Con agresión a la prensa, implicados por desfalco a la salud a la cárcel

Fueron cobijados con medida de aseguramiento Carlos Arturo Giraldo, exalcalde de Pitalito y ex secretario de Educación de Neiva; Rodrigo Cleves Rodríguez y Carmen Helena Silva Núñez, representantes legales de Revivir IPS Clínica Valle de Laboyos.

Igualmente, se le imputaron más cargos a Armando Ariza Quintero, gerente administrativo de Comfamiliar Huila y se le ratificó la medida de aseguramiento, al igual que a Juan Pablo López y María Maryori Zuluaga. Los hechos tienen relación con el escándalo a raíz de un presunto desfalco a la salud en el Departamento. 

Torpedearían las investigaciones  

La Fiscalía argumentó la necesidad de la medida aduciendo la presunta peligrosidad de estas personas, en el sentido de tener la capacidad de torpedear las demás investigaciones que sobre este mismo caso se adelantan contra otras personas del Departamento. Es así que la Juez Cuarta Municipal con Funciones de Conocimientos encontró conveniente dictar la medida de aseguramiento y ordenar al Inpec su traslado a la cárcel de Rivera. Allí estarán hasta tanto no sea resuelta su situación legal.

Es de recordar que los delitos que indilga el Ente Acusador son los de celebración de contratos, peculado por apropiación en favor de terceros, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad ideológica en documento público. Armando Ariza Quintero, ex director administrativo de Comfamiliar, ya está detenido en la cárcel de Rivera, y deberá también responder por estos mismos cargos imputados en este proceso por el Ente Acusador.

Otros libres

En las horas de la tarde de ayer, durante otra audiencia el Juez Quinto Penal del Circuito de Neiva revocó la medida de aseguramiento de Édgar Bonilla, exalcalde de Garzón; Adolfo León Ubajoa y Ramiro Paredes González, exalcaldes de La Plata. Así también, le fueron también revocadas sus medidas a Carlos Francisco Tovar Trujillo y a Ana Isabel Hernández, exfuncionarios de la Clínica Medilaser. Aunque quedaron libres, seguirán vinculados a esta investigación.

La Fiscalía Delegada Anticorrupción investiga por este mismo caso de desfalco en el municipio de Pitalito las contrataciones realizadas por Comfamiliar en los municipios de Garzón y La Plata. Tara el togado, no era justificable mantenerlos en la cárcel pues ya no están al frente de los cargos desde los cuales habrían cometido el presunto delito. Contrario a ello, Juan Pablo López y María Maryori Zuluaga seguirán tras las rejas como medida preventiva en lo que resta de la investigación y se avance con su juicio.

Los hechos investigados

Según los resultados de la segunda etapa investigación, la autoridad judicial dice que a través de varios contratos, Comfamiliar Huila EPS-S buscó favorecer de manera irregular a Revivir IPS Clínica Valle de Laboyos para la prestación de los servicios de salud en Pitalito a los afiliados al régimen subsidiado entre 2009 y 2011.

Al parecer, Comfamiliar contrataría con la ESE San Antonio de Padua la prestación de los mismos servicios de salud para los mismos beneficiarios, y que con antelación estaban contratados con Revivir IPS Clínica Valle de Laboyos. Este contrato estaba bajo la figura de Evento Controlado por una cuantía de 800 millones de pesos. En últimas, contrataron y se pagaron dos veces los mismos servicios con las mismas personas.

Agresión a la prensa

A la llegada de uno de los imputados a la sala cuatro de audiencias en el tercer piso del Palacio de Justicia, uno de los familiares agredió al periodista de DIARIO DEL HUILA, agarrando el lente de su cámara fotográfica, con el fin de evitar que se registrara la notica. El mismo acto fue repetido por otros contra otros comunicadores de otros medios de comunicación. La Policia tuvo que intervenir para evitar mayores complejidades a las afueras de la sala.