Concejal podría ir a la cárcel por extorsión

Al concejal de Íquira, Eduardo Adolfo Garcés Andrade, al parecer le salió como se dice popularmente ‘el tiro por la culata’. Denunció por calumnia al alcalde de este municipio, Darwin Hernán Leiva, y la querella fue archivada; en su lugar, por el mismo caso, abrieron un proceso penal contra el cabildante por extorsión.

Lo cierto es que el próximo 25 de febrero se realizará la formulación de imputación de cargos por este delito en el Juzgado Promiscuo Municipal de Teruel. Cita en la que además comparecerá el alcalde de este municipio, como víctima.

La historia

De acuerdo con la noticia criminal instaurada por el concejal Garcés el cuatro de octubre de 2012 en el municipio de Íquira, el 26 de septiembre en el corregimiento de San Luis, en la caseta comunal al parecer el alcalde de Íquira “en su intervención a la comunidad, donde se encontraban aproximadamente 50 personas, manifiesta que tres concejales no lo dejan trabajar y que está cansado del concejal Eduardo Adolfo Garcés Andrade, y manifiesta a la comunidad, que el concejal lo está extorsionando solicitándole un millón de pesos mensual para dejarlo trabajar y que si no, le va a aplicar el control político y que en toda reunión que haga en las diferentes veredas, lo va a seguir manifestando…”

Por esta denuncia, le abrieron una investigación por calumnia al alcalde de este municipio, en donde compareció el mandatario local, logrando esgrimir como argumentos de sus defensa, entre otras cosas, que “se me hace muy curioso que una persona que manifiesta públicamente no estar de acuerdo en mis decisiones como mandatario, me solicite supuestamente favores económicos, como es el caso del señor Eduardo Garcés, quien dice que es de la oposición, de un partido político diferente, pero a la vez él mismo afirma que me solicita favores económicos, algo que no cabe en la lógica absoluta”, afirmó el mandatario en interrogatorio el 22 de noviembre de 2013 ente el fiscal 19 Local de Yaguará.

Ante esta declaración, y la declaración de la concejala Mónica María Echeverri, el fiscal tomó la determinación el pasado 28 de abril de este año de archivar este proceso.

Ante el archivo de la diligencia judicial, la misma fiscalía tomó la decisión de oficio abrir investigación e imputar cargos por extorsión contra el concejal Garcés Andrade.