Alcaldías y gobernaciones estarían promoviendo minería ilegal

Centenares de obras civiles son prometidas por una veintena de políticos en época preelectoral. En la mayoría de los casos, estos personajes, ayudados por los alcaldes que los respaldan en sus respectivos municipios, adelantan obras como pavimentación de vías, construcción de parques, etc., con el firme propósito de garantizar el caudal electoral necesario para elegirse. Sin embargo, además de observarse una evidente compra de conciencias, las autoridades vienen detectando que estas son hechas con materiales sacados de canteras que no cuentan con el permiso ambiental pertinente.

Cinco personas, entre estas Rafael Arcos, funcionario de la Alcaldía de Oporapa, fueron capturadas por hacer extracción ilícita de recursos naturales.

Para la construcción de obras civiles

Dentro de los operativos adelantados contra la minería ilegal, la Subdirección Seccional de Policía Judicial CTI Huila ha logrado encontrar maquinaria de alcaldías huilenses en zonas donde se extrae ilícitamente material de playa (balastro, arena menuda y tierra gruesa) para la construcción de vías y otras obras civiles. “En los procedimientos hemos encontrado, en varias zonas de extracción de material, equipos tanto de las gobernaciones como de algunas alcaldías”, resaltó el portavoz de la entidad.

Sacaban material sin permiso

Uno de los operativos puntuales en los que se descubrió esta anormalidad fue el realizado por el CTI de la Fiscalía en asocio con el Batallón de Infantería No. 27 Magdalena de la Novena Brigada, el 9 de abril de 2015 en el municipio de Oporapa. Dentro de lo encontrado allí por estas autoridades, estuvo una retroexcavadora y una volqueta de propiedad de la Alcaldía de Oporapa. Además, Rafael Arcos, uno de los capturados, era funcionario activo de esa Administración municipal.

Las autoridades hacen un llamado a los entes de control para que hagan seguimiento a los convenios para que no se extraiga ilícitamente material para las obras civiles.

La operación se concentró en la ribera de la quebrada Oporapa, en la vereda El Roble, donde levantaron una mina de material de playa. Aquel día fueron capturadas cuatro personas más, identificadas como Luis Viveros, John Molina, Javier Semanate y Yeisson Semanate. Las cinco personas capturadas están siendo procesadas por el delito de explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales; y fueron puestos a disposición de la autoridad competente junto con la retroexcavadora y las cuatro volquetas.

Con permisos falsos

Los motivos que dan las personas capturadas cuando la autoridad judicial llega y los sorprende en este tipo de actividades ilegales son variados. Generalmente, las personas recurren a decir que tienen los permisos, pero estos terminan siendo falsos, explica la autoridad.

Dentro de los vehículos incautados por la autoridad está una retroexcavadora que era de propiedad de la Alcaldía de Oporapa.

“Los alcaldes y los organismos de gobierno siempre manifiestan que este tipo de actividades las están realizando para beneficio de la comunidad. Este material lo extraen para el arreglo de vías, para construir parques y obras civiles, para el beneficio de la comunidad; pero no podemos pasar por alto que por pavimentar una calle se esté afectando el medio ambiente”, explicó el investigador.

Ilegalidad tras ilegalidad

Las gobernaciones aportan recursos económicos y, por lo general, las alcaldías lo hacen con maquinaria y material de playa. En estas situaciones, hay una ilegalidad tanto de los entes departamentales que auspician la obra en estas condiciones, como de los municipios que participan directamente en el ilícito.

Se investiga esta misma situación presuntamente ilegal en la mayoría de municipalidades del Huila. En Pitalito y Acevedo se podría estar presentando una situación similar.

“Las gobernaciones dicen a los municipios que pongan el material de playa y las volquetas, y que ellos ponen dinero para arreglar las vías o para hacer el parque, etc. Pero estos entes no hacen el seguimiento de dónde los municipios están sacando el material para esas obras, si es legal o ilegal, si las canteras de donde sacan el recebo tiene o no licencia ambiental”, resaltó el investigador del CTI.

Lo peculiar en este tipo de convenios de construcción de obra es que siempre se ejecutan con mayor intensidad en época de elecciones. En el caso del Huila, hay investigaciones con esta característica, además de Oporapa, en los municipios de Pitalito y Acevedo. De acuerdo con el balance presentado por el CTI de la Fiscalía, se lograron evidenciar cuatro situaciones similares en los que hay involucradas alcaldías huilenses en los más de 35 operativos contra la minería ilegal en lo corrido del 2015.