Condenado al Estado colombiano por masacre de los concejales de Rivera

Una millonaria multa le corresponderá pagar el Ministerio de Defensa, al Ejercito Nacional y la Policia en Huila por la masacre de los concejales de Rivera, ocurrida el 27 de febrero de 2006. La providencia también exigió, como reparación simbólica, un desagravio público y la exaltación a los asesinados en el estadero Los Gabrieles a manos de guerrilleros de la columna Teófilo Forero de las Farc. El Tribunal Administrativo del Huila analizó en la sentencia que la masacre no fue inesperada o sorpresiva y pudo evitarse. Sin embargo, las autoridades se habrían hecho “los de la vista gorda” con las medidas de protección para los concejales.

Los beneficiarios del fallo

En este orden de ideas, el Tribunal condenó a los ministerios de Defensa y del Interior y a la Policía a pagar a favor del grupo demandante la suma de 2.208 millones de pesos por los percances posteriores al asesinato de sus familiares, los concejales de esa municipalidad. Como una forma de reparar a las victimas la autoridad ordenó que estas entidades estatales realicen un acto público de desagravio en Rivera el 27 de febrero de 2016, fecha en la que se cumplirán 10 años de la masacre. Solo se ordena la indemnización por el asesinato de Arfail Arias, Moisés Ortiz, Luis Ernesto Ibarra, Aníbal Azuero y las lesiones ocasionadas al secretario del Concejo, Saúl Rojas Penagos. Los otros no demandaron.

El argumento central

Según la providencia, los concejales en grave peligro no tuvieron la protección que ellos exigían. Conforme al estudio de seguridad, el Ministerio del Interior tomó algunas medidas y otras las trasladó a la Fuerza Pública. Sin embargo, era el Ministerio del Interior el que debía haber tomado las políticas de seguridad y el programa de protección. Este panorama, ameritaba medidas mucho más exigentes en procura de salvaguardar la integridad de los cabildantes.

“En tales circunstancias, la muerte de los concejales solo correspondió a la materialización de las amenazas que los servidores públicos ya habían dado a conocer a las autoridades de Policía y del Ministerio del Interior. Era evidente que provenían de un grupo subversivo y de la situación de orden público que por esa época se vivía en varios municipios del Huila, por lo que se constituyó en una grave omisión del Estado no haber dotado a dichos funcionarios de mejores medios de protección”, redactó.

Aun ni por haberse presentado la renuncia masiva de los concejales, el 25 de mayo de 2004, precisamente por la situación de orden público, conocidas ya por la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, esta dicha entidad tan solo se limitó a ratificar medidas insuficientes de protección. Las peticiones de protección nunca fueron respondidas por el Ministerio del Interior, explica el documento. Había evidente falta de garantías para continuar ejerciéndose como cabildantes debido a las constantes amenazas de la guerrilla.

La defensa respondió

El argumento de los abogados de la parte demandada resumen que el hecho se produce exclusivamente por la acción del grupo insurgente de las Farc, es decir, un hecho orquestado “por un tercero”, y que por ello lo exime de responsabilidad alguna. Sin embargo, “dadas las circunstancias previas y probadas de inseguridad y de amenazas constantes; impiden concluir que la acción armada que cobró la vida de nueve concejales en el municipio de Rivera fuera algo imprevisible e irresistible para las autoridades”, señaló la providencia.

Y continúa que “para las entidades demandadas, el daño producido no puede catalogarse de inesperado y sorpresivo, o irresistible, ya que, se conocían las circunstancias de violencia generalizada que azotaban al Huila y el riesgo de muerte al que estaban expuestos los concejales al cumplir sus funciones públicas”.

Como lo publicó DIARIO DEL HUILA, viéndose esta situación de inseguridad, los cabildantes les tocaba sesionar en lugares diferentes a las instalaciones del Concejo. Es así que el 26 de febrero de 2006, un día antes de la masacre, los ediles municipales decidieron hacer la sesión en la vereda La Ulloa. Unidades del Emcar de la Policía y soldados armados del Ejército dieron la seguridad respectiva. Pero esa seguridad no fue la misma al siguiente día siguiente, y fue por esta omisión y otras que ya fueron descritas que el Estado fue condenado.