Abogado de universitarios interpondrá recurso de apelación

En horas de la mañana de este miércoles, fecha en la que se conoció la sentencia de condena que había anunciado un juez de garantías aproximadamente veinte días atrás, el abogado de los cuatro estudiantes de la Usco sindicados del delito de fabricación, tráfico y porte de sustancias explosivas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, en dialogo con DIARIO DEL HUILA, narró detalles de la historia del proceso.

Eduardo Matías Camargo quien es el abogado defensor de William Cruz Javela, Édison Fabián González Sierra, Roger Murcia Escobar y Óscar Eduardo Gasca Garzón, manifestó que cuando recibió el caso, encontró que en las acusaciones preliminares, el apoderado anterior no había hecho ninguna apelación a la medida de aseguramiento que se dieron por las imputaciones por tenencia de explosivos.

“Yo llego a través de la familia y el Movimiento Popular Campesino y Agrario que me contactan en la ciudad de Bogotá, puesto que yo trabajo con un comité de Derechos Humanos, y a través de estos contactos asumo la defensa de los muchachos” expresó Matías Camargo.

El litigante indicó que cuando toma el caso en agosto de 2014, ya se les había imputado a los jóvenes los delitos antes mencionados. En la siguiente audiencia es cuando el fiscal ratificó el supuesto de que los sindicados llevaban clorato de potasio, azufre y aluminio, sin embargo estas sustancias no fueron legalmente incautadas ya que la cadena de custodia que exige la ley, no lo hizo como lo expresa claramente la norma, que ni la legalización de captura ni el material probatorio se encuentran por fuera del marco de legal”.

Además expresó que según a su parecer la justicia en este caso no ha sido para nada imparcial, ya que el Gobierno Nacional a través del viceministro solicitó el traslado del caso a Bogotá, para que de esta forma el proceso fuera llevado ante un juez especializado en donde seguramente se hubieran presentado mayores garantías. Esta petición se elevó hasta la Corte Constitucional que la desestimó al no ver argumentos suficientes.

“La Ley Procesal establece que es potestad del Gobierno Nacional por política criminal solicitar traslado cuando por razón de orden político y de conveniencia nacional así lo requiera, pero en este caso no lo estableció el ejecutivo, lo hizo la rama judicial, algo que está fuera de su competencia”, señaló el abogado defensor.

En cuanto al tema de los explosivos, el abogado dijo que científicamente los elementos que fueron presentados por la fiscalía no son explosivos ni de forma individual ni mezclados, lo que si se crea a partir de estos elementos es pólvora, lo cual tendría sanciones de carácter administrativo por parte de la alcaldía al no tener el permiso correspondiente pero nunca una vinculación de carácter penal.

“Indumil que es la que industria militar de Colombia con fines de comercio no de derecho penal, establece que si yo transporto o cargo estas sustancias en cantidades inferiores a veinticinco kilogramos no se necesita ningún permiso del Ministerio de Defensa, pero esto en sentido de fallo y en la sentencia no va a ser mencionado por el juez porque se le cae el argumento que tiene para condenar, cosa que el juez omitió” apuntó Matías Camargo.

Finalmente, el abogado defensor de los jóvenes universitarios expresó que interpondrá un recurso de apelación ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, además de esperar que los magistrados revisen con seriedad y celeridad, con el fin de revocar la condena contra sus apoderados y se les absuelva en lo correspondiente al derecho.