Alcaldía de Neiva buscará en Consejo de Estado salvarse de millonaria sanción

La decisión se tomó por la responsabilidad que tuvo el Estado en no haber tomado las medidas sobre un docente que hace ocho años accedió carnalmente a tres niñas de la Escuela Santa Isabel de la capital huilense.

CARLOS ANDRÉS PÉREZ TRUJILLO

JOHN FREDY NAGLES SOTO

Diario del Huila, Neiva

Al conocerse el fallo en segunda instancia impuesto por el Tribunal Administrativo del Huila a la Alcaldía de Neiva, la administración municipal anunció que irán a tomar las medidas necesarias para evitar que el municipio cancele $1.034 millones que fueron impuestos en la sentencia.

La capital del Huila tendría la obligación de cancelar esa millonaria indemnización y a presentar excusas públicas por un abuso sexual cometido hace siete años en la Escuela Santa Isabel, sede de la Institución Educativa Oliverio Lara Borrero, en la Comuna 6 de Neiva.

Daños irreparables

La providencia del Tribunal Administrativo advierte que “como consecuencia del daño irrogado, se prevé que las menores quedaron con secuelas de por vida, además de  producirles un gran dolor y consternación en todos los medios de su familia, sin hablar del daño emocional causado a las menores víctimas”.

Sobre ello, el magistrado Jorge Alirio Cortés Soto, presidente del órgano judicial, explicó el sentido de la decisión: “El municipio es encargado de prestar el servicio educativo. La Nación entregó hace años la prestación de dichos servicios a los departamentos y luego a los municipios certificados. En este caso, se entregó las instituciones educativas y el personal docente que trabajaban en estas al municipio. Dentro de estas responsabilidades está la del docente que incurrió en el delito y que, a la postre, generó también responsabilidad en el municipio, que también debe responder”, explicó el jurista.

La sanción penal

El 2 de febrero de 2011, los padres, tíos y abuelos de tres menores de edad demandaron al Estado (Alcaldía de Neiva) por los abusos sexuales de que eran objeto tres menores. El 7 de noviembre de 2008, el señor Jorge Luis Vidarte fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación “por cuándo como profesor de su hija… las sacaba a la hora de descanso, las llevaba a su casa y allí practicaba actos sexuales con ellas”. Dos días después pusieron en conocimiento a la rectora de la institución educativa ‘Oliverio Lara Borrero’ de la irregularidad.

El magistrado Jorge Alirio Cortés Soto, presidente del Tribunal Administrativo de Huila, explicó el sentido del fallo condenatorio contra el municipio de Neiva.

Quince días después citan a la rectora y las madres afectadas a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía. De esta forma, se apertura un proceso penal que terminó con la condena de Jorge Luis Vidarte Aranda el 29 de junio de 2010 por parte del Juzgado Primero Penal del Circuito de Neiva, por el delito de ‘actos sexuales con menor de 14 años’, decisión que fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva el 13 de octubre del mismo año.

El colegio sabía

El docente Jorge Luis Vidarte Aranda tenía antecedentes disciplinarios en materia de abuso sexual a sus alumnos en otras situaciones, ‘y la administración municipal sabiéndolo, no tomó decisiones para impedir que el victimario continuara realizando esta misma clase de conductas depravadas’, se narra en el expediente. “Por el contrario, fue trasladado –el problema- a la sede Santa Isabel del Oliverio Lara a dirigir niñas de escasos 8 años de edad, a las cuales manipuló y convenció para satisfacer sus degradados instintos sexuales”.

“Es más, según declara la rectora Oviedo, una vez se presentó el abuso de las menores, en el grado segundo de la sede Santa Isabel de la sede del Oliverio Lara Borrero, fue asignado en 2009 a otro grado superior donde también hubo quejas sobre acoso sexual a las alumnas. El municipio de Neiva como nominador, administrador y director de la educación en el ámbito de su jurisdicción, debió implementar medidas para la protección de los menores alumnos cuando estén expuestos a docentes que tengan antecedentes de patologías sexuales”, advierte la sentencia.

“Nos preocupa la parte financiera”

En este sentido, Rodrigo Lara Sánchez, alcalde de Neiva, dijo que los costos económicos para el Municipio son supremamente altos en esta providencia. “Lo justo es revisar muy bien esto y, de todas maneras, buscarle una salida. Sin desconocer lo que sucedió realmente con las menores, aquí lo que nos preocupa es la cuantía. […] Nosotros estamos con nuestro comité jurídico revisando este asunto. Vamos a revisar un poco más a fondo el fallo en su totalidad, porque son más de mil millones de pesos a los que está condenado el municipio a pagar por algunas omisiones que se habrían cometido”, dijo.

El fallo obliga a la Alcaldía de Neiva a pagar la suma de $1034 millones de pesos a los familiares de las tres niñas abusadas sexualmente.  

Esta sería la primera decisión judicial, a juicio de algunos juristas, desproporcionada, que se profiere en Colombia. Y aunque la Alcaldía resaltó que de ninguna manera están negando lo ocurrido a las menores, sí ve con preocupación que la multimillonaria cifra sea cancelada. Esta situación pondría en riesgo las finanzas del municipio. Por esta razón, el equipo jurídico estaría pensando compulsar copias al Consejo de Estado para que revisen proporcionadamente la sanción pecuniaria que debieren cancelar.

Revisar las hojas de vida

El Tribunal obliga también a la Alcaldía y, en su nombre, a la Secretaría de Educación de Neiva, a que en menos de tres meses debe revisar minuciosamente las hojas de vida de los docentes de la Institución Educativa Oliverio Lara Borrero y sus respectivas sedes para evitar que este tipo de casos se vuelvan a registrar. “Esto, mediante unas medidas que se adoptaron en el sentido de revisar la trayectoria de los docentes para buscar que esto no se vuelva a repetir”, dijo el magistrado.

Sobre ello, Lara Sánchez agregó: “Esta es una tarea que tendremos que desarrollar con la oficina de personal, etc. De todas maneras, con la Secretaría de Educación vamos a adelantar todo lo pertinente para darle cumplimiento a este fallo. Pero lo estamos analizando a fondo”.

El caso de abuso sexual fue cometido hace siete años en la Escuela Santa Isabel, sede de la Institución Educativa Oliverio Lara Borrero, Comuna 6 de Neiva.

Y todo porque el docente que abusó sexualmente a las menores venía en una constante con esa conducta. Sin embargo, la Secretaría de Educación de aquella época no hizo nada al respecto, se afirma en los hechos de la demanda. Pese a las múltiples quejas que venían haciéndose contra él, la Administración Municipal decidió trasladar el docente a distintas sedes sin ponerse en conocimiento de las autoridades judiciales estas anomalías. Luego de las investigaciones, se descubre que el sujeto venía incurriendo en el mismo comportamiento desde 1996.

“Parte de la problemática que se denunció en el estudio del proceso es que el docente venía vinculado con el departamento del Huila y había sido sancionado por faltas similares. Pero de eso no se hizo un adecuado seguimiento de la carrera docente. Posteriormente, se le entrega esa responsabilidad al municipio con ese peso que traía este docente, y al no hacerse ese seguimiento y un adecuado control de los menores, pues eso genera una falla en el servicio”, afirmó Cortés Soto.

Excusas públicas

Además, el Tribunal obligó al alcalde Rodrigo Lara Sánchez y la rectora Myriam Daice Marín Quiroga de la Institución Educativa Oliverio Lara, ofrecer disculpas a las tres menores, a sus padres, hermanos ofendidos. Este acto deberá efectuarse dentro de los seis meses a la fecha de ejecutorio el fallo.

“Evidentemente, la restauración del daño no se concreta solo con pagar los perjuicios materiales y morales que sufrieron las familias de las niñas afectadas y aún de las mismas niñas, sino que debe resarcirse el daño que ha recibido la comunidad educativa. La idea es que la comunidad educativa y la sociedad neivana reciba esa restauración simbólica del Estado, de reconocer que también se equivocó y eso hay que reconocerlo públicamente”, puntualizó el magistrado.