Acusada, Cielo González por irregularidades en contratación
Falsedad ideológica en documento público, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, serán los tres delitos por los que la Fiscalía acusará a la exalcaldesa de Neiva.
Fue ya radicado el escrito de acusación en el que le imputan tres delitos a Cielo González Villa, quien ostentó el cargo de gobernadora del Huila durante el año 2012. Al parecer, la exmandataria habría participado en la celebración irregular de millonarios contratos durante su corto paso por la Gobernación del Huila con la Fábrica de Licores de Antioquia y Alcoholes de Antioquia. El fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia radicó el pasado martes el documento, con el que se iniciaría formalmente el juicio contra ella. Los delitos de los que se le acusa son interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y peculado en favor de terceros.
No continuó con el proceso
La exmandataria se abstuvo de verificar las obligaciones que tenía el contratista para la adjudicación del contrato de producción y distribución del aguardiente.
Según el ente acusador, se celebraron varios contratos para escoger un contratista que tendría la responsabilidad de la distribución, producción y comercialización del aguardiente Doble Anís. Pero al llegar a la gobernación, la exmandataria no continuó con el proceso para la entrega de los contratos, sino que los habría entregado directamente a un contratista. De esta manera, según el escrito de acusación, se estarían vulnerando los principios de contratación pública, por lo cual, la exfuncionaria habría cometido peculado por apropiación a favor de terceros.
En contravía de la transparencia
Para la Fiscalía, González Villa se abstuvo de verificar las obligaciones que tenía el contratista, labor que estaba a cargo de la Secretaría de Hacienda. Además, habría presentado documentos falsos para darle apariencia de legalidad al proceso de adjudicación. Con este comportamiento, el ente acusador establece que se buscó favorecer los intereses del oferente en contravía de la transparencia, señala el documento. Con esta presunta actuación ilegal, se habrían trasgredido los principios de transparencia, economía, selección objetiva e igualdad, debido a que se celebró dicho convenio contractual para satisfacer intereses particulares.
