Colombiano fue víctima de falso positivo en Catar

Juan Pablo Iragorri Medina, un bogotano de 40 años criado junto a sus hermanos en Neiva, vive un infierno por cuenta de las autoridades del país árabe de Catar, que lo acusan de narcotráfico, solo por discriminación a su nacionalidad colombiana. Hoy está condenado a cadena perpetua.

Su padecimiento inició en el 2011 en Catar. De acuerdo con la revista Semana, y manifestaciones de uno de sus familiares, ese año, varios policías vestidos de civiles lo capturaron sin ningún tipo de orden judicial, lo sometieron a torturas durante tres meses, le negaron el derecho un abogado, al igual que el derecho a un traductor del árabe.

Según cuenta, lo obligaron a firmar una declaración en ese idioma donde, después se enteró, se le estaba inculpando de los delitos de narcotráfico y falsedad en documento. A finales de 2012 lo condenaron en primera instancia a cadena perpetua y actualmente está tras las rejas en Doha, la capital de este país.

Iragorri es miembro de una reconocida familia de Popayán, su madre Magdalena Medina, es neivana, y su padre Hugo Iragorri es primo segundo del ministro de Agricultura, Aurelio Irragorri. Se graduó con honores de Administración de Negocios en la Universidad de Buckingham, Inglaterra, y es instructor reconocido de paracaidismo.

Su experiencia en ese deporte lo llevó a recorrer el mundo participando con éxito en innumerables competencias. Habla inglés, francés y alemán, y su trabajo le permitió ser contratado para realizar capacitaciones en paracaidismo a las Fuerzas Militares de varios países como Austria, España, Túnez, Chile, Venezuela y Colombia, entre otros.

Gracias a esos entrenamientos fue empleado para organizar la exhibición de salto en paracaídas de las Fuerzas Armadas de Catar en 2008 y 2009. A partir de 2010 lo contrataron como entrenador de los programas de búsqueda y rescate de la Fuerza de Seguridad Interna de ese país, y allí se quedó a vivir. Trabajaba directamente con el Ministerio del Interior y su éxito profesional estaba en la cúspide.

Giro dramático

Sin embargo, el 30 de junio de 2011 su vida tuvo un giro total. Esa noche lo arrestaron cuando llegaba a su casa, y pasó a ser considerado uno de los tantos narcotraficantes colombianos que hacen negocios en Asia. Los oficiales le apuntaron con armas de fuego, requisaron su carro, lo esposaron, lo montaron a un automóvil y lo llevaron a un hotel de la ciudad donde lo hicieron arrodillar en frente de una incautación de cocaína, y le tomaron fotografías junto a otros dos colombianos que no conocía.

Iragorri solicitó un abogado pero se lo negaron, las autoridades le dijeron que si colaboraba no lo ejecutarían. Durante el primer mes de detención lo mantuvieron aislado. Los tres primeros días lo encerraron en una celda de un metro de ancho por dos de largo, sin ventanas, sin cama y sin baño. Las autoridades árabes no entregaban ningún tipo de información a sus familiares y amigos cuando intentaban averiguar por su suerte. Siempre bajo amenaza de ser ejecutado si no accedía a las exigencias de sus captores, Iragorri era sacado de su celda en las noches para trabajar con la Policía en la captura de presuntos delincuentes que hablaran español.

El 1 de julio y ya frente a un fiscal pidió un intérprete, ya que el juicio se realizaba en árabe, pero le dijeron que no había nadie disponible. Dos días después le asignaron uno durante el interrogatorio, pero este traducía en un mal inglés y misteriosamente desapareció al momento en que Juan Pablo Iragorri debía firmar la declaración escrita en árabe, idioma que no domina. Aun así fue obligado a hacerlo.

Durante los tres meses que estuvo retenido solicitó, sin éxito, comunicarse con su familia y con el consulado de Colombia. “Todos los días pedí un abogado en la corte y en la Policía, hasta que en una audiencia, ante mi insistencia, logré comunicarme con uno, y fue este el que consiguió que saliera bajo fianza a mediados de octubre”, relató en una de las cartas que desde 2012 ha enviado a la Cancillería colombiana.

Solo en marzo de 2012 descubrió que en la supuesta confesión que realizó se declaraba culpable de narcotráfico y falsedad de documentos, por conseguir visas que supuestamente él entregó a los otros dos colombianos que vio el día que lo arrestaron. Iragorri no podía abandonar Catar por disposición de las autoridades. Con la ayuda de un abogado amigo comenzó a conseguir las supuestas pruebas que había en su contra y a documentar su caso. Encontró inconsistencias evidentes de que estaba siendo víctima de lo que en Colombia se conoce como un falso positivo, toda vez que hay contradicciones en las declaraciones de los policías que lo arrestaron.

Durante el tiempo que Iragorri permaneció en libertad condicional fue acosado y amenazado permanentemente por los policías que realizaron el montaje en su contra. En 2013, nuevamente fue detenido para enfrentar un segundo juicio pues su abogado había apelado la decisión del primero. Sin un traductor y en audiencias que duraban pocos minutos, el segundo juez sencillamente ratificó la condena a cadena perpetua basándose en la fotografía que le tomaron junto al alijo de droga y en la supuesta confesión en árabe que Iragorri firmó bajo tortura. A pasar de todas las irregularidades, en diciembre de 2013 la Corte Suprema de ese país dejó en firme la decisión de los dos jueces.

El caso de Iragorri llamó la atención de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que en un extenso documento a las autoridades de Catar solicitó estudiar el tema.

Mauricio Iragorri, hermano de Juan Pablo, denunció que la Cancillería colombiana no ha hecho nada por salvaguardar los derechos de este joven, pese a que tiene total conocimiento de su caso.