Alteraban facturas para apropiarse de los recursos de la alimentación de los niños

Servidores CTI Seccional Huila en la noche del pasado martes 26 de abril realizaron la captura de seis personas (4 mujeres y 2 hombres) en las ciudades de Ibagué (Tolima) y Armenia (Quindío). Al parecer, estarían implicadas en el desfalco de los recursos del programa de alimentación a la primera infancia del Instituto Colombiano de Bienestar familiar, ICBF en el Huila. Para hoy se terminarán de adelantar las audiencias de imputación de cargos y medidas de aseguramiento para estas personas. Según las autoridades, habría más capturas por este caso.  

Se trata de Tricy Daniela León, Lida Marcela López Barón, Luis Alejandro Useche, Mario López Barón, Bibiana Andrea Vargas Yara, Yeni Carolina Pérez Caicedo y Leandro Barón López, a quienes la fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir, falsedad material en documento privado, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación. “Estas estarían implicadas en un caso de corrupción que tienen que ver con los contratos del Programa de Atención Integral a la Primer Infancia y la alimentación escolar”, resaltó la vice fiscal general Elka Venegas Ahumada.

Trissy Daniela León, Lida Marcela López Barón, Luis Alejandro Useche, Mario López Barón, Bibiana Andrea Vargas Yara, Yeni Carolina Pérez, Caicedo y Leandro Barón López estarían involucrados en el desfalco.

“Entre las investigaciones que viene adelantando la Fiscalía General de la Nación en todos aquellos eventos que tienen que ver con la contratación que realiza el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Ministerio de Educación, se permite informar que con el apoyo de la Dirección Seccional del Huila y el Cuerpo Técnico de Investigación, se logró la captura de estas personas”, explicó la alta funcionaria.

Según las investigaciones, los funcionarios de la Corporación Los Girasoles y varios otros contratistas estarían implicados en la comisión de presuntas irregularidades en la celebración de un contrato que se inició en diciembre de 2014 y se terminó en diciembre de 2015. Este contrato tendría un valor superior a los dos mil millones de pesos. “Se pudo establecer, a través de peritajes contables, que estas personas se habrían apropiado 834 millones de pesos”, resaltó la funcionaria del ente acusador.

Entre las modalidades presuntamente usadas por estas personas para apropiarse de los recursos de la alimentación de los niños, niñas y adolescentes, estarían la alteración de facturas con la complicidad de proveedores, utilización de facturas antiguas a las cuales les colocaban valores diferentes, entre otras modalidades ilícitas.