Alcalde de Baraya, envuelto en irregularidades en contrato

Paola Andrea Ruíz, Personera del municipio de Baraya, hizo pública una queja instaurada por la exsecretaria de Cultura de Baraya, Adriana Falla Rodríguez, ante la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación, por una presunta irregularidad en la no ejecución de un contrato de prestación de servicios, realizado por el alcalde de Baraya, Elizeín Cano Yara, con Carlos Humberto Ortiz Lozano quien era el bibliotecario en esa época y actualmente es el gestor de Cultura de esa localidad.
Con documentos probatorios, la representante del Ministerio Público manifestó que el contrato No 074 del 24 de enero de 2014, celebrado entre el municipio de Baraya y el señor Ortiz Lozano, por el valor de cinco millones de pesos, tenía como objeto prestar los servicios en la organización de un campeonato inter-barrios. Sin embargo no se especifica qué clase de campeonato se iba a realizar.

Cómo se destapó la anomalía
Un derecho de petición instaurado ante la Secretaría de Cultura por el concejal del municipio, Isidro Nieto, solicitando dar respuestas relacionadas con la supuesta ejecución de este contrato, destapó la anomalía.
La entonces gestora Cultural de Baraya, Adriana Falla Rodríguez, le contestó al concejal que hasta la fecha en el municipio a través de la Casa de la Cultura, no ha promovido ni apoyado ningún campeonato inter-barrios durante todo el periodo 2014 y tampoco tenía conocimiento de esa actividad contratada por el alcalde Cano Yara, la cual registraba un plazo de ejecución de 10 días.
Y expresó que dicho evento nunca se realizó, sin embargo el contratista, Carlos Humberto Ortiz Lozano presentó la cuenta de cobro en nombre suyo, siendo además el bibliotecario de la Casa de la Cultura para esa época, para lo cual se anexó el acta de liquidación ficticia, ya que el contrato no se ejecutó.
La exgestora, quien trabajó para el municipio hasta el pasado 31 de junio, encontró además que en la cláusula octava del contrato, se delegó como supervisor del mismo al secretario general y de gobierno de Baraya, Joaquín Emilio Vargas Ramírez, quien tenía la responsabilidad de impartir al contratista las instrucciones, órdenes necesarias para la cabal ejecución del objeto del contrato, así como el recibo satisfactorio de éste.
Es aquí donde la exsecretaria, Adriana Falla, no se explica cómo hizo Vargas Ramírez para certificar los servicios del contrato cuando no se ejecutó, y para que el contratista Carlos Humberto Ortiz cobrara y se le pagara el valor del contrato por $5 millones y cómo el secretario de Hacienda, Robert Sons Fierro, cancelara el pago de dicho contrato y el alcalde Elizeín Cano hubiese ordenado su pago.
Lo anterior, según expuso la personera, demuestra posibles faltas disciplinarias graves con dolo y culpa por parte de cada uno de estos servidores públicos, por detrimento del patrimonio público, contemplado en la ley, ya que se realizó todo el procedimiento del contrato pero no se ejecutó. Los entes de control investigan si hay o no responsabilidad del mandatario en este caso.