Artefactos explosivos, grave afectación al medio ambiente

Por el conflicto armado en Colombia se han sembrado un número aún indeterminado de minas antipersona y otros artefactos explosivos improvisados –AEI-, en casi todo el territorio.

Con la instalación de estos artefactos los grupos alzados al margen de la ley no sólo infringen las normas del Derecho Internacional Humanitario y ha dejado miles de damnificados a lo largo y ancho del país, sino que además ocasionan una grave afectación al medio ambiente.

En el 2014 las tropas de la Novena Brigada lograron en el departamento del Huila la ubicación y destrucción de 215 artefactos explosivos y 13 en lo corrido del 2015. La cantidad de dichos elementos instalados preocupa si se tiene en cuenta que la activación de estos métodos ilegales de guerra no solo producen un grave daño a la integridad física de sus víctimas, también genera una contaminación directa que repercute en los suelos, el aire y el recurso hídrico de las regiones.

Uno de los impactos negativos más grande que se desprende de la actividad terrorista es la que se le ocasiona al suelo; las explosiones producen procesos erosivos, degradación de las capas de la tierra e infertilidad del terreno, esto último como consecuencia de los químicos que componen las trampas mortales.

Teniendo en cuenta que en reiteradas ocasiones los terroristas siembran éstos artefactos explosivos cerca de ríos y quebradas, la afectación ambiental recae directamente sobre el agua, deteriorando su calidad y generando la muerte de peces y otras especies aptas para el consumo humano y la preservación de los ecosistemas.

Así mismo, los gases y vapores que se desprenden de la activación de los artefactos explosivos, contaminan el aire, repercutiendo de manera directa en la salud de seres humanos y animales.

En el Huila, las zonas más afectadas por el uso indiscriminado de minas antipersona y de artefactos explosivos, son el oriente, norte y nororiente con el accionar de la columna móvil Teófilo Forero Castro y el frente 17 Angelino Godoy, mientras en el sur la afectación es generada por los frentes Sexto y 13 Cacica Gaitana.

Contaminación por armas

Además de la siembra o instalación de artefactos explosivos que realizan los entrados en armas, existe que después de un enfrentamiento, un bombardeo, un combate con la Fuerza Pública en determinada zona, suele, quedar lo que se ha denominado “restos explosivos de guerra (REG)”.

La expresión se emplea para designar una amplia gama de municiones explosivas que quedan, sin estallar o abandonadas, en una zona, una vez acabado un conflicto armado. Incluyen los proyectiles de artillería, las minas terrestres, las granadas de mortero, bombas, los cohetes, los misiles, obuses, las submuniciones en racimo y demás tipos de armamento explosivo.

De acuerdo con Angelique Appeyroux, jefe de la Subdelegación Caquetá, Huila y putumayo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), las minas y los restos explosivos de guerra siguen matando y mutilando incluso después de terminado un conflicto.

“Este letal problema tiene un nombre: contaminación por armas. Después de un combate o un bombardeo quedan artefactos sin explotar como minas y que representan un alto riesgo. Esa situación, además de incurrir en infracciones al Derecho Internacional Humanitario, también afecta los medios de subsistencia de las comunidades, el acceso a las escuelas por parte de los niños, de los cultivos, priva a poblaciones enteras de los suministros de agua, leña, servicios de salud y obstaculiza la labor de asistencia, impidiendo la distribución de ayuda y agravando los problemas en el plano humanitario”, dijo la experta.

El CICR en su labor, sin buscar resolver la responsabilidad del Estado, aporta soluciones provisionales, a fin de proteger a las personas hasta que la zona quede limpia y libre de peligro. La Institución repara y mejora la infraestructura, como los puntos de abastecimiento de agua, puentes, y presta apoyo a las escuelas y a los centros de salud en las zonas “contaminadas”.

Según cifras del CICR, en conjunto con la Cruz Roja Colombiana, en los últimos años han capacitado a 11.500 personas, incluidos unos 1700 habitantes de zonas urbanas, en comportamientos que ayudan a prevenir los accidentes con artefactos explosivos improvisados, restos explosivos de guerra y armas pequeñas por contaminación de armas. Así mismo, en el 2014, unos 1800 sobrevivientes recibieron atención médica, gracias al acompañamiento o el apoyo económico del CICR.