intereses de conflictos particular”, indicó Vargas Castro.

Después de haber escuchado a los dos testigos, el Procurador ordenó un receso para que se presentaran los alegatos por parte de la defensa el día 20 de diciembre del presente año.